EL POTOSÍ: La ministra Claudia Peña indica que se consensuó con todas las comunidades que dieron su visto bueno al proyecto de ley
Las autoridades de la Nación Indígena de Coroma anunciaron ayer que no están de acuerdo con la Ley de Delimitación de Unidades Territoriales (Ley 339) y alistan un amparo constitucional para frenar su aplicación.
Su jilakata, Beltrán Yucra, dijo que los coromeños cuestionan la redacción de la norma argumentando que no se garantiza una solución sobre la vía de la presentación de documentos ancestrales así que no hay confianza en una adecuada solución a este centenario problema.
Ayer, la ministra de Autonomías, Claudia Peña, llegó a la Villa Imperial para explicar que las autoridades de Coroma ni ninguna otra persona cuestionaron el proyecto de ley desde que se encaró la socialización hasta su respectiva promulgación.
Su jilakata, Beltrán Yucra, dijo que los coromeños cuestionan la redacción de la norma argumentando que no se garantiza una solución sobre la vía de la presentación de documentos ancestrales así que no hay confianza en una adecuada solución a este centenario problema.
Ayer, la ministra de Autonomías, Claudia Peña, llegó a la Villa Imperial para explicar que las autoridades de Coroma ni ninguna otra persona cuestionaron el proyecto de ley desde que se encaró la socialización hasta su respectiva promulgación.
La autoridad remarcó que “la ley ni en el decreto supremo que se está trabajando contempla el tema de usos y costumbres, el 4 de septiembre del año pasado surgió esa propuesta de que nosotros estábamos hablando de usos y costumbres en el proyecto de ley fue a través de un documento trucho”.
Claudia Peña detalló que este año se fue en seis oportunidades a Coroma para explicar la ley y evaluar los elementos que contempla el reglamento para su aprobación y no se tenía cuestionamientos sobre la misma.
También aclaró que, en el marco de la democracia, cualquier persona tiene el derecho a presentar los recursos que quiera pero aclaró que el conflicto entre Quillacas (Oruro) y Coroma (Potosí) no está regido por la Ley 339 sino por una anterior (Ley 2150) y, para migrar a la nueva norma, se requiere un acuerdo de las dos partes.
La norma actual define que en conflictos de límites interdepartamentales se buscará un acuerdo y, en caso de no lograrlo, se acudiría a la justicia en la que se presentarán los documentos.
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