Flores llegó hasta el auditorio del Banco Central de Bolivia, mientras se presentaba el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, con la presencia además de autoridades del Ministerio de Justicia y junto a otras personas empezaron a pedir justicia. Esta situación provocó la reacción de los grupos oficialistas y de organizaciones sociales que silbaban a Flores e incluso la sindicaban de ser “derechista”.
Humanos, con la presencia además de autoridades del Ministerio de Justicia y junto a otras personas empezaron a pedir justicia. Esta situación provocó la reacción de los grupos oficialistas y de organizaciones sociales que silbaban a Flores e incluso la sindicaban de ser “derechista”.
“Estamos pidiendo justicia por la represión a los indígenas en Chaparina de la octava marcha, maniataron y golpearon mujeres, niños y hombres, por eso estamos pidiendo justicia y que se procese con la ley a Sacha Llorenti, por atentar contra los derechos humanos”, exclamó la activista mientras se presentaba un homenaje a Nelson Mandela.
Racicot se vio consternado por la protesta y sólo se limitó a decir que todos tienen derecho a expresarse. Adelantó, sin embargo, que se prepara un informe sobre casos de vulneración de derechos humanos registrados por instancias policiales y militares, en concordancia a lo explicado por la Defensoría del Pueblo el fin de semana.
LEVANTA AYUNO DE TRES SEMANAS
Flores quien permaneció veinte días en huelga en instalaciones de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), ubicada en la avenida 6 de Agosto, decidió levantar su medida de presión luego de recibir el apoyo de los dirigentes del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).
La activista y también víctima de la represión a la octava marcha del Tipnis, en entrevista con El DIARIO, dijo que se siente indignada, porque a dos años y dos meses de la represión en Chaparina aún el Ministerio Público y el Gobierno no han dado con los responsables del hecho. “La Fiscalía, que debe promover la justicia ha hecho la obstrucción en vez de investigar y sin haber concluido la investigación emite una resolución donde excluye a Sacha Llorenti y lo que es más grave, lo excluyen sin haber determinado quién es el responsable. Ahora es el actual Embajador de las Naciones Unidas”, sostuvo.
Dijo que durante meses acudió a la puerta de la Fiscalía del Distrito de La Paz, para pedir a los fiscales hacer justicia y que también participó en todos los actos procesales, sin conseguir nada. Ante esta negativa, formuló su denuncia a la presidenta de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño, y ante la presidenta de la Cámara de Diputados, Betty Tejada, solicitando que el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, sea imputado por retardación de justicia, petición que fue negada rotundamente.
“Ni las denuncias que presenté a las autoridades no me recibieron, ya no hay nada que hacer, por eso me he declarado en huelga de hambre pidiendo que sea imputado Sacha Llorenti y el fiscal Ramiro Guerrero”, comentó la activista.
El presidente de la Comisión de Salud del Tipnis, José Luís Delgado, dijo que la lucha en defensa de los derechos del pueblo indígena continuará hasta lograr se haga justicia. “El Gobierno lo maneja todo a su favor y eso es lo que nos molesta. Pedimos que Sacha Llorenti sea imputado por todos los atropellos a los indígenas”, dijo Delgado.
LÍDERES INDÍGENAS
En tanto, el líder de la primera marcha indígena, Marcial Fabricano, declaró a este medio que es intolerable e indignante vivir en condiciones de esta naturaleza, en persecución, amenaza e injusticia. “Esta situación cada vez nos impulsa, nos unifica fuerzas para luchar contra la injusticia, nos maltrataron en la marcha por defender nuestras tierras”, expresó.
El 25 de septiembre del 2011, los indígenas de la octava marcha sufrieron una brutal represión por parte de efectivos policiales en Chaparina. De la reprimenda tanto niños, mujeres, dirigentes y activistas, entre otros resultaron heridos, contusos y maniatados.
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