LA RAZÓN: Caiza D está en alerta. Sus aulas tienen cada año menos alumnos. Sus viviendas albergan cada año menos habitantes. En el municipio potosino de la provincia José María Linares, la resignación es el común denominador. “Hace tres años había 3.000 estudiantes matriculados, ahora solamente son 2.484 en las 32 escuelas de la región”, se lamenta el director distrital de Educación, Corsino Yapu, quien no duda al identificar a la culpable: la contaminación minera.
La preocupación y la emigración en ese confín del este de Potosí igual atañe a las comunidades de La Lava, Canutillos y Colavi. Todas están en emergencia por la polución del río Colavi, que desemboca en el río Pilcomayo que serpentea también por Chuquisaca y Tarija, hasta Argentina y Paraguay. “Las familias están abandonando los pueblos porque la tierra ya no es fértil y por los problemas de salud al consumir agua contaminada”, resume Alfredo Bautista, encargado del colegio 21 de Septiembre, en La Lava, aproximadamente a 50 kilómetros de la Villa Imperial.
CONTAMINADOS. La secretaria de Medio Ambiente y Madre Tierra, Ivana Bellido, confirma que esa zona es una de las que mayor inquietud levanta por la explotación de minerales. “La Lava es el lugar más conflictivo, allí hemos iniciado ocho procesos administrativos contra operadoras mineras”. La Gobernación realizará otras inspecciones este mes, aparte en el sudeste y en el norte del departamento.
Los fantasmas de la polución minera reaparecieron entre julio y agosto cuando la ruptura del dique de colas de la mina Santiago Apóstol, cerca del Pilcomayo, obligó a 13 ingenios de Canutillos y Colavi a paralizar actividades y provocó la movilización de las autoridades para evaluar el daño ambiental. Aparte, se destapó la ilegalidad imperante por la falta de licencias ambientales en empresas mineras del área.
Lo ocurrido es simplemente un lunar de lo que pasa en otras regiones. De acuerdo con un cuestionario respondido por la Dirección General de Medio Ambiente, que depende del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, al menos 16 ríos y un lago de siete departamentos sufren por el derrame de desechos sólidos y líquidos provenientes de la extracción de minerales. Más todavía, un informe del Banco Mundial publicado el año pasado, titulado Gestión ambiental en Bolivia, innovaciones y oportunidades, revela que existen 11 cuencas afectadas por este problema.
El estudio también brinda otros datos para que sean apuntados por los ministerios involucrados en el tema. “Alrededor del 63% de la población de una u otra forma consume agua que procede de zonas mineras”, lo que se convierte en un riesgo para la salud, y el “sector de la minería consume 3% del recurso hídrico en Bolivia”.
Al respecto, el país ocupa el puesto 19 en el planeta en cuanto a reservas de agua dulce, léase lagunas, lagos, ríos y arroyos (revisar nota de la página 11), establece la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés).
Para el Gobierno, el daño ambiental de los cuerpos naturales de agua no solo tiene a la minería como culpable, sino a las poluciones domésticas (aguas servidas), industriales y por hidrocarburos (leer nota de las páginas 14 y 15). En cuanto a lo primero, la Dirección General de Medio Ambiente indica que “la región del altiplano presenta probables problemas de contaminación minera, es el caso del río más importante de esta cuenca, el Desaguadero, que des- emboca en el Poopó (Oruro)”.
Diagnóstico que se repite en el principal río de la Cuenca del Plata, el Pilcomayo, que abarca las regiones del altiplano, los valles y el Chaco.
¿Y cuáles son los 17 depósitos hídricos que son asolados por esta polución? En La Paz se encuentran el Suches, el Mapiri, el Tipuani y el Guanay; en Oruro, el lago Poopó y los ríos Huanuni, Choro, Machakamarka y Chuquiña, aunque en este último caso el problema disminuyó, según reportes de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol). En Potosí, el Vitichi, el Caiza D y el nacimiento del Pilcomayo; en Santa Cruz, el San Ramón; en Beni, el San Simón y el Madre de Dios; en Pando, el Orthon y en Cochabamba, el río Punata.
