La crisis
del agua que se vive en el territorio nacional ha sido provocada por el
deterioro de los ciclos y las fuentes de agua, por los impactos del cambio
climático y agravada en extremo por una administración estatal contraria a los
principios del derecho humano al agua, la justicia climática y el cuidado de la
Madre Tierra,
Esta crisis,
que puede considerarse como una crisis humanitaria de dimensiones alarmantes en
algunas regiones y ciudades, ha obligado a la población a proveerse de agua en
condiciones precarias - en muchos casos por fuera del sistema de saneamiento,
afectando a los más vulnerables, en particular a las mujeres, obligadas a
intensificar el uso de su tiempo, sacrificando inclusive sus horas de descanso
y arriesgando su seguridad personal.
Sin embargo, esta crisis también es una oportunidad que nos debe llevar
a poner en práctica un cambio trascendente de modelo de organización social y
productiva y del sistema de valores que se exprese en una sociedad fortalecida,
solidaria y justa para todos y todas, institucional y socialmente capaz de
cuidar/cultivar el agua y, por tanto, con capacidad de respuesta ante los
cambios globales.
Por ello,
como ciudadanos y ciudadanas que tienen el irrenunciable y el legítimo derecho
a expresarse sobre ésta y otras problemáticas y asuntos nacionales, nos pronunciamos exigiendo:
v Que el gobierno, las gobernaciones y los
gobiernos autónomos municipales asuman sus respectivas competencias para una
gestión responsable del agua e inviertan eficientemente nuestros recursos en
sistemas de agua limpia para consumo humano y agricultura. Que el gobierno
central y las gobernaciones se concentren en construir sistemas de energía
limpia como la energía solar o eólica o biomasa, que inviertan en una transición
justa, en salud, seguridad y en la vida de las población y en particular para
prevenir la violencia y el machismo contra las mujeres. Que inviertan en la
vida y no en la muerte.
v Que se ponga fin a los gastos
dispendiosos y exorbitantes en edificios estatales para la burocracia,
seguridad, viajes y comodidades para la casta gobernante a costa de nuestros
recursos, de nuestra vida y nuestra salud.
v Basta de invertir el dinero del pueblo en
políticas y mega proyectos insostenibles ecológica y socialmente, poco
transparentes, poco efectivos y con serios impactos en el ciclo del agua, los
ecosistemas y los derechos de los pueblos indígenas como:
§ la represa del Bala-Chepete que matará 676,72
Km2 de bosque amazónico
pudriendo árboles y vegetación, aniquilando especies vivas e inundando los
territorios de los pueblos indígenas, desplazando a la TCO Mosetén, a los
pueblos Leco, Takana, etnias habitantes de la Amazonía paceña.
§ el Centro de Investigación Nuclear
CIDETEN en la ciudad de EL ALTO, por ser una obra de 300 millones de dólares,
que viola nuestra Constitución en su artículo 344 -que prohíbe el tránsito de
residuos nucleares en nuestro territorio-, y viola la legalidad al haberse
firmado un Tratado con Rusia con vicios de nulidad;
§ la Ley Minera que refleja exclusivamente
los intereses de los sectores mineros y ha debilitado los mecanismos de
Consulta Previa, permitiéndoles contaminar las fuentes de agua en beneficio de
emprendimientos mineros. Es inaudito como esta Ley ha profundizado el abuso del
agua obligando a agricultores y a muchas familias a dejar sus tierras.
§ las políticas y decretos orientados a
duplicar el PIB agrícola que derivan en la deforestación de nuestros bosques y
en miles de incendios forestales.
v En su lugar exigimos invertir recursos y
esfuerzos máximos en fortalecer el cuidado
del ciclo del agua y una gestión
pública del agua que sea responsable, eficiente, democrática, justa,
participativa y libre de prebendalismo, nepotismo, corrupción y negligencia.
v Responder a la crisis del agua con
responsabilidad, celeridad, diligencia y eficiencia, velando por la salud y la
seguridad de la gente, proporcionando agua limpia, potable, sin excesos de
cloro y libre de contaminantes y microorganismos nocivos para la salud..
