POSICIONAMIENTO DEL GOBIERNO ORIGINARIO DEL QULLASUYU CONAMAQ
SOBRE EL EXTRACTIVISMO MINERO
SOBRE EL EXTRACTIVISMO MINERO
El CONAMAQ instancia de representación legitima de los Ayllus, Markas y Suyus, a través de la historia venimos reclamando al Estado Boliviano el cumplimiento de nuestros derechos y la garantiría del ejercicio de nuestra libre determinación y autogobierno, sin embargo pese estar en un Estado Plurinacional nuestros derecho son cada vez mas vulnerados y nuestros territorios entregados a las empresas trans nacionales sin consulta y consentimiento previo libre e informada, eso hace de que los pueblos y naciones indígenas originarias de Bolivia se pronuncien y exijan al Estado
ser consecuentes con la defensa de la madre tierra.
El modelo neoliberal de minería sigue vigente: El papel del Estado en la actividad minera ha disminuido, el Estado solo está a cargo de dos operaciones significativas Huanuni y Vinto, está a cargo del 9% del valor de las exportaciones y las empresas privadas del 60% y el 31% cooperativas mineras. Hay 3 grandes empresas mineras transnacionales ( San Cristóbal, Illapa [Sinch’i Wayra], San Bartolomé) que controlan el 50% del valor de las exportaciones mineras. Existe una hegemonía de las transnacionales y privados en la minería.
Aporte de la minería al Estado (erario Nacional) El 2011 las exportaciones mineras alcanzaron 3448 millones de dólares, del cual el Estado percibió un total de 400 millones de dólares por regalías, IUE, Alícuota adicional por sobre utilidades. Las cooperativas aportaron en el 2011 con cerca de 43 millones de $us y reportaron un valor de exportación por cerca de 1400 millones de $us. Existen casos en las cooperativas mineras, de socios que en un solo mes logran ingresos de hasta 60mil bolivianos, como en el caso de las cooperativa 26 de febrero de Colquiri, pero esto es una minoría porque en su mayoría existen condiciones magras de trabajo y remuneración.
Territorios indígenas y Minería: Las concesiones mineras, (hoy contratos mineros) en una mayoría están sobrepuestos en los territorios indígenas y áreas protegidas, con el riesgo de que exista desposesión de los territorios y los RRNN; una cuadrícula es igual a 25has. El actual código minero reconoce derecho preferente a los operadores mineros de uso y aprovechamiento libre de tierras, agua y otros recursos fiscales en el área minera, y derecho de servidumbre y expropiación cuando las tierras, agua y otros recursos son de dominio privado (es el caso de las comunidades indígenas). Desde el 2008 en adelante son se han otorgado más de 800 contratos firmados y de los cuales se han dado cerca de 500 contratos a las cooperativas mineras. El actual proyecto de minería ratifica estos derechos preferentes para los operadores mineros, con cambios de denominación, ahora se llama derecho de uso, paso y superficie sobre suelos, agua y recursos forestales.
El 20% de los territorios de las TCOS en Bolivia esta concesionado
Medio Ambiente y Derechos Indígenas: El modelo extractivo ha provocado desastres ambientales en las áreas mineras, por la flexibilidad en el control y los privilegios otorgados a los operadores. No existe un ordenamiento territorial que establezca en que zonas se puede hacer minería y en qué zonas no debe permitirse y más bien declararse zonas libres de minería. (criterios ecológicos, vocaciones productivas y hasta culturales).
El derecho de consulta previa libre e informada, no se ha cumplido en minería, pese a que está vigente desde 1991 y en minería el código reconoce su aplicación en el art. 15, así mismo desde el 2007 la declaración de la ONU es Ley República. El anteproyecto de Ley pretende convertir la consulta previa libre e informada en consulta “publica”.
Minería y Derechos laborales. Existe flexibilización laboral, no hay derechos laborales, seguridad social, beneficios sociales, no hay seguridad industrial.
Frente a todo tipo de atropello, el CONAMAQ, emite un posicionamiento:
1. El CONAMAQ junto con sus Ayllus, Markas y Suyus, rechazamos la Minería a cielo abierto, porque es una forma de exterminar y extinguir la existencia de los pueblos y naciones indígenas, además una forma de explotación irracional que daña la Madre Tierra, destruye el medioambiente y condena al país a seguir siendo un país primario exportador que permite a las grandes empresas transnacionales enriquecerse a costa del saqueo de nuestros recursos naturales.
