Cooperativistas mineros amenazan ejecutar medidas de presión
Los indígenas presentan una denuncia internacional por el conflicto de Mallku Quta.
Por: Gregory Beltrán La Prensa
Los indígenas presentan una denuncia internacional por el conflicto de Mallku Quta.
LA PRENSA.- Los cooperativistas mineros
dieron ayer un plazo de cinco días a la IX Marcha Indígena para que modifique
su demanda de anular las concesiones mineras en áreas protegidas, o ejecutarán
medidas de presión, en tanto que el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del
Qullasuyo (Conamaq) demandó al Gobierno ante la Organización de Naciones
Unidas.
Además, los dirigentes del
Conamaq presentaron una denuncia internacional contra la empresa canadiense
South American Silver por contratar grupos de choque para explotar la concesión
minera de Mallku Quta, que se encuentra en el norte de Potosí, y por patrocinar
con ayuda del Gobierno la detención de uno de los dirigentes originarios que se
opone a ese proyecto.
PUNTO DE LA DISCORDiA. Ambos
temas se refieren al punto cuarto del pliego de nueve demandas que fue
presentado por la IX Marcha Indígena al Gobierno, y que espera resolver durante
el diálogo convocado para este viernes en la región beniana de Chaparina, donde
el 25 de septiembre del año pasado los integrantes de la octava marcha fueron
violentamente atacados por efectivos policiales.
La empresa minera “tiene grupos
de choque en contra de las comunidades indígenas originarias de Mallku Quta. Se
obstaculiza cualquier diálogo para solucionar este problema entre la empresa y
las comunidades originarias que reclaman el derecho a la consulta previa”, dice
el documento que fue presentado ayer a la comunidad internacional por los
dirigentes del Conamaq que acompañan la IX marcha en defensa del Territorio
Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
Denunciaron que el tata mallku
Cancio Rojas Colque, uno de los dirigentes que se opone al proyecto minero, fue
“secuestrado” por efectivos policiales en la ciudad de La Paz y no lograron
ubicarlo en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). El director
de esa unidad policial, Roberto Campos, dijo que el Rojas está sindicado de ser
uno de los incitadores de la violencia en Mallku Quta y que fue entregado a la
Fiscalía de Distrito de Potosí.
Los indígenas de tierras altas
acusaron al Gobierno ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU de
entregar los “recursos naturales a empresas transnacionales” sin efectuar una
consulta previa a los pueblos originarios, por lo que piden que se rescinda el
contrato minero.
El Gobierno se defiende, empero,
con el argumento de que “estas concesiones se encuentran protegidas” por la
Constitución.
La FEDERACIÓN de TRABAJADORES
MINEROS TAMBIÉN PROTESTÓ POR EL PEDIDO DE LOS INDÍGENAS en sentido de ANULAR
LOS CONTRATOS MINEROS Y SOLICITÓ A LA COB QUE NO APOYE a la XI MARCHA.
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