Carvajal dijo que se ha puesto énfasis en combatir “la concentración de la tierra y toda práctica monopólica”.
La comisión decidió incluir en el informe la recomendación de que se desarrolle una consulta prelegislativa.
Carvajal enfatizó que el debate del proyecto constituye un avance significativo en el país y destacó el nivel de participación en el estudio, en procura de mejorar la producción y la productividad.
El legislador comentó que en 2050 seremos 23 millones de ecuatorianos para lo cual se requieren acciones para asegurar su alimentación y la soberanía alimentaria, que es un objetivo estratégico de la Constitución.
Recibimiento
En este marco, la Asamblea Nacional recibió en comisión general a Santos Villamar, presidente de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN, y a Anita Taco, integrante de la Confederación de Pueblos y Organizaciones Indígenas y Campesinas del Ecuador, FEI, quienes destacaron el trabajo de la Asamblea Nacional y de la Comisión de Soberanía Alimentaria por dar paso a la Ley de Tierras, a la que calificaron de trascendental y que permitirá ir hacia la revolución agraria en el país.
Taco precisó que llegó el momento histórico tan esperado por este sector social porque la Asamblea Nacional inició el tratamiento de un proyecto que beneficia al país.
“La Ley de Tierras profundiza la revolución agraria en el país y da cumplimiento a lo que establece la Constitución en lo referente a la soberanía alimentaria, el buen vivir de todos, busca mejorar la producción nacional y da impulso a los pequeños y medianos productores, para que se inserten en la matriz productiva”, enfatizó.
La CONAIE anuncia movilizaciones
Dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, arribaron ayer a la Asamblea Nacional. Ahí anunciaron movilizaciones para evitar la aprobación de la ley de Tierras, si no se incluyen sus propuestas. Según el presidente de la CONAIE, Jorge Herrera, el proyecto afecta a los pueblos y nacionalidades indígenas.
La organización exigió que se establezca en la normativa un límite al latifundio y promueva una distribución equitativa de la tierra para los campesinos que sostienen la soberanía alimentaria, que garantice la integridad de los territorios ancestrales, y que concrete una institucionalidad agraria de carácter intercultural y plurinacional.
Sobre la propuesta de llevar a cabo una consulta prelegislativa, dirigentes indígenas aseguraron que se deben incluir sus recomendaciones. (El Tiempo.com.ec)
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