LA RAZÓN: La fiebre del oro cunde en Arcopongo. Y no mide consecuencias. El cantón paceño se convirtió en el camposanto de tres víctimas de esta euforia por el “metal del diablo” que desde hace un par de años trae bendiciones para los lugareños y los inmigrantes, sobre todo económicas, aunque también maldiciones, como la última que llegó la segunda quincena de mayo.
Esa maldición cayó sobre Rogelia Quispe Bautista y su familia, y se materializó en un nicho con un promontorio de piedras y de tierra que se encuentra a dos cuadras de la plaza de la comunidad Siquimirani, en un pequeño cementerio donde yacen los restos de Antonio Flores Calle,
uno de los tres muertos por las disputas entre pobladores y la Cooperativa Minera Aurífera Ullakaya Condorini por la explotación del oro que corre por las aguas del río Chaquety, en ese territorio incrustado en el municipio Inquisivi, en la provincia del mismo nombre. La tumba no tiene epitafio, solo unas flores marchitas la acompañan.
uno de los tres muertos por las disputas entre pobladores y la Cooperativa Minera Aurífera Ullakaya Condorini por la explotación del oro que corre por las aguas del río Chaquety, en ese territorio incrustado en el municipio Inquisivi, en la provincia del mismo nombre. La tumba no tiene epitafio, solo unas flores marchitas la acompañan.
La noticia del saldo fatal del domingo 18 de mayo se propagó recién desde la jornada siguiente. La lejanía del lugar evitaba tener certeza sobre las denuncias de uno, dos, tres decesos. Por ello, una comisión dirigida por el gobernador César Cocarico, junto a medio centenar de policías, dos fiscales y un médico forense partió de la ciudad de La Paz a Arcopongo, a unas 15 horas de viaje en vehículo. Eso sí, el primer veredicto oficial señaló que no había ninguna licencia otorgada por la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) para la extracción del metal en esa área del sudeste paceño.
Las pesquisas preliminares apuntaron a Ullakaya Condorini, que resultó acusada de avasallamientos y de contar con personería jurídica para operar solo en la provincia Bautista Saavedra, colindante con Inquisivi. El alegato de sus abogados indicó que fue la pionera en el trámite de un permiso para la explotación en la región. Más todavía, anunciaron dos juicios contra un viceministro, un asambleísta departamental y dos diputadas del Movimiento Al Socialismo (MAS) por los fallecimientos y por favorecer a arcopongueños para que logren rápidamente una personería que les permita sacar oro en el sitio; algo negado por los aludidos.
El viernes 23 se aclaró la situación, tras el retorno de la comitiva liderada por Cocarico, quien responsabilizó a Ullakaya Condorini por la violencia. Según las indagaciones, el conflicto germinó el jueves 15, con la avanzada de un contingente de al menos 100 personas, algunas con armas de fuego, que sembraron temor y quemaron casas en las comunidades La Plaza, Palma Flor y La Plaza B, principalmente. Hay denuncias de que antes trasladaron provisiones y gasolina en un helicóptero contratado en Santa Cruz. O sea tuvieron apoyo por aire y por tierra para ahuyentar del Chaquety a su competencia.
Justicia. Los proyectiles dejaron tres víctimas fatales. El deceso de Flores fue confirmado: recibió un balazo en la rodilla y su organismo no pudo aguantar el desangramiento. Igualmente se oficializó la muerte de Mario Villegas Guarachi, quien estaba maniatado. Ambos vivían en Palma Flor. Y se halló un tercer cadáver, de Gonzalo Cabrera Huanca, trabajador de Ullakaya Condorini. La investigación continúa. Lo único claro es que el zafarrancho se desató por la guerra entre cooperativas y empresas unipersonales que pugnan por la riqueza aurífera local.
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