El martes, la Policía intervino el bloqueo instalado en la carretera Santa Cruz – Camiri por indígenas de Takovo Mora, en rechazo a la exploración petrolera, impulsada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), además de la derogación de dos decretos que autorizan la exploración de hidrocarburos en reservas forestales.
El mandatario aseguró que la exploración de hidrocarburos en el territorio nacional no será suspendida pese a las medidas de presión de los sectores indígenas.
“Ahora vivimos del gas, de los hidrocarburos, y no continuar la exploración ahora podríamos quedarnos sin gas en 2025, qué significa eso, eso es ser irresponsables con Bolivia y las futuras generaciones.
Vamos a continuar en la exploración a pesar de la protesta de pequeños grupos”, dijo Morales.
Sin embargo, señaló que el tema de las consultas previas se halla garantizado al igual que la compensación para los territorios indígenas, pero sin condicionamientos.
“Las consultas previas vamos a garantizarlas, pero que no sea bajo chantaje ni condicionamientos. (…) Las compensaciones serán en obras y no en plata, tenemos malas experiencias. Ahora quitar la mamadera cuesta, esa es la pelea. Las consultas garantizadas, por supuesto, pero unas cuantas comunidades y compañeros perjudican al resto”, criticó el Jefe de Estado, identificando luego como tema de fondo la búsqueda de remuneraciones económicas.
APG
En tanto, la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) señaló, mediante un comunicado público, que seguirá de pie en sus movilizaciones mientras no exista una respuesta favorable del Gobierno a su demanda de aplicar la consulta previa, libre e informada para permitir o rechazar la actividad petrolera en la zona. Además pide la liberación de los hasta ahora 27 detenidos entre ellos 5 mujeres y dos menores de edad.
“Hemos confiado en la capacidad de liderazgo del Presidente para este momento histórico y hemos apoyado al Gobierno en los momentos más difíciles, pero ahora nos sentimos perseguidos por el mismo y tratados como si no fuéramos bolivianos”, dice uno de los acápites del comunicado.
DENUNCIAS
Asambleístas legislativos de oposición, además de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), denunciaron la firma de un decreto supremo que vulnera la Constitución Política del Estado (CPE) en su artículo 30, sobre los Derechos de las Naciones y Pueblos Originarios Campesinos, específicamente sobre la consulta previa en torno a la decisión de la explotación de recursos naturales.
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