2. Rechazamos la actual política minera impulsada por el gobierno que reconoce a privados y empresas extranjeras derechos pre constituido, para ello Exigimos que antes de garantizar derechos a extranjeros, el gobierno garantice en primer lugar el derecho inalienable e imprescriptibles de los pueblos y naciones indígenas originarios sobre nuestros territorios ancestrales y de todos los bolivianos. Al reconocer derechos que dieron a los neoliberales a empresarios y extranjeros sobre nuestros territorios indígenas, el gobierno se vuelve cómplice de la política entreguista y saqueadora Por ello rechazamos la concesión sobre nuestros territorios que ha sido hecha sin consultarnos, vulnerando nuestro derecho a la consulta previa, libre, informada, de buena fé para obtener nuestro consentimiento.
3. Los pueblos originarios estamos decididos a defender nuestros territorios ancestrales del saqueo privado y transnacional y no permitiremos que una vez más las riquezas naturales del país sean entregadas a manos extrajeras, los RRNN deben ser nacionalizados al 100 %. Y dentro el marco de la economía comunitria, se debe garantizar como un actor productivo la economía de los Ayllus, Markas Suyus en base a su vocación productiva. Denunciamos el avasallamiento y desconocimiento de derechos que sufrimos los pueblos indígenas originarios, por parte de empresas privadas y ahora vemos cómo el gobierno dispone leyes que protegen los intereses extranjeros en contra de los intereses nacionales y permite que en pleno Estado Plurinacional los pueblos indígenas originarios seamos despojados como lo fuimos en el Estado colonial y republicano neoliberal.
4. La minería no es una estrategia para salir de la pobreza, basta ver los centros tradicionalmente mineros como los de Potosí, Huanuni y otros en los que a pesar de las riquezas minerales, nuestros pueblos aun siguen sumidos en la extrema pobreza. Lamentablemente se sigue permitiendo y protegiendo una minería en beneficio de las transnacionales como San Cristóbal, Sinchi Wayra, Coeur d´Alene y Pan American (Japón, Suiza, EEUU y Canadá respectivamente), estas empresas transnacionales dominan la producción minera del país creando una situación mucho peor que la de la época de los barones del Estaño en la que el Estado boliviano recibía un 13.5 % de beneficios, ahora cuando el Gobierno dice recuperar nuestros recursos naturales, los extranjeros se llevan las riquezas del pueblo boliviano, dejándonos a penas un 9% de beneficios económicos.
5. El atropello que ahora se quiere cometer con la ley de Minería, no solo es para los territorios indígenas originarios, si no el atropello es a toda la biodiversidad, y al patrimonio del pueblo boliviano, la ley de minería se constituye en una de las imperialistas, por que el proyecto de Ley de Minería construida unilateralmente entre el gobierno, empresas e intereses particulares y sin la participación de los pueblos y naciones indígenas originarios por las siguientes razones:
a. La constitución del Pacto de Unidad el 4 de octubre de 2004, en su punto 4 fue con el objetivo de incorporar los derechos indígenas en el código minero, de acuerdo al convenio 169 de la OIT, sin embargo el Pacto de Unidad fue asaltado por otras organizaciones y fue entregada a un partido político, dejando de lado los verdaderos reivindicaciones.
b. El 13 de Julio del 2006, el CONAMAQ ya ha exigido la incorporación dentro del código minero los derechos indígenas originarios, sin embargo en la propuesta de la ley minera del gobierno no garantiza el ejercicio del autogobierno y la libre determinación, menos garantiza la sobrevivencia de los pueblos y naciones indígenas originarias.
c. El proyecto de ley del gobierno atenta al derecho propietario de nuestros territorios indígenas originarios y promueve la pérdida del control territorial, imposibilitando encarar procesos de consolidación de nuestro territorio y genera la inviabilidad del proceso de constitución de autonomías indígenas originaria, decidiendo las empresas transnacionales y los actores mineros sobre el uso del suelo, la construcción de caminos, puentes, tendidos eléctricos, amenazando nuestra existencia como pueblos y naciones indígena originarias.
d. El anteproyecto de ley minera del gobierno entrega a las empresas derechos sobre el uso y aprovechamiento de aguas a las que ahora se definen como de dominio público y privado cuando en la Constitución la propiedad privada sobre el agua no es permitida. Con esta disposición en la ley minera propuesta por el gobierno, el agua que es un derecho humano, se privatiza como quisieron hacer los neoliberales. Frente a ello los pueblos y naciones indígenas originarios defenderemos el recurso agua y velaremos porque la heroica guerra del agua de los hermanos Cochabambinos no sea en vano.
