GOBIERNO DEROGA LOS DECRETOS QUE PENALIZABAN LA INFORMACIÓN

 

 

Página Siete Digital, 14 de Mayo 2020

El Gobierno aprobó este jueves el Decreto Supremo (DS) 4236, que deroga la disposición adicional del Decreto 4231, además del 7 de mayo; el parágrafo II del Artículo 13 del decreto 4200 (25 de marzo de 2020) y el parágrafo II del Artículo 7 del decreto 4199 (21 de marzo de 2020), que sancionaban por la vía penal la difusión de la información escrita, impresa y/o artística que genere “incertidumbre en la población".
El nuevo decreto tiene un solo artículo que dice: “Se derogan las siguientes disposiciones: La Disposición Adicional Única del Decreto Supremo N° 4231, de 7 de mayo de 2020; el Parágrafo II del Artículo 13 del Decreto Supremo N° 4200, de 25 de marzo de 2020; El Parágrafo II del Artículo 7 del Decreto Supremo N° 4199, de 21 de marzo de 2020”.
La disposición adicional ahora anulada del DS 4231 decía: “II. Las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”.
Los parágrafos II de los decretos 4199 y 4200 tenían un contenido similar: “II. Las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o desinformen o generen incertidumbre a la población, serán sujeto de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública”.

Ahora, con la nueva norma, estas disposiciones quedan nulas después de varios pedidos de sectores de la prensa boliviana y organismos internacionales que exigían el respeto a la libertad de información establecido en la Ley de Imprenta y la Constitución Política del Estado (CPE).
“La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia hace pública su profunda preocupación por el contenido del Decreto 4231 que amplía restricciones a la libertad de expresión contenidas en los decretos 4199 y 4200, aplicados en tiempos de pandemia, así como señala su inquietud por aquellas corrientes políticas que han puesto en duda la existencia del covid-19 generando un alto riesgo a la salud pública”, expresó la ANP en un comunicado público el 12 de mayo.
La Misión Permanente del Estado ante la Organización de los Estados Americanos se dirigió este jueves a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de una carta, para comunicarle que el Gobierno boliviano, "en atención a ciertas inquietudes, respecto a la interpretación de los decretos promulgados en el marco de la Emergencia Nacional y Declaratoria de cuarentena total contra el contagio y propagación del coronavirus (…), a la luz del respeto a la libertad de expresión, ha procedido a la derogatoria" de las disposiciones de los decretos 4231, 4200 y 4199.
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