El documento presentado establece que el artículo 23 de la norma cuestionada define como competencia exclusiva del nivel central del Estado la creación de empresas públicas mineras cuando la Constricción Política del Estado habla de la explotación, industrialización y transporte de minerales a través de entidades públicas cooperativas o comunitarias, las que a su vez podrán contratar a empresas privadas y constituir empresas mixtas.
Se cuestionó que con la ley minera se estaría marginando a los municipios y gobiernos departamentales del proceso productivo minero limitando su participación a la etapa de la industrialización que es la que es menos frecuente.
También se observó la transferencia del 10 por ciento de las regalías departamentales al Servicio Geológico Minero (Sergeomin), lo cual constituye una tácita descapitalización de las entidades públicas de la autonomía departamental y que es cuestionado por la sociedad civil.
La presentación del petitorio contó con el concurso de delegados de diferentes organizaciones sociales de Potosí que se trasladaron a la ciudad de Sucre en una caravana de cerca de 30 automóviles con las banderas del Departamento demandando que se deje sin efecto la norma legal.
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