Patético. La explotación del oro, con la presencia de empresas chinas y colombianas, en el norte de La Paz, ha desnudado una ausencia total del Estado.
El Dia, 22 de Mayo 2020
Los diferentes pueblos indígenas de la Amazonía del norte La Paz, Beni y Pando, entre ellos los Tacanas y Lecos, denuncian que, mientras la cuarentena sanitaria ha paralizado el país, paradójicamente las actividades extractivas, consistentes en la explotación del oro ejercitado por empresas chinas, no se detienen.
En las últimas horas, en contacto con El Día, la Organización del Pueblo Indígena Leco y la Comunidad Originaria de Larecaja (PIL.COL), ambas ubicadas en el norte del departamento de La Paz, informaron que uno de sus miembros fue obligado a salir de su comunidad, Santa Rosa de Canura, por la fuerte riada que ingresó a su territorio, como efecto de la incesante actividad minera que explota oro en la zona.
“Nos pone en riesgo, nuestras viviendas, la seguridad de nuestros hijos y nuestros cultivos, que andan ocasionando estas empresas chinas con representantes bolivianos como los señores Ismael Peralta, Rocío Luque Figueredo y Mario Orihuela, dañando la escuela, la cancha de fútbol, la capilla, el sistema de agua potable y el sistema eléctrico”, reza la denuncia firmada por Gloria Queqaño Lipa, Eusebio Villegas, Ever Gonzales, entre otros comunarios de Santa Rosa de Canura.
Un panorama doloroso. Adolfo Chávez, indígena Tacana y uno de los líderes de la COICA (Confederación de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica), de acuerdo a la información recogida de los comunarios Lecos, denunció graves avasallamientos de parte de los explotadores de oro, chinos, a su territorio.
“Estas personas, con representantes bolivianos, con el apoyo de algunos malos comunarios, han desplazado una treintena de maquinarias de empresas entre chinas y colombianas que explotan oro en toda la región amazónica del norte de La Paz. Y lo peor es que a esa actividad se prestan las autoridades locales y la misma Policía Nacional”, argumentó.
Gonzales, dirigente de la comunidad Santa Rosa, denunció que las personas como Rocio Luque Figueredo, que no es vecina en la comunidad se anda atribuyendo ser dueña de todo el pueblo.
“Nos dice que toda la comunidad donde habitamos le fue regalado por el Estado, haciendo trabajar a una empresa extranjera de origen chino, dañando el medio ambiente, destrozando nuestros cerros, contaminando nuestros ríos y expulsándonos de nuestras comunidades”, relató en contacto con El Día.
A su vez, Tomas Candia, máximo ejecutivo de la CIDOB (Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano), lamentó esta situación. “Mientras nosotros estamos en cuarentena, los chinos no han parado con la explotación en nuestro territorio. Estamos preocupados por ese tema, desde hace cinco años la situación se ha agravado en la zona, donde la presencia del Estado es nula. Eso es lamentable”, explicó.
Una situación invariable. El Día, a lo largo de estos años ha reflejado la situación difícil en el que se encuentran los pueblos indígenas y comunidades campesinas en toda la Amazonía de Bolivia, donde la explotación del “oro aluvial”, deja secuelas medioambientales irreversibles como ser la contaminación de los ríos Beni y Madre de Dios, como efecto de la mencionada actividad.
En los últimos años, según estudios de ONGs y denuncias de los pobladores de Teoponte, Guanay, Mapiri, entre otras comunidades sobre todo indígenas, la presencia de gigantes maquinarias chinas y colombianas se han multiplicado a un número difícil de cuantificar, sobre todo en las zonas de espesa selva y en los diversos afluentes que hacen al extenso río Beni.
Para los comunarios del municipio de Teoponte e indígenas Tacanas que también se encuentran a lo largo de los extensos parajes de sierra, selva y ríos, hacer frente a las empresas chinas y colombianas, se hace muy peligroso.
Admiten que por el desplazamiento de logística, de seguridad y por las concesiones que hacen las autoridades, no solo nacionales, sino locales a dicha actividad, los indígenas son objetos de constantes amedrentamientos y persecuciones en algunos casos.
