Página Siete.- El
Gobierno anunció ayer que no suspenderá la realización de la consulta
“previa” en el TIPNIS, como pidió el Tribunal Constitucional
Plurinacional, y dejó el llamado a la concertación en manos de los
pueblos indígenas que habitan en el territorio indígena. A Quintana se
le preguntó si se paralizará la consulta mientras dure el diálogo con
los originarios y la autoridad contestó: “No. Lo que existe es un plazo
establecido por la ley (222 de consulta “previa” en el Isiboro Sécure) y
lo que tienen que hacer los presidentes de las subcentrales es atender
los plazos”.En esta misma línea se pronunció el jefe de la bancada del MAS en el Senado, Eugenio Rojas. “No se puede paralizar, no se va a paralizar (la consulta)”, respondió el asambleísta, aunque destacó que el Tribunal se haya pronunciado sobre la constitucionalidad de la norma 222.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su fallo sobre la
demanda de inconstitucionalidad de la ley de consulta “previa”, declaró
la constitucionalidad “condicionada” del artículo primero de esa norma,
pero convocó al Gobierno a concertar el proceso con los indígenas.
La consulta es un mecanismo de decisión previsto en la Constitución
cuando se realicen proyectos que afectarán a pueblos indígenas, pero
actualmente el Gobierno está preparando un proceso en el que sólo
participará una fracción de indígenas del parque Isiboro Sécure.
El senador Rojas afirmó ayer que no se consensuará la consulta con
sectores ajenos al TIPNIS, como “medioambientalistas”, “mochileros”, “ni
con Adolfo Chávez, presidente de la CIDOB, y tampoco con el ex mallku
del Conamaq Rafael Quispe”.
Los ministerios responsables de la consulta han avanzado en el diseño
y socialización del protocolo entre las comunidades indígenas que no
estarían participando de la IX marcha en defensa del parque Isiboro
Sécure.
El pronunciamiento del TCP se genera ante las acciones de
inconstitucionalidad en contra de las leyes 180 y 222, que fueron
presentados por diputados del MSM y del MAS, porque dichas normas
supuestamente contradicen el texto constitucional.
El ministro Quintana calificó ayer la sentencia constitucional como
una “decisión prudente y equilibrada”, sin embargo, para los dirigentes
IX marcha indígena en defensa del TIPNIS la resolución sólo expresa la
“obediencia” del Tribunal al Órgano Ejecutivo y rechazó su contenido.
En criterio de los marchistas, el Gobierno violó el derecho que
tienen los pueblos indígenas a ser consultados cuando existan medidas
administrativas y legislativas que les afecte, al referirse
específicamente al contrato suscrito por el Gobierno con la empresa
brasileña OAS para la construcción de la vía Villa Tunari-San Ignacio de
Moxos.
En el MAS creen que se debe allanar el camino para solucionar este
conflicto mediante el diálogo, aunque hasta ahora no existe ningún
acercamiento.
El senador Rojas incluso abrió las puertas para una posible
ampliación de plazos. “De ser necesario nosotros podemos ampliar dos o
tres meses (la consulta), no hay problema”, afirmó.
No hay comentarios:
Publicar un comentario