LOS TIEMPOS: Vigilia permanente, paro cívico de 24 horas el martes 23 julio próximo, una caravana en Trinidad, la declaración de personas no gratas y la exigencia de renuncia de los fiscales que llevan adelante la “vergonzosa investigación” contra tres dirigentes indígenas, son algunas de las acciones que determinó ayer la Asamblea de la Benianidad en respaldo de Fernando Vargas, Adolfo Chávez y Pedro Nuni.
Exhortaron al fiscal general Ramiro Guerrero a agilizar la investigación sobre
Chaparina.
La entidad cívica convocó a asamblea ante el rechazo por el Tribunal de Garantías de Beni, el miércoles pasado, de la Acción de Libertad presentada por los dirigentes indígenas para que se dejen sin efectos los mandamientos de aprehensión expedidos en su contra por la Fiscalía y se les otorguen garantías para presentarse a declarar.
La fiscalía de Beni abrió una investigación contra Vargas, Chávez y Nuni a denuncia del dirigente del Consejo Indígena del Sur (Conisur) Gumercindo Pradel por la agresión que habría sufrido en un encuentro de corregidores.
Los indígenas del Tipnis argumentan que los azotes que recibió Pradel como castigo, se enmarcan en la práctica de la justicia comunitaria. Pese a estos argumentos, la Fiscalía mantiene las acciones en contra de los dirigentes, los que desde la semana pasada se encuentran resguardados en la sede de la Subcentral del Tipnis, en Trinidad, por un grupo de indígenas, para evitar su detención.
“Decretamos un paro cívico de 24 horas para el martes 23 de julio además se ha determinado mantener la vigilia permanente para resguardar la seguridad física de los hermanos indígenas”, informó ayer el presidente del Comité Cívico.
El presidente de la Subcentral Tipnis, Fernando Vargas, reiteró que no se presentarán a declarar y criticó el confuso y contradictorio fallo del Tribunal de Garantías.
Lamentó que el presidente Evo Morales no haga prevalecer la Constitución Política del Estado, que prevé la aplicación de la justicia comunitaria y le da la misma jerarquía que la ordinaria.
“Vamos a establecer una gran movilización en busca del respeto a nuestros derechos, creo que con el fallo de ayer (del miércoles) cometieron un gran error sus operadores políticos. Creemos que existe una fuerte presión hacia los fiscales administradores de justicia, presión que viene desde los ministros (Carlos) Romero, (Juan Ramón) Quintana y la Vicepresidencia (del Estado)”, dijo Vargas.
El juez cautelar, al que acudieron los dirigentes indígenas, para pedir que se declare incompetente para conocer el caso, por tratarse de un caso de jurisdicción de la justicia comunitaria, se declinó competencia ante la acción de libertad presentada por los dirigentes y señaló que debían acudir, para reclamar ante autoridad competente.
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