Como una manera de protestar, Ríos de Pie proyectó imágenes del incendio que afectó el año pasado a la Chiquitania en el frontis del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en la ciudad de La Paz, y en la capilla del Cristo Redentor de Santa Cruz.
La Paz, 10 de julio (ANF-Brújula Digital).- Un año ha transcurrido desde la aprobación del DS 3973, que permite el desmonte de tierras y la ampliación de la frontera agrícola mediante quemas y chaqueos, y que se considera como responsable de los enormes incendios que afectaron al país el año pasado. Hasta ahora, las autoridades de gobierno no han derogado la medida ni investigado a los posibles culpables de esos incendios. Al tratarse de un Decreto, no es necesario tener el respaldo del Legislativo para tomar la medida.
Diversos activistas ambientales criticaron que el gobierno actual no haya hecho ningún cambio en esa y otras normas, que alientan la destrucción de los bosques en Bolivia. En julio de 2019 empezaron los incendios en la Amazonía y Chiquitania bolivianas, destruyendo casi seis millones de hectáreas, es decir una superficie mayor al departamento de Cochabamba y el doble de Bélgica. De ellas, medio millón correspondía a bosques y el resto a pastizales.
La activista y líder del colectivo Ríos de Pie, Jhanisse Vaca Daza, indicó que la disposición no ha sido abrogada, pese a que fue uno de los principales pedidos de los cabildos de octubre de 2019 en Santa Cruz y La Paz, promovidos por personalidades que ahora están en el gobierno.
“Al cumplirse un año y sin poder abrogarse este decreto nacional, estamos recordándoles a las autoridades que el pedido de abrogación de este decreto se hizo en los cabildos de octubre del año pasado y los cabildos son pedidos de democracia directa”, dijo Vaca a Página Siete.
El director de la Fundación Solón, Pablo Solón, expresó hace un tiempo que: “Nadie se preocupa. Hay una impunidad que a mí me asusta. Las autoridades, y me refiero al gobierno, al ministerio público, a los jueces, nadie habla del tema del incendio y de la pérdida de millones de árboles y de animales”, expresó Solón.
Impunidad
Solón agregó que “en el tema de impunidad no hemos podido identificar quién fue el culpable, qué medidas adoptamos contra los responsables de haber matado a la naturaleza en un país, además, que reconoce los derechos de la naturaleza. Nadie ha sido identificado”.
Entre agosto y octubre de 2019 se produjeron los incendios de la Chiquitania y que recién terminaron gracias, en gran parte, a las lluvias.
Como causa de los incendios se identificó entonces a los decretos supremos y leyes aprobadas durante la gestión del gobierno del MAS y que facilitaban las quemas y los chaqueos destinados a habilitar tierras para la ganadería y la agricultura. Al descontrolarse esas quemas, generaron uno de los peores incendios de bosques de la historia de Bolivia.
Marco Gandarillas, un especialista en el tema, expresó que durante años no hubo diferencias sustanciales entre las posiciones económicas del MAS y las del actual gobierno.
“La antigua oposición legislativa no tenía una diferencia de opinión sobre economía y planes de desarrollo con el gobierno de Evo Morales; las diferencias eran de corte político, pero en cuanto a modelos de economía y desarrollo económico no había diferencia”, dijo Gandarillas. “Nadie cuestionaba el corazón de la política económica del gobierno anterior, y los Demócratas menos que nadie”, agregó.
Leyes incendiarias
Las leyes aprobadas en la gestión del MAS, con apoyo de la entonces bancada de Demócratas, fueron la 337, de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques, que establece un “perdonazo” para los desmontes que se hayan ejecutado sin autorización entre 1996 y 2011; la 741, “que autoriza el desmonte para pequeñas propiedades para actividades agrícolas y pecuarias”; la 1098, de Aditivos de Origen Vegetal, para que Bolivia “ingrese en la era del etanol” y la producción de biocombustibles; la 1171, de Uso y Manejo Racional de Quemas, que reconoce “el manejo y uso del fuego como herramienta en la actividad productiva en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia”; y el Decreto Supremo 3973, que autoriza los desmontes para incrementar la frontera agrícola destinada a las actividades ganaderas y agrícolas.
