LOS TIEMPOS
22/03/2019
Precedido por un contingente de 50 policías que desbloquearon el ingreso a la Reserva Natural de Flora y Fauna de Tariquía, el presidente de YPFB, Óscar Barriga, se reunió ayer con un grupo de comunarios, desconoció el acuerdo suscrito a principios de marzo y dio por iniciadas las obras de exploración en el lugar por parte de YPFB-Chaco y Petrobras.
Barriga, según reportaron a este medio periodistas del diario tarijeño El País, protagonizó una reunión en una cancha de la comunidad Chiquiacá Norte (en el interior de la reserva), a la que asistieron también el presidente de YPFB Chaco, Eduardo Paz; el viceministro de Desarrollo Hidrocarburífero, Carlos Quispe Lima, y el representante de Petrobras en Bolivia, Benicio Pompa Antunes.
La visita sorprendió a los comunarios, pues, de acuerdo al acta suscrita el pasado 1 de marzo, regía un cuarto intermedio hasta el próximo lunes. En ese lapso, las petroleras cesarían obras y se retirarían de la reserva, junto con los policías que los protegían, mientras que los comunarios que bloqueaban la ruta de ingreso contra los trabajos deponían sus medidas de presión.
Barriga, sin embargo, indicó ayer que él no firmó el documento; que los trabajos de exploración ya empezaron, aunque las petroleras no se encuentren físicamente en el lugar, y que para estas obras no se necesita el consentimiento de todos los comunarios de la reserva (que se extiende por tres municipios), sino sólo de quienes serán directamente afectados por las obras y cuyos representantes eran quienes se hallaban presentes en la reunión en el campo deportivo.
En Chiquiacá, los comunarios están divididos, pues unos temen que el proyecto tenga efectos nocivos sobre los ríos. La misma preocupación se extiende a otras comunidades que comparten aguas y a las que no se les ha consultado nada al respecto.
“Recibimos una vez más el apoyo total a nuestro trabajo por parte de comunarios que pertenecen a la zona de influencia del proyecto, que por ley son los únicos que tienen voz y voto para dar viabilidad o no al proyecto”, declaró, en tanto, el viceministro Quispe.
“Los comunarios de Loma Alta, que bloquearon el paso de las movilidades oficiales y de la prensa al lugar, no tienen facultades legales para oponerse al proyecto”, añadió.
Violencia
En la mañana, un grupo de 50 efectivos policiales, provistos de armas de fuego y gases, desbarató el bloqueo que el miércoles en la noche habían instalado los comunarios reacios a los proyectos hidrocarburíferos. Los policías, que decían responder a órdenes de La Paz, no consideraron que en el grupo se hallaran mujer con sus niños.
El Gobierno señaló que los uniformados sólo se hallaban allí para evitar enfrentamientos y negaron que se hubiera hecho daño alguno a los bloqueadores.
La presidenta de Derechos Humanos de Tarija, María Teresa Rojasme, denunció, por su parte, el atropello policial. “He sido empujada por los policías. Es humillante, han sobrepasado por mujeres niños y personas mayores”, contó a Radio Fides.
25 de marzo era la fecha fijada. Las partes en conflicto debían verse el lunes próximo, según acuerdo suscrito a principios de mes.
POBLADORES ADVIERTEN CON INICIAR PARO CÍVICO
Ante la irrupción de ayer por parte del Gobierno, el presidente del Comité Cívico de Tarija, Juan Carlos Ramos, anunció que convocará en próximas horas a un paro cívico departamental. “El Gobierno es mentiroso, no cumple la Constitución ni las normas vigentes”, dijo a Radio Fides.
La ejecutiva de la subcentral Tariquía, Paola Gareca, en tanto, lamentó que el Gobierno les haya pisoteado. “Hoy se adelantaron haciendo a puertas cerradas reuniones entre dos o tres personas, a espaldas de los demás”, dijo.