e. Con respecto a la Consulta, el anteproyecto de ley de minería, propone la figura de “Consulta Pública Previa” inexistente en la Constitución Política del Estado, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las NNUU sobre derechos de los pueblos indígenas, ratificamos por lo tanto que el derecho de los pueblos indígenas originarios es la Consulta Previa Libre e Informada que respeta nuestra libre determinación, nuestras normas y procedimientos propios, nuestras estructuras orgánicas y la territorialidad ancestral y tiene como objetivo el consentimiento de los pueblos indígena originarios. Se demuestra una vez más que el gobierno quiere extinguir la existencia de los pueblos y naciones indígenas originarias.
f. Nos declaramos en emergencia permanente ante este atropello que se pretende realizar contra los territorios, los recursos y los derechos colectivos de nuestros pueblos y de la población boliviana en general y no descansaremos hasta lograr consolidar el verdadero Estado Plurinacional, por el que junto a nosotros lucho el pueblo boliviano, frente a todo tipo de atropellos sufrido por el gobierno actual, como unamedida de protección todos los ayllus markas y suyus tomaremos el control territorial.
6. El cumplimiento al derecho a la participación de beneficios provenientes de las utilidades regalías mineras, porque históricamente nuestros territorios han sido proveedores de la materia prima que mantuvo económicamente al país y nuestros territorios quedaron despojados de su riqueza natural como consecuencia de la contaminación por operaciones mineras, demandamos la creación impuesto directo a la minería.
7. Convocamos a las diferentes organizaciones sociales, mineros asalariados, maestros universitarios y todos aquellos movimientos sociales que defienden los intereses nacionales ante el saqueo de nuestros recursos naturales y el despilfarro de las pocas regalías que se obtiene en estos años de bonanza en los precios de los minerales estratégicos como es el zinc, plomo, plata y oro.
8. Defender nuestro territorio no significa Avasallamiento, se criminaliza la defensa de los derechos humanos de los pueblos y naciones indígenas originarios, más bien el gobierno quien avasalla nuestros territorio otorgando contratos mineros Minero, sin realizar el procedimiento de consulta previa libre e informada.
9. Ratificamos el posicionamiento de las Mama T’allas del CONAMAQ de
“TERRITORIO O MUERTE, LA MINERÍA PARA NOSOTRAS ES LA MUERTE DE LA TIERRA Y DE LOS PUEBLOS”
El modelo neoliberal de minería sigue vigente: El papel del Estado en la actividad minera ha disminuido, el Estado solo está a cargo de dos operaciones significativas Huanuni y Vinto, está a cargo del 9% del valor de las exportaciones y las empresas privadas del 60% y el 31% cooperativas mineras. Hay 3 grandes empresas mineras transnacionales ( San Cristóbal, Illapa [Sinch’i Wayra], San Bartolomé) que controlan el 50% del valor de las exportaciones mineras. Existe una hegemonía de las transnacionales y privados en la minería.
Aporte de la minería al Estado (erario Nacional) El 2011 las exportaciones mineras alcanzaron 3448 millones de dólares, del cual el Estado percibió un total de 400 millones de dólares por regalías, IUE, Alícuota adicional por sobre utilidades. Las cooperativas aportaron en el 2011 con cerca de 43 millones de $us y reportaron un valor de exportación por cerca de 1400 millones de $us. Existen casos en las cooperativas mineras, de socios que en un solo mes logran ingresos de hasta 60mil bolivianos, como en el caso de las cooperativa 26 de febrero de Colquiri, pero esto es una minoría porque en su mayoría existen condiciones magras de trabajo y remuneración.
Territorios indígenas y Minería: Las concesiones mineras, (hoy contratos mineros) en una mayoría están sobrepuestos en los territorios indígenas y áreas protegidas, con el riesgo de que exista desposesión de los territorios y los RRNN; una cuadrícula es igual a 25has. El actual código minero reconoce derecho preferente a los operadores mineros de uso y aprovechamiento libre de tierras, agua y otros recursos fiscales en el área minera, y derecho de servidumbre y expropiación cuando las tierras, agua y otros recursos son de dominio privado (es el caso de las comunidades indígenas). Desde el 2008 en adelante son se han otorgado más de 800 contratos firmados y de los cuales se han dado cerca de 500 contratos a las cooperativas mineras. El actual proyecto de minería ratifica estos derechos preferentes para los operadores mineros, con cambios de denominación, ahora se llama derecho de uso, paso y superficie sobre suelos, agua y recursos forestales.
