El ministro de Minería y Metalurgia-MMM, Jorge Fernando Oropeza, sostuvo hoy una reunión de coordinación con el director departamental de la Autoridad Jurisdicción Minera (AJAM)-La Paz, Aldo Marcelo Laura Torrico, quien se comprometió a establecer normativas que permitan simplificar los trámites de otorgación de derechos mineros.
MINERIABO.25 de Junio 2020.Laura manifestó que para esta gestión se tienen pendientes más de 1.200 trámites de adecuaciones mineras en el departamento de La Paz, números que seguramente se incrementará en los próximos meses pero que “con esfuerzo y compromiso institucional los iremos regularizando paulatinamente”.
Informó que en su gestión como director de la AJAM La Paz trabaja en la simplificación de los procesos de otorgación de derechos mineros. “Se simplificarán, facilitando, y desburocratizarán los trámites para los actores productivos mineros en la obtención de sus Contratos Administrativos Mineros, Licencias de Prospección y Exploración; la adecuación de los derechos vigentes de los mismos”.
Remarcó que su prioridad es evitar la explotación de la minería ilegal, para ello está realizando operativos de fiscalización y control a nivel nacional. De la reunión de coordinación también participó el director nacional de la AJAM, Álvaro Ronald Herbas Huayllas.
Aldo Marcelo Laura Torrico
Es natural de la ciudad de Oruro, Abogado de Profesión, con estudios a nivel de maestría en Administración de Justicia y Derecho Procesal Civil, además de cursos de post grado a nivel Diplomado en Arbitraje y Conciliación, Educación Superior y otros; a la fecha cuenta con 16 años de experiencia general como Abogado habiendo desempeñado funciones como en la Administración Pública en empresas privadas, asesoramiento de Cooperativas Mineras y en Agencias de Cooperación Internacional.
La AJAM, tiene como misión administrar, controlar y fiscalizar la actividad minera en todo el territorio boliviano, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado y la Ley No. 535 de Minería y Metalurgia, es la institución pública, especializada a nivel técnico y operativo que implementa los reglamentos y procedimientos para la autorización de derechos mineros y permitir la realización de actividades mineras legales por parte de los actores productivos mineros, brindando seguridad jurídica y técnica para el desarrollo de las actividades mineras precautelando los recursos minerales que son de propiedad del Estado y su administración debe ser eficiente, eficaz, responsable y transparente.
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