EL PAÍS: Mañana, 7 de octubre, la empresa minera Santiago Apóstol debe presentar en la secretaría de la Madre Tierra en Potosí el informe detallado de los trabajos de limpieza luego de que en el mes de julio un “sifonamiento” en el dique de colas de dicha empresa causara el pánico en toda la cuenca del Pilcomayo.
En Villa Montes (Tarija) ya dieron por perdida la campaña de pesca del sábalo que se arruinó antes de que se abriera una veda cada vez más intrascendente por los problemas aguas arriba y aguas abajo. En las crestas andinas, la mina condiciona la vida de todos los habitantes y la transformación se ve, simplemente, como un imposible. De salud no se habla. En Santiago Apóstol, el hoyo sigue visible mientras los operarios se afanan en la limpieza del río, a pesar de que las empresas próximas ya han empezado a operar y por tanto, a verter sus aguas al río. La impunidad campea en las minas, impunidad que se cuela entre las rendijas de la burocracia.
En Villa Montes (Tarija) ya dieron por perdida la campaña de pesca del sábalo que se arruinó antes de que se abriera una veda cada vez más intrascendente por los problemas aguas arriba y aguas abajo. En las crestas andinas, la mina condiciona la vida de todos los habitantes y la transformación se ve, simplemente, como un imposible. De salud no se habla. En Santiago Apóstol, el hoyo sigue visible mientras los operarios se afanan en la limpieza del río, a pesar de que las empresas próximas ya han empezado a operar y por tanto, a verter sus aguas al río. La impunidad campea en las minas, impunidad que se cuela entre las rendijas de la burocracia.
Potosí y la Ley minera
Media tarde en Cantumarca, el ocre pesa en la vista, el sol brilla. Primer viernes de primavera, último de septiembre, calor en Potosí y día de cobro. La última de las empresas cerveceras de capital nacional no dará abasto. Lo de la cerveza al tiempo es más necesidad que costumbre dada la capacidad frigorífica. A unas cuantas cuadras de las bocaminas se impone la ley. Potosí es ciudad con ley, pero ley minera.
Aproximadamente 70 mil personas viven directamente del Cerro Rico, el resto de forma indirecta de alguna manera. La que fuera la urbe más grande de Bolivia y del continente se mueve al ritmo que marcan los mercados de la plata, el estaño y el zinc en el London Metal Exchange (LME).
En Mallku Khota, recuerda el presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Jhonny Llally Huata, “hay tres veces más mineral que el que había en el Cerro Rico, que se lleva explotando 500 años, pero no importa”. Lo importante es el hoy. En la ciudad que no fue fundada, medio milenio después, dinamita, mechero y la lógica ultracapitalista de maximización de beneficios mandan y las empresas e ingenios la aplican sin excepción.
La secretaría de la Madre Tierra potosina está abierta en la calle La Paz, una de esas transversales que miran al Cerro que todo lo mira en la parte alta de la ciudad, en un edificio medio desvencijado donde la gente entra y sale trayendo y llevando informes y pedidos. Los funcionarios hablan fuerte y las telefonistas sonríen. La secretaria es una joven ingeniera, quizá la única con arrestos para dirigir la institución más denostada en la ciudad minera. Ivana Bellido lo sabe y lo asume. “Sifonamiento; no rotura, no colapso, no desborde”, repite mecánicamente y sonriendo antecediendo su respuesta a la pregunta que le han realizado una y otra vez en los tres meses que han pasado desde que la mina Santiago Apóstol apareciera en todas las portadas del país.
La diplomacia minera se aprende en la calle, o en la mina, el número total de empresas que operan es casi un tabú. “A nivel departamental… ciento… (dudas) Lo que le voy a decir es que del total, el 27 por ciento tiene licencia ambiental”, señala Bellido.
Aproximadamente 70 mil personas viven directamente del Cerro Rico, el resto de forma indirecta de alguna manera. La que fuera la urbe más grande de Bolivia y del continente se mueve al ritmo que marcan los mercados de la plata, el estaño y el zinc en el London Metal Exchange (LME).
En Mallku Khota, recuerda el presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Jhonny Llally Huata, “hay tres veces más mineral que el que había en el Cerro Rico, que se lleva explotando 500 años, pero no importa”. Lo importante es el hoy. En la ciudad que no fue fundada, medio milenio después, dinamita, mechero y la lógica ultracapitalista de maximización de beneficios mandan y las empresas e ingenios la aplican sin excepción.