El 20% de los territorios de las TCOS en Bolivia esta concesionado
Medio Ambiente y Derechos Indígenas: El modelo extractivo ha provocado desastres ambientales en las áreas mineras, por la flexibilidad en el control y los privilegios otorgados a los operadores. No existe un ordenamiento territorial que establezca en que zonas se puede hacer minería y en qué zonas no debe permitirse y más bien declararse zonas libres de minería. (criterios ecológicos, vocaciones productivas y hasta culturales).
El derecho de consulta previa libre e informada, no se ha cumplido en minería, pese a que está vigente desde 1991 y en minería el código reconoce su aplicación en el art. 15, así mismo desde el 2007 la declaración de la ONU es Ley República. El anteproyecto de Ley pretende convertir la consulta previa libre e informada en consulta “publica”.
Minería y Derechos laborales. Existe flexibilización laboral, no hay derechos laborales, seguridad social, beneficios sociales, no hay seguridad industrial.
Frente a todo tipo de atropello, el CONAMAQ, emite un posicionamiento:
1. El CONAMAQ junto con sus Ayllus, Markas y Suyus, rechazamos la Minería a cielo abierto, porque es una forma de exterminar y extinguir la existencia de los pueblos y naciones indígenas, además una forma de explotación irracional que daña la Madre Tierra, destruye el medioambiente y condena al país a seguir siendo un país primario exportador que permite a las grandes empresas transnacionales enriquecerse a costa del saqueo de nuestros recursos naturales.
2. Rechazamos la actual política minera impulsada por el gobierno que reconoce a privados y empresas extranjeras derechos pre constituido, para ello Exigimos que antes de garantizar derechos a extranjeros, el gobierno garantice en primer lugar el derecho inalienable e imprescriptibles de los pueblos y naciones indígenas originarios sobre nuestros territorios ancestrales y de todos los bolivianos. Al reconocer derechos que dieron a los neoliberales a empresarios y extranjeros sobre nuestros territorios indígenas, el gobierno se vuelve cómplice de la política entreguista y saqueadora Por ello rechazamos la concesión sobre nuestros territorios que ha sido hecha sin consultarnos, vulnerando nuestro derecho a la consulta previa, libre, informada, de buena fé para obtener nuestro consentimiento.
3. Los pueblos originarios estamos decididos a defender nuestros territorios ancestrales del saqueo privado y transnacional y no permitiremos que una vez más las riquezas naturales del país sean entregadas a manos extrajeras, los RRNN deben ser nacionalizados al 100 %. Y dentro el marco de la economía comunitria, se debe garantizar como un actor productivo la economía de los Ayllus, Markas Suyus en base a su vocación productiva. Denunciamos el avasallamiento y desconocimiento de derechos que sufrimos los pueblos indígenas originarios, por parte de empresas privadas y ahora vemos cómo el gobierno dispone leyes que protegen los intereses extranjeros en contra de los intereses nacionales y permite que en pleno Estado Plurinacional los pueblos indígenas originarios seamos despojados como lo fuimos en el Estado colonial y republicano neoliberal.
4. La minería no es una estrategia para salir de la pobreza, basta ver los centros tradicionalmente mineros como los de Potosí, Huanuni y otros en los que a pesar de las riquezas minerales, nuestros pueblos aun siguen sumidos en la extrema pobreza. Lamentablemente se sigue permitiendo y protegiendo una minería en beneficio de las transnacionales como San Cristóbal, Sinchi Wayra, Coeur d´Alene y Pan American (Japón, Suiza, EEUU y Canadá respectivamente), estas empresas transnacionales dominan la producción minera del país creando una situación mucho peor que la de la época de los barones del Estaño en la que el Estado boliviano recibía un 13.5 % de beneficios, ahora cuando el Gobierno dice recuperar nuestros recursos naturales, los extranjeros se llevan las riquezas del pueblo boliviano, dejándonos a penas un 9% de beneficios económicos.
