ERBOL: El 24 de junio de 2010 el presidente Evo Morales promulgó la Ley de Deslinde Jurisdiccional, considerada una de las cinco normas fundamentales y que estaba destinada a ‘consagrar’ la justicia indígena, pero a tres años su vigencia aún no se pudo aplicar.
La senadora del MAS, y representante indígena de Potosí, Carmen García, reconoció que en el trabajo de elaboración del texto la norma perdió su esencia por la intervención de abogados del gobierno, aspecto que se ahondó cuando el Legislativo la analizó, dejando casi en nada el trabajo de la viceministra de Justicia Indígena
, Isabel Ortega.
“Veo que ha sido modificado el trabajo de esta hermana Viceministra y cuando ha llegado al Legislativo aún más, es decir se le ha quitado su esencia, hay que ir analizando si hay necesidad de modificación y hay que decir las verdades y el mismo Ejecutivo tiene que comprender esa realidad”, manifestó la legisladora.
Ayer, representantes del Concejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyo (CONAMAQ) intentaron entregar a la Asamblea las propuestas de modificación a la norma, y pese a ser retenidos por la policía, lograron hacer conocer que el deslinde está paralizado y que al menos cuatro artículos son inconstitucionales, detalló su máximo representante, Félix Becerra.
“A los pueblos indígenas nos interesa que la justicia indígena esté al mismo rango de la justicia ordinaria, eso dice en la Constitución pero en la Ley (de Deslinde) no dice así, en ese marco, en el artículo 9 y artículo 10, es que nos habla esto. La ley de Deslinde está paralizada, entonces es anticonstitucional. Hemos podido trabajar con los parlamentarios para que tenga la justicia indígena y la justicia ordinaria el mismo rango”, manifestó.
En el acuerdo firmado entre el CONAMAQ y los llamados librepensantes, el grupo de asambleístas del MAS se comprometió a realizar enmiendas a la norma, según la diputada Rebeca Delgado, quien recibió las sugerencias para garantizar la aplicación de la jurisdicción indígena.
“Vamos a tener con el diputado Pamuri, con la diputada Carmen García y con quienes se quieran sumar, vamos a tener con mucha humildad y responsabilidad, para hacer considerar se apruebe o no se apruebe lo que dicen nuestros pueblos originarios”, señaló Delgado.
La propuesta del CONAMAQ y los librepensantes propone la adecuación constitucional de los artículos 8, 9, 10 y 11 de la norma y fueron recibidas con amplitud por el jefe de la bancada del MAS en el Senado, Eugenio Rojas, quien incluso se animó a posibilitar que la justicia indígena se aplique por juntas vecinales en barios periurbanos de las ciudades.
“En algunos lugares no están aplicando, sobre todo en áreas urbanas, pequeños pueblos, se han urbanizado, y cuando hay urbanización asume la junta vecinal, y la junta vecinal es lo urbano, ahí hay que recuperar que haya juntas vecinales pero también que ahí se podría aplicar directamente (la justicia indígena)”, dijo.
La senadora del MAS, y representante indígena de Potosí, Carmen García, reconoció que en el trabajo de elaboración del texto la norma perdió su esencia por la intervención de abogados del gobierno, aspecto que se ahondó cuando el Legislativo la analizó, dejando casi en nada el trabajo de la viceministra de Justicia Indígena
, Isabel Ortega.
“Veo que ha sido modificado el trabajo de esta hermana Viceministra y cuando ha llegado al Legislativo aún más, es decir se le ha quitado su esencia, hay que ir analizando si hay necesidad de modificación y hay que decir las verdades y el mismo Ejecutivo tiene que comprender esa realidad”, manifestó la legisladora.
Ayer, representantes del Concejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyo (CONAMAQ) intentaron entregar a la Asamblea las propuestas de modificación a la norma, y pese a ser retenidos por la policía, lograron hacer conocer que el deslinde está paralizado y que al menos cuatro artículos son inconstitucionales, detalló su máximo representante, Félix Becerra.
“A los pueblos indígenas nos interesa que la justicia indígena esté al mismo rango de la justicia ordinaria, eso dice en la Constitución pero en la Ley (de Deslinde) no dice así, en ese marco, en el artículo 9 y artículo 10, es que nos habla esto. La ley de Deslinde está paralizada, entonces es anticonstitucional. Hemos podido trabajar con los parlamentarios para que tenga la justicia indígena y la justicia ordinaria el mismo rango”, manifestó.
En el acuerdo firmado entre el CONAMAQ y los llamados librepensantes, el grupo de asambleístas del MAS se comprometió a realizar enmiendas a la norma, según la diputada Rebeca Delgado, quien recibió las sugerencias para garantizar la aplicación de la jurisdicción indígena.
“Vamos a tener con el diputado Pamuri, con la diputada Carmen García y con quienes se quieran sumar, vamos a tener con mucha humildad y responsabilidad, para hacer considerar se apruebe o no se apruebe lo que dicen nuestros pueblos originarios”, señaló Delgado.
La propuesta del CONAMAQ y los librepensantes propone la adecuación constitucional de los artículos 8, 9, 10 y 11 de la norma y fueron recibidas con amplitud por el jefe de la bancada del MAS en el Senado, Eugenio Rojas, quien incluso se animó a posibilitar que la justicia indígena se aplique por juntas vecinales en barios periurbanos de las ciudades.
“En algunos lugares no están aplicando, sobre todo en áreas urbanas, pequeños pueblos, se han urbanizado, y cuando hay urbanización asume la junta vecinal, y la junta vecinal es lo urbano, ahí hay que recuperar que haya juntas vecinales pero también que ahí se podría aplicar directamente (la justicia indígena)”, dijo.
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