La secretaría de la Madre Tierra potosina está abierta en la calle La Paz, una de esas transversales que miran al Cerro que todo lo mira en la parte alta de la ciudad, en un edificio medio desvencijado donde la gente entra y sale trayendo y llevando informes y pedidos. Los funcionarios hablan fuerte y las telefonistas sonríen. La secretaria es una joven ingeniera, quizá la única con arrestos para dirigir la institución más denostada en la ciudad minera. Ivana Bellido lo sabe y lo asume. “Sifonamiento; no rotura, no colapso, no desborde”, repite mecánicamente y sonriendo antecediendo su respuesta a la pregunta que le han realizado una y otra vez en los tres meses que han pasado desde que la mina Santiago Apóstol apareciera en todas las portadas del país.
La diplomacia minera se aprende en la calle, o en la mina, el número total de empresas que operan es casi un tabú. “A nivel departamental… ciento… (dudas) Lo que le voy a decir es que del total, el 27 por ciento tiene licencia ambiental”, señala Bellido.
Potosí y las bombas de tiempo
En Potosí, las quebradas no tienen nombre, sino que lo adoptan del lugar minero que los explota, como Cantumarca o Colavi. En algún momento esos ríos se convierten en Pilcomayo, que en verano es el segundo río que arrastra más sedimento del mundo luego del Yang Tsé, y que luego de despeñarse por la cordillera a toda velocidad llega a la llanura chaqueña, que durante milenios ha moldeado a su antojo siguiendo los dictados de la naturaleza, depositando nutrientes en el segundo ecosistema más importante de Sudamérica luego del Amazonas que es también el bosque seco más grande del mundo. Los expertos ambientales aguas abajo advierten que las leyes de la naturaleza empiezan a transformarse por la acción humana, aguas arriba no hay más que acercarse a una de las quebradas y oler.
“Hace falta tener un estudio de metales pesados a lo largo de todo el cauce para luego poder estudiar sus efectos, de momento no hay – señala Iván Arnold, director de la Fundación Nativa – Para los que consumimos pescado tres, cuatro o cinco veces por temporada posiblemente no haya mayor problema, pero para aquellos que viven directamente de él, sería necesario estudiarlo”.
Los ingenieros ambientales en Potosí, donde hay casi tantos como ingenieros mineros, hablan solo si se respeta su anonimato, y aún con todo, guardan más de lo que hablan. “A los minerales, después de la trituración se les añaden floculantes y espumantes que generalmente son sulfatos, sulfatos de cobre, xantato y cianuro. Con eso se van a una piscina, se le tiene que hacer un tratamiento químico y físico a veces, en el caso de que queden sólidos, después de ese tratamiento recién son soltados al río” advierte una de ellas en las proximidades del dique de San Antonio.
San Antonio es la nueva bomba de tiempo a punto de estallar, el dique construido por la Asociación de Ingenios Mineros de Potosí que agrupa a la mayoría de los que operan en la capital. Amos y señores del destino de la misma que controlan casi por igual el Comité Cívico como la Federación de Empresarios y el resto de instituciones.
“Sí, este dique debe tener una piscina, pero no sé bien dónde está, habría que preguntarle al gerente de la asociación”, señala la ingeniera mientras se escabulle camino arriba.
La vida útil de San Antonio ha sido “actualizada” hasta 2015, pero ni la secretaría de la Madre Tierra ni la Asociación de Ingenios tiene una solución alternativa en el corto plazo. “Es la asociación la que debe entregar sus estudios (TESA –Técnico Económico Social y Ambiental) al Ministerio de Medio Ambiente, no aquí”, señala Bellido.
Solo unos 500 metros más arriba de Laguna Pampa, donde se instala el dique de San Antonio, quedan las dos moles que la explotación minera de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) durante la segunda mitad del siglo XX (aunque se venían depositando colas desde siempre) dejó en la ciudad como monumentos no oficiales a la vergüenza y que se convierten en una amenaza permanente a la salud de los potosinos. El destino de los diques de San Miguel, hoy, no parece ser otro que la propia desaparición por erosión, por la acción del viento y de las lluvias. “Deberían sellarlos o reutilizarlos, había una empresa china que lo iba a mover, pero nada”, asegura el presidente del Comité Cívico Potosinista, Jhonny Llally Huata. El residuo sólido depositado va, de a poco, suspendiéndose en el aire y entrando en contacto con los vecinos potosinos. No hay estudios sobre el impacto en la salud. El Hospital Bracamonte, el más grande en Potosí, se encuentra en la zona de influencia.
