El primer caso en ir al Ciadi fue el de la Quiborax que pidió $us 40 millones
por supuesto daño a su inversión en el salar de Uyuni en 2007
El Potosí.- La South American Silver anunció su predisposición de defender sus
inversiones en el proyecto minero Mallku Khota llegando incluso a un arbitraje
internacional, según se puede leer en la página web de la empresa
canadiense.
“South American Silver vigorosamente ejercerá todos sus derechos, incluso mediante arbitraje internacional, para obtener una indemnización completa, incluyendo el valor justo de mercado del proyecto mencionado”, señala la publicación.
El 1 de agosto de este año, el Gobierno nacional nacionalizó las concesiones mineras que estaban en manos de la Compañía Minera Mallku Khota que es filial de South American Silver.
El ministro de Minería, Mario
Virreira, negó en varias oportunidades que el Estado boliviano tenga relación
alguna sobre el proyecto Mallku Khota con una empresa canadiense.“South American Silver vigorosamente ejercerá todos sus derechos, incluso mediante arbitraje internacional, para obtener una indemnización completa, incluyendo el valor justo de mercado del proyecto mencionado”, señala la publicación.
El 1 de agosto de este año, el Gobierno nacional nacionalizó las concesiones mineras que estaban en manos de la Compañía Minera Mallku Khota que es filial de South American Silver.
Empero, la Compañía Minera Mallku Khota sería filial de la South American Silver Corp., empresa que está dispuesta a llevar el caso a un proceso internacional porque no se respetaron sus in versiones.
Este sería el segundo caso de un arbitraje internacional respecto a recursos naturales que se encuentran en el Departamento de Potosí ya que el primero fue el de la Quiborax que alega tener sociedad con la empresa boliviana Non Metallic que perdió sus concesiones a las que accedió de forma irregular en el Salar de Uyuni.
La chilena Quiborax acudió ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) solicitando a Bolivia el pago de 40 millones de dólares por las concesiones perdidas cuando en realidad las mismas fueron anuladas porque en la adjudicación había errores procedimentales.
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