Organizaciones de periodistas y medios escritos rechazan la medida
Pagina Siete.- “El protocolo que diseñó el Órgano Ejecutivo para efectuar la consulta ‘previa’ en el TIPNIS prohíbe la difusión de ‘mensajes agresivos que atenten contra el clima de confianza (mutua)’”. Las organizaciones de periodistas y de prensa consideran que con esto nuevamente se está aplicando la censura a la información.
Toda información que se difunda en esta etapa (de consulta) debe coadyuvar en la generación de confianza mutua. Se prohíbe la difusión de mensajes agresivos que atenten contra el clima de confianza entre los sujetos e información que pretenda inducir decisiones en relación al proceso de consulta previa”, señala una de las partes de la propuesta de protocolo que es socializada por el Gobierno.
Para la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), esta negativa es una censura contra la libertad de expresión. “Es evidente que hay un intento flagrante de censura, implícitamente dirigido contra el trabajo periodístico y lamentablemente a través de un protocolo como el de referencia, que es sólo un reglamento de una ley”, declaró ayer el director ejecutivo de la ANP, Juan León.Para García Linera no hay censura
Toda información que se difunda en esta etapa (de consulta) debe coadyuvar en la generación de confianza mutua. Se prohíbe la difusión de mensajes agresivos que atenten contra el clima de confianza entre los sujetos e información que pretenda inducir decisiones en relación al proceso de consulta previa”, señala una de las partes de la propuesta de protocolo que es socializada por el Gobierno.
Para la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), esta negativa es una censura contra la libertad de expresión. “Es evidente que hay un intento flagrante de censura, implícitamente dirigido contra el trabajo periodístico y lamentablemente a través de un protocolo como el de referencia, que es sólo un reglamento de una ley”, declaró ayer el director ejecutivo de la ANP, Juan León.Para García Linera no hay censura
Lamentó que el Gobierno confunda la información, “que necesariamente tiene que ser objetiva y veraz” con propaganda o publicidad.
El presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Antonio Vargas, dijo a Página Siete que “el Gobierno está confundiendo lo que es propaganda con la libertad de información”.
“Ellos pudieran, en determinado momento, prohibir la propaganda a favor o en contra, pero de ninguna manera, eliminar el flujo informativo que va a reflejar el estado de situación. No se puede pretender guiar ni manipular la información so pretexto de que ésta estuviera induciendo alguna conducta porque en ese momento se está presuponiendo que el individuo al que le llegaba la información es susceptible a ser manejado”, señaló.
Por tanto, dijo que el sector al que representa rechazaba el tenor del protocolo y dijo manifestarse en contra “de todo control previo” a la emisión de una información porque “consideramos que esto es censura”.
El artículo 21 de la Constitución Política del Estado establece que los bolivianos tienen derecho a expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva y acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva.
Según Fernando Vargas, presidente de la Subcentral TIPNIS, todo lo que haga el Órgano Ejecutivo sobre el territorio indígena es nulo de pleno derecho porque el Tribunal Constitucional dictó una sentencia y la condicionó a que la Ley 222 tenga un consenso entre todas las comunidades del TIPNIS.
“Por lo tanto, todos los actos que el Gobierno haga tienen responsabilidades administrativas, civiles y penales porque va a empezar a invertir recursos por algo que no tiene legalidad ni es constitucional”, advirtió el dirigente indígena, quien está en Santa Cruz analizando las estrategias de defensa del TIPNIS.
El presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Antonio Vargas, dijo a Página Siete que “el Gobierno está confundiendo lo que es propaganda con la libertad de información”.
“Ellos pudieran, en determinado momento, prohibir la propaganda a favor o en contra, pero de ninguna manera, eliminar el flujo informativo que va a reflejar el estado de situación. No se puede pretender guiar ni manipular la información so pretexto de que ésta estuviera induciendo alguna conducta porque en ese momento se está presuponiendo que el individuo al que le llegaba la información es susceptible a ser manejado”, señaló.
Por tanto, dijo que el sector al que representa rechazaba el tenor del protocolo y dijo manifestarse en contra “de todo control previo” a la emisión de una información porque “consideramos que esto es censura”.
El artículo 21 de la Constitución Política del Estado establece que los bolivianos tienen derecho a expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva y acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva.
Según Fernando Vargas, presidente de la Subcentral TIPNIS, todo lo que haga el Órgano Ejecutivo sobre el territorio indígena es nulo de pleno derecho porque el Tribunal Constitucional dictó una sentencia y la condicionó a que la Ley 222 tenga un consenso entre todas las comunidades del TIPNIS.
“Por lo tanto, todos los actos que el Gobierno haga tienen responsabilidades administrativas, civiles y penales porque va a empezar a invertir recursos por algo que no tiene legalidad ni es constitucional”, advirtió el dirigente indígena, quien está en Santa Cruz analizando las estrategias de defensa del TIPNIS.
El vicepresidente Álvaro García Linera negó que el protocolo trate de coartar la libertad de expresión y explicó que lo que pretende es más bien apostar por un principio democrático como en las elecciones.
“La idea es que en la consulta, ni los que están a favor, ni en contra, hagan campaña; y que la gente, a través de su libre albedrío, defina el destino de su vida, de su familia y de su región. En el fondo, se trata de un principio democrático. No me gusta esa palabrita de coartar la libertad de expresión porque no lo es. Que no haya campaña en el día de tu votación”, reflexionó García Linera
Sin embargo, reconoció que no había leído el protocolo de la consulta “previa” y se comprometió a revisar su contenido.
La autoridad declaró que lo que el protocolo pretende es que la gente decida libremente qué es lo que tiene que suceder con su región, sin que haya una propaganda de por medio.
El protocolo prohíbe información agresiva e información que pretenda inducir decisiones en relación con el proceso de consulta.
Sin embargo, hasta ahora las entidades estatales están difundiendo, a través de los medios, el alcance del derecho a la consulta, el protocolo concertado, el cronograma de actividades, la importancia de la participación de las comunidades y la comunicación oficial para participar en la etapa de desarrollo del proceso de consulta “previa”.
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