LA RAZON: Tras cuatro años de investigación de la represión a indígenas en
Chaparina (Beni), la Fiscalía resolvió apartar de este caso al exviceministro
Marcos Farfán y a 11 policías. No obstante, ratificó el proceso al general (r)
Óscar Muñoz Colodro. La defensa de las víctimas apelará esa decisión.
Este caso surgió el 25 de septiembre de 2011, cuando efectivos de
la Policía Boliviana intervinieron la marcha indígena que se trasladaba desde
Trinidad hasta La Paz, en contra de la apertura de una carretera por el núcleo
del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
Tras este conflicto se abrió un proceso penal a cargo de una
comisión de fiscales que, en 2012, resolvió separar del caso al entonces
ministro de Gobierno Sacha Llorenti, decisión que fue apelada y rechazada.
Decisión. “José Villarroel, Luis Ferrufino y Róger Velásquez,
fiscales de materia en la comisión a cargo de la dirección funcional del caso
denominado Chaparina, seguido por el Ministerio Público en contra de Óscar Muñoz
Colodro y otros, por la presunta comisión del delito de allanamiento por
funcionario público y otros (…) se decreta sobreseimiento en contra de los
imputados”, indica la resolución de la Fiscalía a la que tuvo acceso La
Razón.
El documento sostiene que se “estima insuficientes elementos de
prueba” para poder sostener una acusación en contra de los 12 imputados, por eso
se sobresee al general (r) Gino Catacora, coronel (r) Óscar Chávez, coronel
Enrique Albarracín, coronel Antonio Zegada, José Luis Araníbar, coronel Jorge
Cadina y coronel Edmundo Rivero, imputados por la presunta comisión de delitos,
lesiones graves y leves, vejación, tortura, privación de libertad, coacción y
encubrimiento de deberes.
Asimismo se aparta del caso Chaparina al general Modesto Palacio
acusado de incumplimiento de deberes, vejación y tortura; además del
exviceministro de Gobierno Marcos Farfán, sindicado por los delitos de
incumplimiento de deberes. Los otros beneficiados son el general (r) Víctor
Maldonado, teniente coronel Fernando Torrico y la cabo Angélica Cáceres,
acusados de encubrimiento.
Al respecto, Ayda Camacho, abogada de las víctimas de la
intervención policial hacia los indígenas, rechazó la resolución e indicó que
era una decisión esperada por el actuar de la Comisión de Fiscales, que estaba
encabezada por la exfiscal departamental de La Paz Patricia Santos. Además,
agregó, todo es una muestra de que hubo injerencia y manipulación en la
investigación del caso que tenía entre sus objetivos apartar del proceso a los
verdaderos culpables del hecho.
“Esto (la resolución de los fiscales) está demostrando que no
existe justicia en Bolivia, pese a que hemos visto cómo se violó los derechos
humanos en el país en 2011, hecho que fue visto por todos. Hoy no hay un solo
culpable de este vejamen y eso es porque el Gobierno así lo decidió, porque
manipuló y sometió a la justicia”, reclamó Camacho en una rueda de prensa.
La jurista adelantó que en tres días impugnará, mediante los
canales correspondientes, la resolución y con ello se agotará la vía nacional, o
sea la interna, para que luego se lleve adelante una demanda
internacional.Camacho explicó que cuando se sobresee a alguien, ya no se lo
puede juzgar por el mismo delito en otro proceso. Ahora corresponde que tome la
decisión final el fiscal interventor de La Paz, Paul Franco.
Anuncian protestas
Reacción
Activistas de derechos humanos que participaron en la marcha por el
TIPNIS anunciaron ayer que realizarán protestas en puertas de la Fiscalía de La
Paz, en contra de la decisión de la comisión de fiscales que dictaron el
sobreseimiento a 12 imputados.
El operativo, más de 3 años de
pesquisa
El caso denominado Chaparina surgió por la violenta intervención de
la Policía Boliviana, el 25 de septiembre de 2011, a la VIII Marcha Indígena que
se trasladaba desde Trinidad hasta la ciudad de La Paz. La movilización de los
originarios se dio en contra de la apertura de una carretera por el Territorio
Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Tras el operativo policial se
abrió un proceso penal a cargo de una comisión de fiscales que estaba al mando
de la exfiscal departamental de La Paz Patricia Santos. Luego, tras las
pesquisas, la representante del Ministerio Público, en 2012, resolvió separar
del caso al entonces ministro de Gobierno Sacha Llorenti, decisión que fue
apelada y rechazada.
Luego de tres años, Santos junto a sus colaboradores que indagan el
caso resolvió excluir también definitivamente al exdirector de Régimen Interior
Boris Villegas y a dos exautoridades de la Policía, los generales (r) Jorge
Santiesteban y Edwin Foronda, por la falta de pruebas.
En 2013, Ayda Camacho, abogada de las víctimas, reveló un supuesto
informe confidencial del plan de intervención a la marcha, en la que Foronda
aseguró que Villegas le ordenó efectuar la intervención por orden de Llorenti y
que comunicó esa decisión a su comandante, Santiesteban. Según los fiscales,
Foronda hizo cumplir la contraorden de no reprimir la marcha y dejó el mando del
contingente policial al subcomandante de la Policía general (r) Óscar Muñoz. La
Fiscalía sostiene que se rompió la cadena de mando y Muñoz ejecutó la represión
sin comunicarlo al comandante.
Por estos hechos y retardación, en febrero de 2013, el defensor del
Pueblo, Rolando Villena, solicitó al fiscal general, Ramiro Guerrero, investigar
a los fiscales.
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