Un intenso lobby de la Gobernación de Beni se ha iniciado hace algunos meses para consolidar el proyecto carretero Villa Tunari – San Ignacio de Moxos a través del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), a esta campaña se le han unido recientemente la Alcaldía de Trinidad e instituciones como el Comité Cívico, así como la Cámara Agropecuaria de Beni. Este nuevo cabildeo que proviene de actores benianos, a diferencia del primer momento cuando fue impulsado directamente por Evo Morales, busca reinstalar el debate sobre la vía con un despliegue de imaginarios y discursos acerca de la subalternidad de Beni respecto a Santa Cruz, sentar presencia en los límites no definidos con Cochabamba, una élite agropecuaria beniana que busca inserción en mercados mediante un corredor bioceánico, y el novedoso dato sobre el reconocimiento oficial de la apertura ilegal de la vía por sus dos extremos, avance que –lejos de ser interpelado- reconfigura un nuevo escenario donde ya no es necesario “hacer” una carretera, sino que prácticamente la carretera “se hizo sola”.
Sobre el último punto, el gobernador de Beni, Alejandro Unzueta, afirmó en junio pasado en Moxos que “hay caminos, hay brechas” verificadas por esta institución mediante imágenes satelitales, así como videos “in situ” -como los grabados por un grupo de “motoqueros” que dicen haber atravesado el parque nacional-; actos que prueban a la autoridad que solo quedan “45 kilómetros que falta ampliar y después ya llegamos al[río] Ichoa que es Villa Tunari”. ¿Cómo podrían faltar 45 km de una carretera de más de 300 km, de los que al menos se pueden observar la falta de estudios, licencias y leyes específicas para los tramos III y II, que avasallan un parque nacional y una Tierra Comunitaria de Origen (TCO), además de atravesar una zona núcleo de un área protegida amparada por la Constitución Política del Estado y leyes nacionales?
