viernes, 5 de septiembre de 2014

ORGANIZACIONES SOCIALES RECHAZAN NUEVA LEY MINERA

LA PATRIA: El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo (Conamaq), la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) y la Asociación Nacional de Regantes (Anarescapys) señalaron que la Ley de Minería otorga prerrogativas a los mineros y vulnera los criterios de protección ecológica, vocación productiva y usos sociales del agua.
La postura fue publicada en el artículo denominado "Explotación minera: un persistente foco de discordias", que forma parte del boletín trimestral DOCE que fue difundido por la Fundación UNIR y la Fundación Tierra.
"Desde la perspectiva de estas organizaciones, la Ley de Minería otorga prerrogativas a los mineros que vulneran tanto sus derechos como criterios de protección ecológica, vocaciones productivas agropecuarias y usos sociales del agua", se informa en el documento.

El Gobierno promulgó la nueva Ley de Minería el 28 de mayo en medio de dos conflictos: el primero se trata de una denuncia de los comunarios del municipio de Tacacoma de la provincia paceña de Larecaja, respecto a que fueron echados por los socios de la cooperativa Machacamarca para explotar oro. El segundo caso se refiere a los hechos violentos en la comunidad de Arcopongo de la provincia Inquisivi que culminaron con la muerte de tres cooperativistas.
El documento afirma que pese a estas observaciones, la discusión se estableció únicamente con la organización de regantes, luego de haber protagonizado acciones de presión y se modificaron artículos referidos a la autorización del uso del agua. Esta nueva ley establece condiciones de acceso sobre otros recursos naturales (como suelos y agua) para los operadores y fija el procedimiento de la consulta previa y por ello el Conamaq, la Cidob y la Anarescapys "rechazaron su aprobación".
"El resto de organizaciones indígenas no fueron convocadas, reforzándose así la percepción de que la apertura de negociación se relaciona proporcionalmente con el despliegue de medidas de presión", establece el reporte.
Los conflictos por áreas de explotación minera se caracterizaron por altos niveles de confrontación y de violencia en Arcopongo y El Choro. Además los impactos de contaminación continúan constituyéndose un factor de conflictividad permanente, afirma el documento del boletín semestral DOCE.

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