“Hace falta tener un estudio de metales pesados a lo largo de todo el cauce para luego poder estudiar sus efectos, de momento no hay – señala Iván Arnold, director de la Fundación Nativa – Para los que consumimos pescado tres, cuatro o cinco veces por temporada posiblemente no haya mayor problema, pero para aquellos que viven directamente de él, sería necesario estudiarlo”.
Los ingenieros ambientales en Potosí, donde hay casi tantos como ingenieros mineros, hablan solo si se respeta su anonimato, y aún con todo, guardan más de lo que hablan. “A los minerales, después de la trituración se les añaden floculantes y espumantes que generalmente son sulfatos, sulfatos de cobre, xantato y cianuro. Con eso se van a una piscina, se le tiene que hacer un tratamiento químico y físico a veces, en el caso de que queden sólidos, después de ese tratamiento recién son soltados al río” advierte una de ellas en las proximidades del dique de San Antonio.
San Antonio es la nueva bomba de tiempo a punto de estallar, el dique construido por la Asociación de Ingenios Mineros de Potosí que agrupa a la mayoría de los que operan en la capital. Amos y señores del destino de la misma que controlan casi por igual el Comité Cívico como la Federación de Empresarios y el resto de instituciones.
“Sí, este dique debe tener una piscina, pero no sé bien dónde está, habría que preguntarle al gerente de la asociación”, señala la ingeniera mientras se escabulle camino arriba.
La vida útil de San Antonio ha sido “actualizada” hasta 2015, pero ni la secretaría de la Madre Tierra ni la Asociación de Ingenios tiene una solución alternativa en el corto plazo. “Es la asociación la que debe entregar sus estudios (TESA –Técnico Económico Social y Ambiental) al Ministerio de Medio Ambiente, no aquí”, señala Bellido.
Solo unos 500 metros más arriba de Laguna Pampa, donde se instala el dique de San Antonio, quedan las dos moles que la explotación minera de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) durante la segunda mitad del siglo XX (aunque se venían depositando colas desde siempre) dejó en la ciudad como monumentos no oficiales a la vergüenza y que se convierten en una amenaza permanente a la salud de los potosinos. El destino de los diques de San Miguel, hoy, no parece ser otro que la propia desaparición por erosión, por la acción del viento y de las lluvias. “Deberían sellarlos o reutilizarlos, había una empresa china que lo iba a mover, pero nada”, asegura el presidente del Comité Cívico Potosinista, Jhonny Llally Huata. El residuo sólido depositado va, de a poco, suspendiéndose en el aire y entrando en contacto con los vecinos potosinos. No hay estudios sobre el impacto en la salud. El Hospital Bracamonte, el más grande en Potosí, se encuentra en la zona de influencia.
A puntitas del cielo
A una media hora de la capital por la carretera a Sucre, al otro lado del desvío a Chaquí se abre un camino blanco y ancho, inusitadamente ancho para las costumbres, que remonta el río y se adentra a un valle saltando lomas. A los pocos kilómetros ya se aprecia el color naranja – óxido entre las rocas depositadas, entre los pequeños charcos. “Bienvenido a Colavi”, bromea el chofer.
La Fundación Nativa ya relató en un documental a finales de julio la realidad de las pequeñas comunidades a orillas de ese río naranja. Sin verduras, sin producción, allí donde el río es muerte y las pocas quebradas que quedan sanas se convierten en objeto de codicia.
El camino sigue girando, enrevesado, saltando lomas y vaguadas e incluso una tranca, que lleva un control exquisito del número de camiones que transitan por allí y que más tarde se traducirán en facturas para el correcto mantenimiento del propio camino.
En muchos de estos valles potosinos, todavía hay pelea para colocar como candidato a diputado uninominal a un minero o a un comunario. En Colavi ya no. Once empresas explotan las riquezas de ese valle donde se ocupan a tiempo completo el 100 por ciento de los pocos comunarios que quedan y a tiempo parcial los pocos jóvenes que lograron salir a la ciudad para estudiar, pero que retornan cada fin de semana para meterse en las entrañas de la montaña y financiarse los estudios.
Canutillos aparece hora y media después, en mitad de la nada, muy cerca del cielo, al pasar una loma a orillas de otra quebrada sin nombre. Hasta allí han llegado cientos de vehículos en los últimos meses y solo unas pocas ONG han logrado traspasar las puertas de la minera Santiago Apóstol, gestionada por bolivianos y objeto de la polémica tras “el sifonamiento” del dique de colas. Cuando saltó la polémica todas las empresas de la zona dejaron de operar por prohibición expresa, pero en estos lares manda la mina.