v Una auditoría pública y transparente con
veedores internacionales de NNUU, OMS y
OPS, a EPSAS, a la AAPS, al Ministerio de Medio Ambiente y Aguas y al
propio Estado en sus instancias con
grados de responsabilidad sobre cómo se ha previsto, cómo se ha generado y cómo
se ha respondido a esta crisis del agua. Se deben establecer responsabilidades en
los diferentes niveles del ejecutivo por tratarse de parte indisoluble de su
función como servidores públicos obligados a rendir cuentas a la población y a
la posibilidad de legítimas demandas en caso de no cumplirla. Por tanto, su
trabajo debe ser eficiente, transparente y libre de negligencias.
v Una reparación del Estado a la ciudadanía
por el daño causado al no haber tomado las previsiones necesarias a pesar de
tener conocimiento de la inminencia de una crisis, siendo que el Agua es un
derecho humano fundamentalísimo establecido en nuestra Constitución Política
del Estado.
v Dar prioridad a políticas para el cuidado
de nuestros bosques, contra su deforestación y por la restauración de los
ecosistemas, de los acuíferos y fuentes de agua, dando la mayor atención a las
zonas que requieran con urgencia la descontaminación de ríos y lagos, evitando
caer en falsas y apresuradas soluciones que afecten ecosistemas vivos y asumiendo
la responsabilidad de una solución integral y sostenible.
Nos pronunciamos por una participación ciudadana activa y comprometida
con el cumplimiento del derecho humano al agua como bien público que no debe
caer en manos de la privatización corporativa ni el uso abusivo y negligente de
parte del Estado, y por promover actitudes y prácticas ciudadanas responsables
y solidarias de cuidado y ahorro de este líquido vital para efectivizar los
principios del Agua como derecho humano universal.
4 de
Diciembre de 2016
Artículo 16 I. Toda persona tiene derecho al agua y a la
alimentación. II. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad
alimentaria, a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda
la población. (Derechos Fundamentalísimos)
Artículo 373 I. El agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco de la soberanía del pueblo. El Estado promoverá el uso y acceso al agua sobre la base de principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad.
Artículo 374 I. El Estado protegerá y garantizará el uso prioritario del agua para la vida. Es deber del Estado gestionar, regular, proteger y planificar el uso adecuado y sustentable de los recursos hídricos, con participación social, garantizando el acceso al agua a todos sus habitantes.
Firman:
1. Red Nacional de
Mujeres en Defensa de la Madre Tierra (RENAMAT);
2. Carmen Aliaga
Monrroy
3. Elizabeth Peredo
Beltrán
4. Cecilia Salazar de
la Torre
5. Hernando Calla
6. Ángela Cuenca
Sempértegui
7. Gricel Vega Pérez
8. Ajax Sanhueza
9. COLECTIVO CASA
10. Alfonso Gumucio
Dagrón
11. Cecilia Estrada
Ponce
12. Sonia Montaño
Virreira
13. José Nuñez del Prado
14. María Dolores Castro
15.
Miriam
Jemio
16. Arturo Revollo
Herbas
17.
Cecilia
Requena
18. Martin Vilela
19. Fernanda Wanderley
20. Cristina Bubba Zamora
21. Rita Revollo
22. Diego Ayo Saucedo
23. Raúl España
24. Esperanza Téllez
Laguna
25. Roger Carvajal
Saravia
26.
Susana
Anaya Navia
27.
Ximena
Machicao Barbery
28.
Erick
Rojas
29.
Aldo
Orellana López
30.
Silvia
Barrón Rondón
31.
Mauricio
Bayro Corrochano
32.
Daniela
Puente Maldonado
33.
Jenny
Ibarnegaray
34.
Ana
María Botelho
35.
Alejandra
Dorado Cámara
36.
Claudia
Arce Cuadros
37. Jimena Verónica Freitas Ocampo
38.
Norka Paz
39.
Margarita Salinas Borja
40.
Nora Fernandez Vásquez
41.
CEDIB
42.
Escarley Torrico
43.
Ida Peñaranda
44.
Jimena Ríos Silva
ADHESIONES: https://goo.gl/forms/bESTFvJrwcHyRJeI2
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