Como una manera de protestar, Ríos de Pie proyectó imágenes del incendio que afectó el año pasado a la Chiquitania en el frontis del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en la ciudad de La Paz, y en la capilla del Cristo Redentor de Santa Cruz.
De igual forma añadió que los incendios volvieron a comenzar en esta región del país y que sería “trágico” que los mismos empiecen de nuevo en medio de la pandemia del coronavirus (Covid-19), por el daño que puede ocasionar el humo al sistema respiratorio.
Diversos activistas ambientales criticaron que el gobierno actual no haya hecho ningún cambio en esa y otras normas, que alientan la destrucción de los bosques en Bolivia. En julio de 2019 empezaron los incendios en la Amazonía y Chiquitania bolivianas, destruyendo casi seis millones de hectáreas, es decir una superficie mayor al departamento de Cochabamba y el doble de Bélgica. De ellas, medio millón correspondía a bosques y el resto a pastizales.
La activista y líder del colectivo Ríos de Pie, Jhanisse Vaca Daza, indicó que la disposición no ha sido abrogada, pese a que fue uno de los principales pedidos de los cabildos de octubre de 2019 en Santa Cruz y La Paz, promovidos por personalidades que ahora están en el gobierno.
“Al cumplirse un año y sin poder abrogarse este decreto nacional, estamos recordándoles a las autoridades que el pedido de abrogación de este decreto se hizo en los cabildos de octubre del año pasado y los cabildos son pedidos de democracia directa”, dijo Vaca a Página Siete.
El director de la Fundación Solón, Pablo Solón, expresó hace un tiempo que: “Nadie se preocupa. Hay una impunidad que a mí me asusta. Las autoridades, y me refiero al gobierno, al ministerio público, a los jueces, nadie habla del tema del incendio y de la pérdida de millones de árboles y de animales”, expresó Solón.
Impunidad
Solón agregó que “en el tema de impunidad no hemos podido identificar quién fue el culpable, qué medidas adoptamos contra los responsables de haber matado a la naturaleza en un país, además, que reconoce los derechos de la naturaleza. Nadie ha sido identificado”.
Entre agosto y octubre de 2019 se produjeron los incendios de la Chiquitania y que recién terminaron gracias, en gran parte, a las lluvias.
Como causa de los incendios se identificó entonces a los decretos supremos y leyes aprobadas durante la gestión del gobierno del MAS y que facilitaban las quemas y los chaqueos destinados a habilitar tierras para la ganadería y la agricultura. Al descontrolarse esas quemas, generaron uno de los peores incendios de bosques de la historia de Bolivia.
Marco Gandarillas, un especialista en el tema, expresó que durante años no hubo diferencias sustanciales entre las posiciones económicas del MAS y las del actual gobierno.
“La antigua oposición legislativa no tenía una diferencia de opinión sobre economía y planes de desarrollo con el gobierno de Evo Morales; las diferencias eran de corte político, pero en cuanto a modelos de economía y desarrollo económico no había diferencia”, dijo Gandarillas. “Nadie cuestionaba el corazón de la política económica del gobierno anterior, y los Demócratas menos que nadie”, agregó.
Leyes incendiarias
Las leyes aprobadas en la gestión del MAS, con apoyo de la entonces bancada de Demócratas, fueron la 337, de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques, que establece un “perdonazo” para los desmontes que se hayan ejecutado sin autorización entre 1996 y 2011; la 741, “que autoriza el desmonte para pequeñas propiedades para actividades agrícolas y pecuarias”; la 1098, de Aditivos de Origen Vegetal, para que Bolivia “ingrese en la era del etanol” y la producción de biocombustibles; la 1171, de Uso y Manejo Racional de Quemas, que reconoce “el manejo y uso del fuego como herramienta en la actividad productiva en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia”; y el Decreto Supremo 3973, que autoriza los desmontes para incrementar la frontera agrícola destinada a las actividades ganaderas y agrícolas.
Como una manera de protestar, Ríos de Pie proyectó imágenes del incendio que afectó el año pasado a la Chiquitania en el frontis del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en la ciudad de La Paz, y en la capilla del Cristo Redentor de Santa Cruz.
De igual forma añadió que los incendios volvieron a comenzar en esta región del país y que sería “trágico” que los mismos empiecen de nuevo en medio de la pandemia del coronavirus (Covid-19), por el daño que puede ocasionar el humo al sistema respiratorio.
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