“De las 11 empresas, tres tienen licencia ambiental. Ellas han parado mes y medio y después se ha hecho un compromiso con la Federación de Cooperativas mineras, el Ministerio de Minería, la comunidad y autoridades originarias y la secretaría. Se han dado tiempos para que se adecúen de acuerdo a su manifiesto ambiental y hagan algunas tareas que deben de hacer como canales para evitar que ingrese el agua a los diques, mejorar los diques… cada gerente propietario tiene cierto tiempo para adecuar sus infraestructuras de acuerdo a los informes técnicos. Entonces ellos tienen un plazo de seis meses que es un plazo prudente para obtener su licencia ambiental”, señala la secretaria de la Madre Tierra, Ivana Bellido.
Canutillos tiene aspecto de pueblo de luto, aunque los pobladores han encontrado otros agujeros donde meterse. El pueblo es un campamento minero con una cancha de fútbol y paja brava, apenas un grupo de mujeres salen al encuentro del repartidor cervecero. Santiago Apóstol tiene sus puertas abiertas, pero el paso es prohibido. “Se han dicho muchas cosas que no tienen nada que ver”, dice uno de los operarios de la minera Santiago Apóstol que prefiere no identificarse.
Al frente de la paralizada Santiago Apóstol, una empresa minera china ya ha reanudado operaciones sin haber realizado ninguna mejora a sus diques. A simple vista se ve cómo sus residuos han invadido el lecho del río. “A ellos no les dicen nada, pero no tienen ninguna medida de seguridad”, dice el operario. Según su versión, en su ingenio han realizado todas las inversiones de mejora y se ha concluido la limpieza (el informe debe presentarse mañana 7 de octubre) y apela a la casualidad como origen del desastre. “Nosotros hemos cumplido, siempre hemos cumplido, pero ¿qué podemos hacer?”.
La Fundación Nativa ya relató en un documental a finales de julio la realidad de las pequeñas comunidades a orillas de ese río naranja. Sin verduras, sin producción, allí donde el río es muerte y las pocas quebradas que quedan sanas se convierten en objeto de codicia.
El camino sigue girando, enrevesado, saltando lomas y vaguadas e incluso una tranca, que lleva un control exquisito del número de camiones que transitan por allí y que más tarde se traducirán en facturas para el correcto mantenimiento del propio camino.
En muchos de estos valles potosinos, todavía hay pelea para colocar como candidato a diputado uninominal a un minero o a un comunario. En Colavi ya no. Once empresas explotan las riquezas de ese valle donde se ocupan a tiempo completo el 100 por ciento de los pocos comunarios que quedan y a tiempo parcial los pocos jóvenes que lograron salir a la ciudad para estudiar, pero que retornan cada fin de semana para meterse en las entrañas de la montaña y financiarse los estudios.
Canutillos aparece hora y media después, en mitad de la nada, muy cerca del cielo, al pasar una loma a orillas de otra quebrada sin nombre. Hasta allí han llegado cientos de vehículos en los últimos meses y solo unas pocas ONG han logrado traspasar las puertas de la minera Santiago Apóstol, gestionada por bolivianos y objeto de la polémica tras “el sifonamiento” del dique de colas. Cuando saltó la polémica todas las empresas de la zona dejaron de operar por prohibición expresa, pero en estos lares manda la mina.
“De las 11 empresas, tres tienen licencia ambiental. Ellas han parado mes y medio y después se ha hecho un compromiso con la Federación de Cooperativas mineras, el Ministerio de Minería, la comunidad y autoridades originarias y la secretaría. Se han dado tiempos para que se adecúen de acuerdo a su manifiesto ambiental y hagan algunas tareas que deben de hacer como canales para evitar que ingrese el agua a los diques, mejorar los diques… cada gerente propietario tiene cierto tiempo para adecuar sus infraestructuras de acuerdo a los informes técnicos. Entonces ellos tienen un plazo de seis meses que es un plazo prudente para obtener su licencia ambiental”, señala la secretaria de la Madre Tierra, Ivana Bellido.
Canutillos tiene aspecto de pueblo de luto, aunque los pobladores han encontrado otros agujeros donde meterse. El pueblo es un campamento minero con una cancha de fútbol y paja brava, apenas un grupo de mujeres salen al encuentro del repartidor cervecero. Santiago Apóstol tiene sus puertas abiertas, pero el paso es prohibido. “Se han dicho muchas cosas que no tienen nada que ver”, dice uno de los operarios de la minera Santiago Apóstol que prefiere no identificarse.
