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https://www.youtube.com/watch?v=317DLep4WzM
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Dra. Mishkila Rojas
Abogada especialista
Relatoría de los Derechos de los Pueblos Indígenas
CIDH
Señores Relatoría de los Derechos de los Pueblos Indígenas:
Nosotros, pueblos indígenas, originarios y campesinos de Bolivia, y poblaciones urbanas que vivimos en zonas donde se realizan actividades mineras, nos encontramos en estado de emergencia por la situación crítica de afectación negativa a nuestra salud humana y ambiental.
Durante décadas hemos sido receptores de la contaminación minera, que degrada, contamina y destruye el agua, suelo, aire y nuestros medios de vida como la ganadería y la agricultura.
En los últimos años se ha generado evidencias de afectación a algo aún más importante para el Buen Vivir, nuestra salud. Una extensa cantidad de estudios ha observado la presencia de sustancias tóxicas como los metales pesados: mercurio, plomo, arsénico y cadmio en el cuerpo humano de la población local, quienes incluso no tenemos vínculo alguno con la actividad minera. Además, productores agrícolas, madres de familia y niños hemos reportado niveles peligrosos de elementos tóxicos en el cuerpo, situación que nos preocupa y aflige.
Frente a toda esta evidencia, denunciamos que:
1. El Estado boliviano no está asumiendo su rol de garante de derechos, por lo cual no esta optando medidas para garantizar nuestro derecho a un medioambiente sano.
2. El Estado boliviano, teniendo el conocimiento de que existe evidencia de presencia de metales pesados en el cuerpo humano de niños, niñas, mujeres, hombres; no está asumiendo medidas en políticas de salud, vulnerando nuestro derecho a la salud.
3. Hay una ausencia a nivel nacional de normativas y políticas públicas sobre planes especializados multisectoriales para la atención de personas afectadas por metales pesados y otras sustancias toxicas
Por todo ello, proponemos:
- Articularnos como pueblos afectados, a fin de generar un movimiento único con la finalidad de exigir la restitución de nuestros derechos constitucionales.
- La necesidad de activar mecanismos de denuncia a nivel internacional, como la CIDH, ante la ausencia de un Estado garante de derechos.
En este sentido, hacemos un llamado urgente a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que tome conocimiento de la
grave vulneración de derechos a pueblos indígenas ocasionadas por los impactos
mineros, instamos tomar medidas inmediatas y exija al Estado boliviano que
cumpla con su deber de protegernos y garantizar nuestros derechos
fundamentales. Nos referimos específicamente a nuestro derecho a vivir en un
medioambiente sano y nuestro derecho a la salud. El Estado tiene la
responsabilidad de ser el principal garante de nuestros derechos y debe asumir
su rol de protección.
Firman al pie los participantes del “Encuentro por el Derecho al Agua y Salud
frente a Impactos Mineros”, realizado en la ciudad de Oruro, Bolivia a los 26
días del mes de marzo de 2024.
El día martes 26 de marzo de 2024 en horas de la tarde se produce la ruptura del dique de colas de la empresa minera Sudamericana Andina EMSA, llegando en grandes caudales y volúmenes desechos mineros y esparciéndose por las calles, áreas verdes, a las casas de los vecinos de la zona Villa Socavón II e incluso llegando al al rio Cala Cala del cuartel que desemboca en los lagos Uru Uru y Poopó.