INDIGENAS ALISTAN JUICIO POR CHAPARINA

Imagen archivo- peridoico El Deber

Los Tiempos.- Fue la gota que colmó el vaso. Para los indígenas que sufrieron la violenta represión policial de Chaparina, en septiembre de 2011, el reciente ascenso de José Luis Ponce como fiscal de distrito de La Paz es un revés a sus aspiraciones de justicia. Ponce el encargado de dicha investigación y, a 14 meses del hecho, el proceso no supera la etapa preparatoria.

Así lo confirmaron ayer Celso Padilla, expresidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), y Rafael Quispe, extitular del Consejo Nacional de Ayllus y Marqas del Qollasuyo (Conamaq), que fueron afectados por la refriega y que ahora han

anunciado una querella contra el Estado boliviano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violación de derechos humanos, secuestro, vejaciones y torturas y retardación de justicia.

Voceros del Gobierno dicen que nada tuvo que ver la actuación de Ponce en el caso Chaparina para designación como fiscal. “Es algo fuera de contexto decir que tenemos injerencia en la Fiscalía”, dijo el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, que, por otra parte, admitió que no sabe nada sobre el esclarecimiento de ese caso.

Para los indígenas, en cambio, este nombramiento no es casual y se constituye en un “premio” por haber excluido de la causa al exministro de Gobierno Sacha Llorenti, acusado de haber sido autor intelectual del ataque policial de Chaparina y que hoy ostenta el cargo de embajador de Bolivia ante la ONU, con oficinas en EEUU.

“La justicia boliviana no da buenas señales, así que iremos ante la CIDH”, expresó Quispe. El exlíder de Conamaq explicó que alistan el trámite internacional para que, una vez vencido el plazo de investigación de 18 meses que fija el Código Penal, se eleve una demanda.

“La justicia está politizada”, sostiene Padilla, que trabaja con Quispe.

ANTECEDENTES

• El 25 de septiembre de 2011, la VIII marcha indígena, que se opuso a abrir una carretera por el Tipnis, es reprimida por 500 policías en Chaparina. El Gobierno niega responsabilidades.

• Los indígenas y el líder del MSM, Juan del Granado, presentaron denuncias, por separado, contra funcionarios de Gobierno.

• El fiscal general Mario Uribe excluyó del juicio al Presidente y al Vicepresidente. En septiembre, el exministro de Gobierno Sacha Llorenti fue sacado de la investigación por el fiscal José Luis Ponce.