5. El atropello que ahora se quiere cometer con la ley de Minería, no solo es para los territorios indígenas originarios, si no el atropello es a toda la biodiversidad, y al patrimonio del pueblo boliviano, la ley de minería se constituye en una de las imperialistas, por que el proyecto de Ley de Minería construida unilateralmente entre el gobierno, empresas e intereses particulares y sin la participación de los pueblos y naciones indígenas originarios por las siguientes razones:
a. La constitución del Pacto de Unidad el 4 de octubre de 2004, en su punto 4 fue con el objetivo de incorporar los derechos indígenas en el código minero, de acuerdo al convenio 169 de la OIT, sin embargo el Pacto de Unidad fue asaltado por otras organizaciones y fue entregada a un partido político, dejando de lado los verdaderos reivindicaciones.
b. El 13 de Julio del 2006, el CONAMAQ ya ha exigido la incorporación dentro del código minero los derechos indígenas originarios, sin embargo en la propuesta de la ley minera del gobierno no garantiza el ejercicio del autogobierno y la libre determinación, menos garantiza la sobrevivencia de los pueblos y naciones indígenas originarias.
c. El proyecto de ley del gobierno atenta al derecho propietario de nuestros territorios indígenas originarios y promueve la pérdida del control territorial, imposibilitando encarar procesos de consolidación de nuestro territorio y genera la inviabilidad del proceso de constitución de autonomías indígenas originaria, decidiendo las empresas transnacionales y los actores mineros sobre el uso del suelo, la construcción de caminos, puentes, tendidos eléctricos, amenazando nuestra existencia como pueblos y naciones indígena originarias.
d. El anteproyecto de ley minera del gobierno entrega a las empresas derechos sobre el uso y aprovechamiento de aguas a las que ahora se definen como de dominio público y privado cuando en la Constitución la propiedad privada sobre el agua no es permitida. Con esta disposición en la ley minera propuesta por el gobierno, el agua que es un derecho humano, se privatiza como quisieron hacer los neoliberales. Frente a ello los pueblos y naciones indígenas originarios defenderemos el recurso agua y velaremos porque la heroica guerra del agua de los hermanos Cochabambinos no sea en vano.
e. Con respecto a la Consulta, el anteproyecto de ley de minería, propone la figura de “Consulta Pública Previa” inexistente en la Constitución Política del Estado, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las NNUU sobre derechos de los pueblos indígenas, ratificamos por lo tanto que el derecho de los pueblos indígenas originarios es la Consulta Previa Libre e Informada que respeta nuestra libre determinación, nuestras normas y procedimientos propios, nuestras estructuras orgánicas y la territorialidad ancestral y tiene como objetivo el consentimiento de los pueblos indígena originarios. Se demuestra una vez más que el gobierno quiere extinguir la existencia de los pueblos y naciones indígenas originarias.
f. Nos declaramos en emergencia permanente ante este atropello que se pretende realizar contra los territorios, los recursos y los derechos colectivos de nuestros pueblos y de la población boliviana en general y no descansaremos hasta lograr consolidar el verdadero Estado Plurinacional, por el que junto a nosotros lucho el pueblo boliviano, frente a todo tipo de atropellos sufrido por el gobierno actual, como unamedida de protección todos los ayllus markas y suyus tomaremos el control territorial.
6. El cumplimiento al derecho a la participación de beneficios provenientes de las utilidades regalías mineras, porque históricamente nuestros territorios han sido proveedores de la materia prima que mantuvo económicamente al país y nuestros territorios quedaron despojados de su riqueza natural como consecuencia de la contaminación por operaciones mineras, demandamos la creación impuesto directo a la minería.
7. Convocamos a las diferentes organizaciones sociales, mineros asalariados, maestros universitarios y todos aquellos movimientos sociales que defienden los intereses nacionales ante el saqueo de nuestros recursos naturales y el despilfarro de las pocas regalías que se obtiene en estos años de bonanza en los precios de los minerales estratégicos como es el zinc, plomo, plata y oro.
8. Defender nuestro territorio no significa Avasallamiento, se criminaliza la defensa de los derechos humanos de los pueblos y naciones indígenas originarios, más bien el gobierno quien avasalla nuestros territorio otorgando contratos mineros Minero, sin realizar el procedimiento de consulta previa libre e informada.
9. Ratificamos el posicionamiento de las Mama T’allas del CONAMAQ de
“TERRITORIO O MUERTE, LA MINERÍA PARA NOSOTRAS ES LA MUERTE DE LA TIERRA Y DE LOS PUEBLOS”
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