EL DIARIO: Hoy se cumple el paro de 24 horas en Beni, determinado por el Comité Cívico de ese departamento en defensa de los tres dirigentes del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), que tienen mandamiento de aprehensión emitido por la Fiscalía. El dirigente de la Subcentral Tipnis, Fernando Vargas, insistió en que el conflicto debe resolverse mediante la jurisdicción originaria y no por la vía ordinaria.
De acuerdo con el presidente del Comité Cívico, David Coca, el paro será movilizado, por consiguiente se paralizará las actividades
vehiculares además de los viajes interdepartamentales con el cierre de la terminal. No descartó además cerrar el aeropuerto para intensificar la medida de protesta.
La determinación se dio la pasada semana en respaldo a los líderes indígenas de las tierras bajas Adolfo Chávez, Fernando Vargas y Pedro Nuny, quienes tienen una orden de aprehensión por supuesta agresión contra el cacique mayor del Consejo Indígena del Sur (Conisur), Gumercindo Pradel, y bajo las figuras de supuesto intento de homicidio e intento de feminicidio a la indígena María Flores, que habría sufrido un aborto tras los conflictos del 20 de junio en la comunidad de San Pablo.
Para Vargas, el mandamiento de aprehensión responde a una consigna política por parte del Gobierno, porque los tres dirigentes indígenas tienden a tener un criterio en su contra. Por tanto, pidió que el conflicto debe resolverse internamente en la comunidad bajo los usos y costumbres reconocidos en la Constitución Política del Estado (CPE).
“El Tipnis es del Beni y esto corresponde defenderlo a los propios benianos entonces yo saludo profundamente esa decisión del Comité Cívico, pero además no solamente es un paro sino a partir de ahora exijamos que nuestras autoridades sean elegidas por nosotros mismos y no desde el poder central”, señaló.
La medida no fue aceptada por los legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) que calificaron la medida como “un desafío” al sistema judicial. “El Comité Cívico está defendiendo a corruptos a pesar de que tienen procesos; yo creo que están queriendo desafiar al Estado, y la justicia. Yo creo que el rol del Comité Cívico es para defender el desarrollo del departamento y no para encubrir delitos o proteger a delincuentes, están confundiendo su el rol”, reiteró el diputado oficialista Galo Silvestre Bonifaz.
Por otra parte, el legislador opositor, Osney Martínez, compartió la postura de Vargas, señalando que el Gobierno efectúa una persecución política en contra de los dirigentes indígenas, “los benianos le hemos demostrado al Gobierno que no estamos de acuerdo con la forma en que actúa y lo que está haciendo con esa pretensión de detener a los dirigentes indígenas es nada más un accionar estrictamente político”, dijo.
Finalmente, la diputada Rebeca Delgado sugirió llevar el tema de los conflictos de competencias a análisis del Tribunal Constitucional Plurinacional, mientras ve una excesiva politización en los hechos que hacen al Tipnis. Sin embargo, sostuvo que el caso sobre los dirigentes sindicados y Pradel debe resolverse al interior de los usos y costumbres de las comunidades de tierras bajas.
“Debería darse la posibilidad de verse dentro de la comunidad. El intervenir con fiscales, jueces y policías, además de tener una intromisión a las decisiones de la propia comunidad y dentro de los pueblos indígenas sí puede resultar una vulneración a sus derechos. Yo creo que aquí se debe permitir que ellos conversen, consensuen y precisamente la presencia de Pradel sin convocar a un encuentro sin consensuar con los pueblos que viven allá ya está dando lugar a este tipo de reacciones”, declaró en conferencia de prensa.
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