“Este nuevo conflicto pone en relieve tres temas importantes para el análisis; el primero referido a las dimensiones dramáticas que tiene la explotación del oro de carácter ilegal; el segundo, relacionado a la baja articulación entre la actividad minera y el desarrollo local; y el tercero, la débil presencia del Estado en la actividad minera aurífera y cooperativista en general”, señala el también investigador del colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales (CASA)
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En un análisis cuantitativo, Madrid señala que en las regiones auríferas del departamento de La Paz, como Larecaja Guanay, Teoponte, Mapiri y Tipuani, se produjo aproximadamente 2.5 toneladas de oro anual, donde más de 300 cooperativas mineras cuentan con permiso para la explotación.
“Si se ven las estadísticas del Ministerio de Minería, La Paz el año 2011 ha recibido por concepto de regalías del oro una cifra muy ridícula de aproximadamente 110.445 dólares. Si se aplica la alícuota es apenas el 6,5% del valor total, que La Paz haya recibido ese año corresponde ese monto, solo correspondería a la producción de 35 kilos de oro fino”, señala al Periódico Digital PIEB.
Ese mismo año, Bolivia produjo poco más seis toneladas de oro por un valor de 328 millones de dólares, sin embargo –dice el investigador- La Paz, en calidad del segundo departamento productor debía haber recibido 126 millones de dólares, pero solo percibió 110.445 dólares. “Entonces, no hay relación de producción y exportación con lo que se está recibiendo, por tanto está fallando la regulación, el control y la fiscalización”, dice.
Ese mismo año, Bolivia produjo poco más seis toneladas de oro por un valor de 328 millones de dólares, sin embargo –dice el investigador- La Paz, en calidad del segundo departamento productor debía haber recibido 126 millones de dólares, pero solo percibió 110.445 dólares. “Entonces, no hay relación de producción y exportación con lo que se está recibiendo, por tanto está fallando la regulación, el control y la fiscalización”, dice.
La alta cotización del precio del oro que oscila en 1.570 dólares la onza troy, sería la razón fundamental para la indiscriminada explotación del oro tanto de mineas como el aluvial (de agua).
Ilegalidad El hecho de que la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) haya determinado el cese en las actividades extractivistas en Teoponte, hasta que ambos bandos en disputa regularicen sus concesiones de arrendamiento, demuestra según el Colectivo, el carácter ilegal de la explotación minera en una cuadrícula de 25 hectáreas, donde ninguno de los actores en disputa tiene el derecho legal sobre el yacimiento.
“Tanto la cooperativa minera (El Relámpago) que estaba haciendo operaciones mineras, como el pueblo que está reclamando ser parte de la explotación minera, no tienen derechos sobre el yacimiento. Si bien el segundo tiene derechos sobre la tierra; es decir, sobre el suelo, pero no sobre el yacimiento que es una reserva fiscal, que está bajo la protección del Estado”, explica Madrid.
De acuerdo al Código Minero vigente, y la propia Constitución Política del Estado (CPE), el experto advierte que el área de reserva fiscal, como es el caso del yacimiento en disputa, no puede ser motivo de explotación bajo ningún actor.
De acuerdo al Código Minero vigente, y la propia Constitución Política del Estado (CPE), el experto advierte que el área de reserva fiscal, como es el caso del yacimiento en disputa, no puede ser motivo de explotación bajo ningún actor.
Solución “salomónica” Según Madrid, existiría la intención desde el Estado de dar una solución “salomónica” al conflicto, para que ambas partes en disputa, se queden con superficies iguales para la explotación del oro. Sin embargo, señala que más allá de lo coyuntural, se debe dar soluciones de fondo al problema minero en la región, al garantizar el justo pague de regalías (6,7%), cumplimiento a la legislación ambiental, así como retribución de ingresos a la zona para su propio desarrollo.
“Es evidente la escasa articulación minera de los cooperativistas con el desarrollo local, ya que el pueblo de Teoponte no ve ningún impacto, y eso es lo que se ve en todos los distritos mineros, no hay una reinversión en la zona; se extraen los recursos naturales y no se deja nada para la zona, sólo erosión e impactos ambientales”, afirma.
El especialista observa que ni siquiera con la creación de la Empresa Boliviana del Oro (EBO) el año 2010, se logró reducir la dramática explotación del oro, por lo que es necesario que la estatal analice sus competencias, ya que según el Colectivo, se habría limitado a desempeñar una suerte de rescatador y comprador de los pequeños productores del mineral.
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