Al frente de la paralizada Santiago Apóstol, una empresa minera china ya ha reanudado operaciones sin haber realizado ninguna mejora a sus diques. A simple vista se ve cómo sus residuos han invadido el lecho del río. “A ellos no les dicen nada, pero no tienen ninguna medida de seguridad”, dice el operario. Según su versión, en su ingenio han realizado todas las inversiones de mejora y se ha concluido la limpieza (el informe debe presentarse mañana 7 de octubre) y apela a la casualidad como origen del desastre. “Nosotros hemos cumplido, siempre hemos cumplido, pero ¿qué podemos hacer?”.
Impunidad entre el vacío legal y déficit de personal
Durante siglos, las colas mineras fueron depositadas de forma directa en el río. Luego se depositaron en diques, incluso con geo membranas. Hoy, la tendencia es que los ingenios realicen sus propios circuitos cerrados de suministro de agua, de forma que se reutilice y no entre en contacto con el cauce del río, pero esto solo es para nuevos ingenios.
Mientras tanto, la burocracia se apodera de un sector que aprovecha la debilidad institucional para imponer su ley. Solo el 27 por ciento de las empresas mineras funciona con la correcta licencia ambiental, lo que no implica que cumpla con lo que allí ha descrito. La propia secretaria de la Madre Tierra, Ivana Bellido, explica las falencias.
El País eN.- ¿Cuál cree que debería ser la estrategia interinstitucional para combatir la contaminación minera?
Ivana Bellido (IB).- Lo primero, conminar a la empresas a que saquen sus licencias y que tengan un buen manejo. Teniendo ya su manifiesto ambiental que es como una declaración jurada ellos están conminados a cumplirlos, porque es una declaración que incorpora monitoreos..
EPeN.- Hay que tenerlos y hacerlos cumplir, ¿Cómo es posible que tantas empresas operen sin licencia?
IB.- Sin licencia… el otro problema es que unos trabajan ilegalmente, una minoría que si trabaja con sus licencias y hay otros que sí han presentado sus licencias a La Paz, pero no le han dado el seguimiento, sólo han entregado el documento pero no le han dado el seguimiento. Hay varios tiempos en la Ley que se deben de cumplir, pero no se han cumplido, entonces se debe reiniciar el trámite.
EPeN.- ¿Quién debe hacer el seguimiento?
IB.- Después de que ellos obtienen la licencia ambiental, el ministerio nos manda una copia y entonces nosotros vemos al hacer las inspecciones vemos el plan y si realmente cumplen, hacemos un informe técnico para notificar a la empresa, con ciertos tiempos y ellos cumplen o no.
EPeN.- ¿Cuáles son las sanciones?
IB.- Las sanciones de las empresas que no tienen licencia ambiental es el tres por mil, y de las que causan impacto y se les ha mandado muchas veces, se les hace un proceso administrativo revocando la licencia.
Mientras tanto, la burocracia se apodera de un sector que aprovecha la debilidad institucional para imponer su ley. Solo el 27 por ciento de las empresas mineras funciona con la correcta licencia ambiental, lo que no implica que cumpla con lo que allí ha descrito. La propia secretaria de la Madre Tierra, Ivana Bellido, explica las falencias.
El País eN.- ¿Cuál cree que debería ser la estrategia interinstitucional para combatir la contaminación minera?
Ivana Bellido (IB).- Lo primero, conminar a la empresas a que saquen sus licencias y que tengan un buen manejo. Teniendo ya su manifiesto ambiental que es como una declaración jurada ellos están conminados a cumplirlos, porque es una declaración que incorpora monitoreos..
EPeN.- Hay que tenerlos y hacerlos cumplir, ¿Cómo es posible que tantas empresas operen sin licencia?
IB.- Sin licencia… el otro problema es que unos trabajan ilegalmente, una minoría que si trabaja con sus licencias y hay otros que sí han presentado sus licencias a La Paz, pero no le han dado el seguimiento, sólo han entregado el documento pero no le han dado el seguimiento. Hay varios tiempos en la Ley que se deben de cumplir, pero no se han cumplido, entonces se debe reiniciar el trámite.
EPeN.- ¿Quién debe hacer el seguimiento?
IB.- Después de que ellos obtienen la licencia ambiental, el ministerio nos manda una copia y entonces nosotros vemos al hacer las inspecciones vemos el plan y si realmente cumplen, hacemos un informe técnico para notificar a la empresa, con ciertos tiempos y ellos cumplen o no.
EPeN.- ¿Cuáles son las sanciones?
IB.- Las sanciones de las empresas que no tienen licencia ambiental es el tres por mil, y de las que causan impacto y se les ha mandado muchas veces, se les hace un proceso administrativo revocando la licencia.
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