Los contaminantes más recurrentes son los metales pesados como el plomo, el cadmio, el zinc, el estaño, el cobre y el arsénico. La entidad gubernamental explica que los impactos de esta labor extractivista sobre las fuentes hídricas naturales son, sobre todo, cuatro: polución de aguas y suelos por efecto de pasivos ambientales; contaminación de aguas por operaciones en actividad; descarga y dispersión de mercurio en explotaciones mineras e inestabilidad de taludes durante la explotación de áridos y yacimientos aluviales.
El documento Gestión ambiental en Bolivia, innovaciones y oportunidades sostiene que los ríos más vulnerables a la polución minera se hallan en 11 cuencas: la del río Tumusla (donde confluyen los ríos Blanco, Cotagaita, Fundación, Limata y Tumusla); la del San Juan del Oro (Tupiza, Tatasi, Sococha y San Juan del Oro); la del Pilcomayo Alto; la del Caine (Caine, Choyanta y Toco Paya); la del Grande (Grande); la del Desaguadero Bajo (Desa- guadero, Santa Fe y Huanuni); la del lago Poopó; la del lago Titicaca; la del río La Paz-Boope, la del Beni y la del Mamoré.
Sin embargo, hay otra víctima que no figura en esta lista: el río Suches. La minería ilegal, artesanal es la que contamina este cuerpo de agua que enlaza a Bolivia y Perú: nace en el país vecino y desemboca en el lago Titicaca. Reportes de la Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema) apuntan al mercurio empleado por los trabajadores.
Inclusive se conformaron comisiones y se entablaron reuniones bilaterales para hallar soluciones al problema, pero la situación sigue en statu quo.
Una investigación de la organización no gubernamental Faunagua (Instituto de Investigaciones Aplicadas de los Recursos del Agua) postula que el panorama es muy desalentador. “Se están empleando las aguas de la laguna Suches y la cuenca baja del río Suches en la minería sin emplear piscinas de decantación, lo que implica que el agua es retornada de forma directa al río afectando la calidad natural del agua y en el caso de empleo de mercurio el agua no es previamente tratada”.
El ingeniero Carlos Taja, secretario de los Derechos de la Madre Tierra de la Gobernación de La Paz, aclara que su dependencia no implementa un monitoreo específico de los ríos del departamento”. Eso sí, comenta que para evitar el daño de la minería en los depósitos hídricos, se controla y exige “la implementación de medidas correctivas y preventivas, y la solicitud de adecuación ambiental a través de la obtención de la licencia ambiental”. Clasificación. Afirma que la problemática se concentra en ríos de los Yungas. Informe La Razón constató este año y en 2012 que los pueblos auríferos de Guanay, Tipuani, Mapiri y Teoponte, especialmente, utilizan el mercurio sin ninguna política de conservación de los cauces. Y Taja complementa que igualmente se realiza un estudio de clasificación de cuerpos de agua en las cuencas altas de los ríos Beni y Desaguadero, con la colaboración del Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas.
La Dirección General de Medio Ambiente cuestiona que por la falta de esta clasificación no se puede precisar qué ríos importantes del territorio nacional están más contaminados que otros. El reglamento de la Ley de Medio Ambiente determina que un cuerpo de agua es de clase A si tiene aguas naturales aptas para el consumo humano; de clase B, si posee aguas que para su consumo requieren tratamiento físico y desinfección bacteriológica; de clase C, si alberga aguas que para el consumo precisan de tratamiento físico-químico completo y desinfección bacteriológica, y de clase D, si contiene aguas de calidad mínima que pueden ser empleadas solamente en casos de necesidad pública y que requieren de un proceso de presedimentación porque pueden tener una elevada turbiedad por el elevado contenido de sólidos en suspensión, y luego tratamiento físico-químico completo y desinfección bacteriológica especial contra huevos y parásitos intestinales.
Desde la Gobernación potosina, la secretaria Bellido no se anima a enumerar los ríos asediados por la minería. “En todo lado de Potosí hay actividad minera”. Incluso pone reparos a los datos de la Dirección General de Medio Ambiente, que apuntan al Vitichi, Caiza D y al nacimiento del Pilcomayo. Argumenta que ello debe ser confirmado. “No podemos dar esa información porque desconocemos cuál es el grado de contaminación, veremos esto después de los resultados”.
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