CONAMAQ.- Habiendo analizado el contenido del proyecto de Ley
de minería, que el gobierno a través del Ministerio de Minería ha venido
elaborando y concertando de manera
excluyente solo con los actores mineros y sin la participación del resto los
sectores sociales y en especial de las naciones y pueblos indígenas originarios
en cuyos territorios están la mayoría de las reservas mineras. Manifestamos de
manera pública lo siguiente:
1. - El proyecto de Ley de
Minería, no cambia en absoluto el contenido y orientación de la política minera
establecida por la Ley N° 1777 Código de Minería, aprobado por Sanchez de
Lozada. El proyecto de ley tiene el espiritu de favorecer la presencia de la
minería privada y en especial de las transnacionales, otorgándoles facilidades
y flexibilizando la legislación en temas ambientales, desconociendo y vulnerando
los derechos de los pueblos indígenas originarios.
2.- Contrariando los
preceptos de la misma Constitución Política, el proyecto de ley minera, repite
y consolida la visión de desarrollo del Código de Sánchez de Lozada, de esclavizar a los bolivianos en
el solo extractivismo depredador y de saqueo, por cuanto no respeta los
principios de libre determinación y
gestión territorial de las naciones originarias, ni la participación directa en
la gestión y control de las políticas y operaciones mineras por parte de los
sectores sociales y las organizaciones de los pueblos indígenas. 3.- El proyecto de Ley, contradice los principios inscritos en la Constitución Política del Estado y logrados con la lucha del pueblo respecto al agua como un bien común y derecho humano, por cuanto vuelve a repetir la libre entrega y disposición de los recursos hídricos a los operadores mineros, de manera accesoria a los derechos mineros.
4.-
Denunciamos que el proyecto de Ley, de manera abierta plantea la vulneración
del Derecho a la Consulta Previa Libre e Informada, convirtiéndola en solo una
consulta Pública, ajena a los principios del Convenio N° 169, la Declaración de
la ONU y de la Constitución Política, desconociendo el respeto a los
procedimientos propios que debería regir los procesos de consulta a las
naciones y pueblos indígenas originarios.
5.- En el tema ambiental,
el Proyecto de Ley pretende la total flexibilización para los operadores mineros,
al plantear la otorgación de las licencias y la realización de la fiscalización
ambiental por el mismo Ministerio de Minería. Actualmente la mayoría de las
operaciones mineras incumplen con sus licencias ambientales, esta situación
será peor si el mismo ministerio de minería se hace cargo del control
ambiental. Así mismo el proyecto de Ley
no considera las responsabilidades de mitigación sobre los pasivos ambientales
acumulados en años de explotación minera y que continúan generando
contaminación en los territorios de nuestros pueblos
6.- El proyecto de Ley
pretende legalizar la coerción y el uso de la violencia a favor de la minería
privada, al crear juzgados mineros que
tendrán competencia para dictaminar la expropiación de tierras y agua, así como
el de resolver las controversias de los operadores mineros con el propio
Estado. La jurisdicción Especial Minera que propone el proyecto de Ley, está en
contradicción con la Constitución
Política del Estado.
7.- Finalmente, hacemos un
reconocimiento público a los pueblos indígena originarios de Mallk’u Quta, que
lograron la reversión de las concesiones mineras otorgadas a una transnacional
canadiense, gracias a su lucha el pueblo
boliviano a logrado recuperar nuevamente control de estos yacimientos. Su lucha
debe marcar el curso de la discusión y elaboración de una nueva legislación
minera, que debe basarse en los principios defendidos por los hermanos de
Mallku Quta: LOS RECURSOS MINEROS DEBEN
SER PARA EL BENEFICIO DEL PUEBLO BOLIVIANO Y LAS NACIONES INDÍGENAS ORIGINARIAS
Y NO PARA LAS TRANSNACIONALES
Por todo lo anterior,
manifestamos nuestro rechazo al proyecto de ley de Minería por ser contrario a
los preceptos de la Constitución Política y la lucha de los pueblos indígenas
originarios y el conjunto del pueblo boliviano en los procesos de octubre de
2003 y junio de 2005.
Exigimos al
gobierno a través del ministerio de Minería, abrir la discusión y concertación
de esta Ley con el conjunto de los sectores sociales y en particular con los
pueblos y naciones indígenas originarios, por cuanto como establece la constitución
los recursos mineros son propiedad del pueblo boliviano y por tanto el
tratamiento de la legislación no puede ser derecho exclusivo de quienes lucran
con su explotación.
Exigimos que de
manera previa a la Ley de Minería e Hidrocarburos, debe tratarse concertarse y aprobarse la Ley Marco de Consulta ¨Previa, Libre e
Informada”, Ley de la Madre Tierra y la Ley de Aguas cuyos principios deben ser
transversales a la legislación referida al aprovechamiento de los recursos
naturales renovables y no renovables como es la minería y los hidrocarburos.
Convocamos a
todas las organizaciones sociales, pueblos indígenas de tierras altas y bajas a debatir
y pronunciarse para evitar se consuma un nuevo atentado a nuestros
derechos con la aprobación inconsulta del proyecto de Ley de Minería.
POR EL CONSEJO NACIONAL DE AYLLUS Y MARKAS DEL QULLASUYU
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