El investigador del Cedib, Marco Gandarillas, indicó que esos tres millones de hectáreas representan 17 por ciento del sistema nacional de áreas protegidas. “Es decir, cinco más de las que antes estaban comprometidas, (lo que significa que de) una superficie total del sistema nacional de áreas protegidas que abarca 18.2 millones de hectáreas, tres millones estarían afectadas por esta superposición de contratos o áreas hidrocarburíferas”, explicó.
Pero “desde nuestro punto de vista, (esas son) hasta ahora protegidas porque a través de estas políticas (del Gobierno), que van mucho más allá de este decreto (2366), dejan de ser áreas protegidas de conservación y se transforman en áreas hidrocarburíferas para la explotación de recursos petrolíferos o gasíferos”, sostuvo.
PAQUETE DE MEDIDAS
Señaló que el DS 2366 sólo forma parte de un paquete de medidas que tomó el Gobierno de Evo Morales para facilitar estas actividades y es en ese sentido que también emitieron otras normas como el decreto 2298 que recorta mucho el derecho a la consulta de los pueblos indígenas para la explotación y exploración, además del decreto 2368 referido a declarar los ductos para el transporte de hidrocarburos como una actividad de necesidad nacional.
“Todas estas medidas lo que hacen es dar una sentencia a las áreas protegidas, facilitar las actividades hidrocarburíferas, sin respetar criterios de conservación y los derechos que asisten a las comunidades y pueblos que también viven en áreas protegidas y fuera de ellas”, remarcó.
NEOLIBERALISMO
El pasado jueves, el presidente Evo Morales indicó que junto al vicepresidente Álvaro García revisaron datos y constaron que “las llamadas reservas forestales han sido creadas desde el imperio norteamericano y ahora (las mismas) se convirtieron como intocables e intangibles”. Asimismo manifestó que “los países del norte quieren que nosotros seamos sus guardabosques (porque) ellos destrozaron su medioambiente y (ahora quieren que) nosotros se lo cuidemos”.
AMENAZA
Pero Morales no se quedó ahí y advirtió –durante el anuncio del descubrimiento de un nuevo reservorio petrolífero en Yapacaní– que expulsará del país a cualquier Organización No Gubernamental (ONG) o fundación que intente perjudicar la exploración de hidrocarburos en el país.
“No es posible que algunas ONG, algunas fundaciones manden o decidan a nombre del movimiento indígena, no comparto. Quiero decirles que cualquier ONG o fundación que perjudique la exploración de los recursos naturales se va a ir de Bolivia. No necesitamos instituciones del extranjero que vengan a perjudicarnos”, aseveró entonces.
HISTÓRICO
Sin embargo, Gandarillas afirmó que antes, el Estado boliviano ya amplió la frontera hidrocarburífera como nunca antes en la historia del país y es así que pasamos de tres millones de hectáreas dedicadas a la explotación y exploración, a más de 24 millones de hectáreas. “Es una superficie nunca antes vista en nuestra historia, que compromete áreas protegidas y áreas urbanas”, sostuvo.
ÁREAS COMPROMETIDAS
- 90% de la superficie de Iñao sería comprometida. Esta área protegida está afectada por contratos suscritos con la empresa francesa Total y la empresa rusa Gazprom.
- El área protegida Tariquia también estaría afectada en un 55% de su superficie con contratos con la empresa brasileña Petrobras y la británica British Gas.
- El Aguaragüe, que es muy importante en el Chaco boliviano por la regulación del sistema hídrico que alberga, está afectado en un 72.5% con varios contratos con YPFB Chaco, Petroandina SA y con la empresa china Eastern Petroleum & Gas.
- El Pilón Lajas afectada en el 85.5% de su superficie a través de los contratos con Petrobras y Repsol.
El Madidi con 75.5% mediante los acuerdos con Petrobras, Repsol y Petroandina.
- El Tipnis, que es una zona de gran debate nacional, en 35% de su superficie con Petroandina y Petrobras.
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