LA IX MARCHA ABRE DOS NUEVOS CONFLICTOS

Cooperativistas mineros amenazan ejecutar medidas de presión
Los indígenas presentan una denuncia internacional por el conflicto de Mallku Quta.

LA PRENSA.- Los cooperativistas mineros dieron ayer un plazo de cinco días a la IX Marcha Indígena para que modifique su demanda de anular las concesiones mineras en áreas protegidas, o ejecutarán medidas de presión, en tanto que el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo (Conamaq) demandó al Gobierno ante la Organización de Naciones Unidas.

Además, los dirigentes del Conamaq presentaron una denuncia internacional contra la empresa canadiense South American Silver por contratar grupos de choque para explotar la concesión minera de Mallku Quta, que se encuentra en el norte de Potosí, y por patrocinar con ayuda del Gobierno la detención de uno de los dirigentes originarios que se opone a ese proyecto.

PUNTO DE LA DISCORDiA. Ambos temas se refieren al punto cuarto del pliego de nueve demandas que fue presentado por la IX Marcha Indígena al Gobierno, y que espera resolver durante el diálogo convocado para este viernes en la región beniana de Chaparina, donde el 25 de septiembre del año pasado los integrantes de la octava marcha fueron violentamente atacados por efectivos policiales.

La empresa minera “tiene grupos de choque en contra de las comunidades indígenas originarias de Mallku Quta. Se obstaculiza cualquier diálogo para solucionar este problema entre la empresa y las comunidades originarias que reclaman el derecho a la consulta previa”, dice el documento que fue presentado ayer a la comunidad internacional por los dirigentes del Conamaq que acompañan la IX marcha en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

Denunciaron que el tata mallku Cancio Rojas Colque, uno de los dirigentes que se opone al proyecto minero, fue “secuestrado” por efectivos policiales en la ciudad de La Paz y no lograron ubicarlo en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). El director de esa unidad policial, Roberto Campos, dijo que el Rojas está sindicado de ser uno de los incitadores de la violencia en Mallku Quta y que fue entregado a la Fiscalía de Distrito de Potosí.

Los indígenas de tierras altas acusaron al Gobierno ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU de entregar los “recursos naturales a empresas transnacionales” sin efectuar una consulta previa a los pueblos originarios, por lo que piden que se rescinda el contrato minero.

El Gobierno se defiende, empero, con el argumento de que “estas concesiones se encuentran protegidas” por la Constitución.

La FEDERACIÓN de TRABAJADORES MINEROS TAMBIÉN PROTESTÓ POR EL PEDIDO DE LOS INDÍGENAS en sentido de ANULAR LOS CONTRATOS MINEROS Y SOLICITÓ A LA COB QUE NO APOYE a la XI MARCHA.

Por: Gregory Beltrán La Prensa