El gobernador Adrián Oliva condenó la intervención violenta de ayer y convocó a los tarijeños a la unidad por la reserva, según escribió en su cuenta Twitter.
El expresidente Carlos Mesa, en la misma red social, lamentó que el Gobierno haya sepultado su discurso ambientalista.
Barriga, según reportaron a este medio periodistas del diario tarijeño El País, protagonizó una reunión en una cancha de la comunidad Chiquiacá Norte (en el interior de la reserva), a la que asistieron también el presidente de YPFB Chaco, Eduardo Paz; el viceministro de Desarrollo Hidrocarburífero, Carlos Quispe Lima, y el representante de Petrobras en Bolivia, Benicio Pompa Antunes.
La visita sorprendió a los comunarios, pues, de acuerdo al acta suscrita el pasado 1 de marzo, regía un cuarto intermedio hasta el próximo lunes. En ese lapso, las petroleras cesarían obras y se retirarían de la reserva, junto con los policías que los protegían, mientras que los comunarios que bloqueaban la ruta de ingreso contra los trabajos deponían sus medidas de presión.
Barriga, sin embargo, indicó ayer que él no firmó el documento; que los trabajos de exploración ya empezaron, aunque las petroleras no se encuentren físicamente en el lugar, y que para estas obras no se necesita el consentimiento de todos los comunarios de la reserva (que se extiende por tres municipios), sino sólo de quienes serán directamente afectados por las obras y cuyos representantes eran quienes se hallaban presentes en la reunión en el campo deportivo.
En Chiquiacá, los comunarios están divididos, pues unos temen que el proyecto tenga efectos nocivos sobre los ríos. La misma preocupación se extiende a otras comunidades que comparten aguas y a las que no se les ha consultado nada al respecto.
“Recibimos una vez más el apoyo total a nuestro trabajo por parte de comunarios que pertenecen a la zona de influencia del proyecto, que por ley son los únicos que tienen voz y voto para dar viabilidad o no al proyecto”, declaró, en tanto, el viceministro Quispe.
“Los comunarios de Loma Alta, que bloquearon el paso de las movilidades oficiales y de la prensa al lugar, no tienen facultades legales para oponerse al proyecto”, añadió.
Violencia
En la mañana, un grupo de 50 efectivos policiales, provistos de armas de fuego y gases, desbarató el bloqueo que el miércoles en la noche habían instalado los comunarios reacios a los proyectos hidrocarburíferos. Los policías, que decían responder a órdenes de La Paz, no consideraron que en el grupo se hallaran mujer con sus niños.
El Gobierno señaló que los uniformados sólo se hallaban allí para evitar enfrentamientos y negaron que se hubiera hecho daño alguno a los bloqueadores.
La presidenta de Derechos Humanos de Tarija, María Teresa Rojasme, denunció, por su parte, el atropello policial. “He sido empujada por los policías. Es humillante, han sobrepasado por mujeres niños y personas mayores”, contó a Radio Fides.
25 de marzo era la fecha fijada. Las partes en conflicto debían verse el lunes próximo, según acuerdo suscrito a principios de mes.
POBLADORES ADVIERTEN CON INICIAR PARO CÍVICO
Ante la irrupción de ayer por parte del Gobierno, el presidente del Comité Cívico de Tarija, Juan Carlos Ramos, anunció que convocará en próximas horas a un paro cívico departamental. “El Gobierno es mentiroso, no cumple la Constitución ni las normas vigentes”, dijo a Radio Fides.
La ejecutiva de la subcentral Tariquía, Paola Gareca, en tanto, lamentó que el Gobierno les haya pisoteado. “Hoy se adelantaron haciendo a puertas cerradas reuniones entre dos o tres personas, a espaldas de los demás”, dijo.
El gobernador Adrián Oliva condenó la intervención violenta de ayer y convocó a los tarijeños a la unidad por la reserva, según escribió en su cuenta Twitter.
El expresidente Carlos Mesa, en la misma red social, lamentó que el Gobierno haya sepultado su discurso ambientalista.
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