COMISIÓN QUE VISITÓ EL TIPNIS PIDE SANCIONAR AL GOBIERNO

Jueves 17 de Enero 2019 en La Paz, Bolivia
Pagina SIETE

La delegación exigió al Ejecutivo paralizar, de forma definitiva, el proyecto de carretera por el TIPNIS y detener el avance de la colonización en la reserva.

La comisión que visitó el TIPNIS pidió ayer al Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza (TIDN) sancionar al Gobierno de Evo Morales por violar al menos cinco derechos de la Madre Tierra y de los indígenas.
La delegación también solicitó al Ejecutivo frenar la construcción de la carretera por el corazón del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y parar con la colonización hacia el núcleo de la reserva.     
“Confirmamos la existencia de una serie de amenazas reales que afectarían gravemente los derechos de la Madre Tierra expedidos en Tiquipaya,  en el año 2010”, informó Acosta, quien, vía online, junto a Enrique Viale (Argentina) y Shannon Biggs (EEUU),  presentó el informe final de su visita a ese territorio indígena. 
El TIDN envió a los tres expertos a Bolivia, quienes visitaron la reserva entre el 15 y 22 de agosto de 2018. Ellos afirman que llegaron al área protegida para verificar in situ las denuncias que expusieron los dirigentes indígenas del TIPNIS Fabián Gil y Marqueza Teco.
En noviembre de 2017, Gil y Teco denunciaron al Gobierno ante el Tribunal Internacional –que sesionó en Bonn, Alemania– por violar los derechos de la Madre Tierra, reconocidos en 2010, en la cumbre de Tiquipaya (Cochabamba),  al pretender construir la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por el corazón del TIPNIS.
Ayer, la comisión –seis meses después de su visita– presentó el reporte  y concluyó que el Gobierno violó los siguientes derechos de la Madre Tierra:  a la vida y a existir, a ser respetada, al agua como fuente de vida,  a la regeneración; además de los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de los defensores de la naturaleza
Los tres expertos también identificaron que no hay  “respeto al marco jurídico e institucional”.
En consecuencia, la comisión exhortó “al Tribunal a sancionar al Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia por las reiteradas violaciones a los Derechos de la Madre Tierra y a otros cuerpos jurídicos que la reconocen como sujeto de derechos”.
La delegación   le exigió al Ejecutivo: 1) La paralización definitiva del proyecto de carretera por el TIPNIS, 2) la derogación de la Ley 969 de agosto de 2017, que elimina la intangibilidad del territorio indígena, 3) la adopción de medidas para detener el avance de la colonización hacia la reserva natural, 4) la consolidación territorial y la autonomía del Territorio Indígena Multiétnico en el Bosque de Chimanes,  entre otros pedidos.
El informe, de 44 páginas, fue remitido al Tribunal, entidad que en 60 días emitirá la sentencia final sobre el caso TIPNIS.
El activista Pablo Solón señaló que si bien la sanción del tribunal es  moral, su magnitud se  verá cuando se la difunda. “Que este fallo vaya al Papa, a entidades defensoras de derechos de la naturaleza, de derechos humanos, tendrá una gran repercusión y permitirá generar una solidaridad creciente con los pueblos indígenas que afrontan situaciones difíciles”, indicó.
Teco le dijo al Gobierno que los defensores del TIPNIS no están solos y que el mundo se enterará de su doble discurso. En ese sentido, la dirigente exigió al Ejecutivo que “pare, de una vez, su intención de invadir el TIPNIS”, pues “los indígenas no queremos carreteras, no queremos que se destruya nuestra casa grande, la Madre Tierra no quiere la destrucción”.
La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Amparo Carvajal, exhortó a la unidad, “porque de esa forma –dijo– venceremos”.
El origen del Tribunal Internacional
La Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, que se aprobó en Tiquipaya (Bolivia) en 2010, fue el punto de partida para que se constituya el Tribunal Internacional de los Derechos de la Madre Tierra.
Su objetivo es  “reconstruir relaciones armoniosas de los seres humanos con la naturaleza. Y todo esto en un ejercicio democrático en el que la justicia ecológica demanda  por igual justicia social”, se lee en el informe que presentaron los miembros de la comisión que visitaron  el TIPNIS en agosto de 2018 para evidenciar las denuncias.