“La contaminación de los ríos, como efecto del uso del mercurio en el proceso de amalgama y separación del oro, es tal que hoy es imposible poder pescar, porque cocinar y comer es un daño para la salud”, relata Chávez.
En las últimas horas, en contacto con El Día, la Organización del Pueblo Indígena Leco y la Comunidad Originaria de Larecaja (PIL.COL), ambas ubicadas en el norte del departamento de La Paz, informaron que uno de sus miembros fue obligado a salir de su comunidad, Santa Rosa de Canura, por la fuerte riada que ingresó a su territorio, como efecto de la incesante actividad minera que explota oro en la zona.
“Nos pone en riesgo, nuestras viviendas, la seguridad de nuestros hijos y nuestros cultivos, que andan ocasionando estas empresas chinas con representantes bolivianos como los señores Ismael Peralta, Rocío Luque Figueredo y Mario Orihuela, dañando la escuela, la cancha de fútbol, la capilla, el sistema de agua potable y el sistema eléctrico”, reza la denuncia firmada por Gloria Queqaño Lipa, Eusebio Villegas, Ever Gonzales, entre otros comunarios de Santa Rosa de Canura.
Un panorama doloroso. Adolfo Chávez, indígena Tacana y uno de los líderes de la COICA (Confederación de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica), de acuerdo a la información recogida de los comunarios Lecos, denunció graves avasallamientos de parte de los explotadores de oro, chinos, a su territorio.
“Estas personas, con representantes bolivianos, con el apoyo de algunos malos comunarios, han desplazado una treintena de maquinarias de empresas entre chinas y colombianas que explotan oro en toda la región amazónica del norte de La Paz. Y lo peor es que a esa actividad se prestan las autoridades locales y la misma Policía Nacional”, argumentó.
Gonzales, dirigente de la comunidad Santa Rosa, denunció que las personas como Rocio Luque Figueredo, que no es vecina en la comunidad se anda atribuyendo ser dueña de todo el pueblo.
“Nos dice que toda la comunidad donde habitamos le fue regalado por el Estado, haciendo trabajar a una empresa extranjera de origen chino, dañando el medio ambiente, destrozando nuestros cerros, contaminando nuestros ríos y expulsándonos de nuestras comunidades”, relató en contacto con El Día.
A su vez, Tomas Candia, máximo ejecutivo de la CIDOB (Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano), lamentó esta situación. “Mientras nosotros estamos en cuarentena, los chinos no han parado con la explotación en nuestro territorio. Estamos preocupados por ese tema, desde hace cinco años la situación se ha agravado en la zona, donde la presencia del Estado es nula. Eso es lamentable”, explicó.
Una situación invariable. El Día, a lo largo de estos años ha reflejado la situación difícil en el que se encuentran los pueblos indígenas y comunidades campesinas en toda la Amazonía de Bolivia, donde la explotación del “oro aluvial”, deja secuelas medioambientales irreversibles como ser la contaminación de los ríos Beni y Madre de Dios, como efecto de la mencionada actividad.
En los últimos años, según estudios de ONGs y denuncias de los pobladores de Teoponte, Guanay, Mapiri, entre otras comunidades sobre todo indígenas, la presencia de gigantes maquinarias chinas y colombianas se han multiplicado a un número difícil de cuantificar, sobre todo en las zonas de espesa selva y en los diversos afluentes que hacen al extenso río Beni.
Para los comunarios del municipio de Teoponte e indígenas Tacanas que también se encuentran a lo largo de los extensos parajes de sierra, selva y ríos, hacer frente a las empresas chinas y colombianas, se hace muy peligroso.
Admiten que por el desplazamiento de logística, de seguridad y por las concesiones que hacen las autoridades, no solo nacionales, sino locales a dicha actividad, los indígenas son objetos de constantes amedrentamientos y persecuciones en algunos casos.
“La contaminación de los ríos, como efecto del uso del mercurio en el proceso de amalgama y separación del oro, es tal que hoy es imposible poder pescar, porque cocinar y comer es un daño para la salud”, relata Chávez.
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