ERBOL: El gobierno del
presidente Evo Morales, según denuncias de dirigentes indígenas, usó el
chantaje, una campaña millonaria por los medios de comunicación y la división de
las organizaciones indígenas para imponer la “consulta post” en el Territorio
Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) sobre la intangibilidad y la
construcción del tramo dos del proyecto carretero Villa Tunari – San Ignacio de
Moxos por el medio de esa reserva ecológica.
Ayer, el presidente de la Asamblea del Pueblo
Guaraní (APG), Faustino Flores, reveló en la reunión de las 26 capitanías de esa
organización indígena que fue chantajeado por el Primer Mandatario del Estado
para que firme la convocatoria a la Gran Asamblea Nacional de los Pueblos
Indígenas (GANPI) en la que se destituiría a Adolfo Chávez de la Presidencia de
la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y se elegiría a Melva
Hurtado en su lugar, a cambio Morales firmaría la resolución de designación del
guaraní David Zapata como Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Indígena,
Originario Campesino (FONDIOC).
La estrategia de dividir a los indígenas de
tierras bajas del oriente boliviano comenzó después de que la Asamblea
Legislativa Plurinacional aprobara la Ley 222 que promueve la consulta a
solicitud del CONISUR (Consejo Indígena del Sur), aliado del
gobierno.
Oromomo, lugar donde está previsto que se inicie
la “consulta post” al mediodía del domingo 29 de julio, fue la primera comunidad
del TIPNIS que visitó en marzo Morales llevando regalos y promesas de mejorar
las condiciones de vida de sus habitantes. Tras esa visita se conformó una
dirección paralela en la Subcentral de Sécure a la cabeza de Carlos Fabricano,
quien fue elegido por un sector de comunidades de ese lado del parque,
desconociendo así a Emilio Noza como presidente de esa
organización.
Días después algo similar ocurrió en la Central
de Pueblos Étnicos del Beni (CPMB), cuyas bases desconocieron a Pedro Vare por
transar con el gobierno un acuerdo programático sin consultar a los pueblos a
los que representa y en su lugar eligieron a Nazaret Flores, quien rechaza la
consulta post y está a favor de que la carretera no pase por la mitad del
TIPNIS.
A estos dos casos se suma lo ocurrido en la
Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) y la Central de Pueblos Nativos
Guarayos (COPNAG), en ambas sus dirigentes fueron desconocidos por sus bases
debido a que firmaron acuerdos con el gobierno para no participar de la IX
marcha.
La campaña mediática del gobierno se incrementó a
partir de marzo de este año, misma que sirvió para desacreditar a los dirigentes
indígenas que lideraron las dos últimas marchas en defensa del TIPNIS y para
mostrar los supuestos beneficios que iba a representar a las comunidades la
carretera por en medio de la reserva ecológica.
Hubo también publicaciones, como el folleto
“Atrapados en el Paraíso”, que afirma que en el TIPNIS hay sólo un bachiller,
que los niños mueren con picaduras de serpientes y que los indígenas viven en la
pobreza a falta de una carretera.
A esto se suma los regalos que llevó Morales y
sus ministros a varias comunidades del TIPNIS, como motores fuera de borda,
generadores de electricidad, material escolar, material deportivo,
carnetización, antenas parabólicas, entre otros.
Esta práctica fue cuestionada el 5 de julio por
el director de Consulta Previa del Ministerio colombiano del Interior, Rafael
Torres, quien fue traído por el gobierno boliviano para que intercambie
experiencias junto a un funcionario peruano.
En esa oportunidad, Torres dijo a Erbol que en su
país no se permite que haya donaciones directas a las comunidades ni antes ni
después de la consulta “porque eso interfiere en el consentimiento, interfiere
en la libre disertación del tema”.
Las veces que periodistas preguntaron a las
autoridades gubernamentales sobre el dinero que se gastó hasta ahora en la
campaña, visitas, sobrevuelos, propaganda, regalos y otros, siempre eludieron
hablar del tema o bien no tenían disponible esa información.
A estos gastos, se suma la inversión directa en
la consulta misma, que costará más de 10 millones de bolivianos, dinero
proveniente del Tesoro General de la Nación (TGN) y será administrado de manera
directa por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), entidad responsable del proceso
que comienza el próximo domingo en la comunidad de Oromomo.
También hubo sobrevuelos del presidente Evo
Morales junto a periodistas para tratar de convencer que la única alternativa
para el tramo dos de la cuestionada carretera Villa Tunari – San Ignacio de
Moxos era partiendo el Isiboro Sécure en dos, porque a su juicio la alternativa
de cambiar la ruta por un lado del parque era inviable debido a la existencia de
muchos ríos.
La Paz, 26 julio
2012
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