Impactos del COVID-19 en mujeres que viven en contextos de extractivismo minero en Bolivia
Angela Cuenca
Sempértegui
Carmen Aliaga
Monrroy
Colectivo de
Coordinación de Acciones Socio Ambientales (Colectivo CASA)
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| Fuente: Defensora RENAMAT Uncia.2020 |
Los pueblos del mundo estamos actualmente viviendo una
contingencia y emergencia sanitaria que ha trastocado todas las cotidianidades
posibles, que está además desmontando las grandes mentiras del capital y el
extractivismo patriarcal en los territorios. Ante la desigualdad
socioeconómica, se desnudan los proyectos de supuesto desarrollo beneficiando
sólo al enriquecimiento de los poderosos e intensificando el grado de
vulneración de derechos, aterrizando sobre las vidas y los cuerpos de las
mujeres con mayor brutalidad.
En el caso boliviano, se registraron los primeros
casos de contagios a partir del 12 de marzo, de ahí en adelante el gobierno
transitorio de Jeanine Añez impuso medidas de cuarentena estricta en todo el
país. Estas medidas incluyeron restricción total de movilidad y transporte, uso
obligatorio de insumos de bioseguridad, medidas obligatorias de higiene y
permiso para salir a abastecimiento de alimentos a una sola persona por familia
en un horario determinado y con control policial que verificaba las cifras
finales de las cédulas de identidad. Estas medidas tan sólo para personas
mayores de 18 años y menores de 65. Los primeros dos meses de esta cuarentena
total, generaron una alta vulnerabilidad en las familias de escasos recursos, a
pesar de ello la población acató las medidas en el resguardo de la vida. Sin
embargo, en los dos últimos meses la precariedad está afectando duramente la
sobrevivencia de miles de familias, siendo que el Estado no está siendo capaz
de dar una respuesta efectiva a las necesidades. Paralelamente, se han
flexibilizado algunas restricciones, flexibilización que principalmente está
beneficiando a la mega industria, capital privado y, por supuesto operaciones
mineras que volvieron a funcionar, a pesar de los riesgos para la salud.
En los territorios afectados por la minería donde ya
desde hace décadas se vienen denunciando los impactos sociales del despojo
ambiental, también hemos venido denunciando los impactos diferenciados en las
vidas y los cuerpos de las mujeres. Ya sean éstos, territorios donde está
presente la empresa minera, territorios que se conectan con centros mineros a
través de las cuencas y/o territorios en resistencia a la minería. A este daño
ambiental ocasionado por las actividades mineras y que a la vez pone en riesgo
la vida de las mujeres, su integridad, su salud, su economía y el ejercicio
pleno de sus derechos, la consideramos una forma de violencia estructural y
patriarcal, a la que denominamos en alianza con la Red Nacional de Mujeres en
Defensa de la Madre Tierra, violencia medioambiental contra las mujeres.
Esta forma de violencia se ha visto exacerbada por la
multiplicación de tareas en una lucha diaria de las mujeres del altiplano
boliviano por conseguir agua limpia, implica la sobrecarga de trabajo en el
cuidado del hogar, hay problemas en la salud física y emocional de las mujeres,
afecta la economía local-comunitaria ya que no pueden producir porque la
contaminación minera ha dañado los terrenos irreversiblemente. Por otra parte,
se va confirmando que la población más vulnerable ante el virus, es
precisamente la que vive en situaciones de contaminación ambiental grave, de
por sí la minería estaba vulnerando el derecho a la salud y a la soberanía
alimentaria, situación agravada por la amenaza de contagio que, en condiciones
de escaso servicio de salud, expone a la población a una situación terrible y
de emergencia humanitaria.
Con las condiciones sociales generadas por la pandemia
del COVID-19, estos impactos se incrementan y se pone en evidencia más que
nunca que la minería no es una actividad indispensable para la vida y en su
lugar sí la producción de alimentos y la gestión comunitaria del agua.
1. Restricción
de derechos y condiciones para las mujeres
Las comunidades afectadas
por la minería y las mujeres responsables del sostenimiento de la vida, vienen
sufriendo desde hace décadas, una serie de vulneración de sus derechos. La
cuarentena como efecto de la pandemia ha intensificado esta vulneración en
aspectos como el derecho al agua, al trabajo, la economía y a la salud.
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| Fuente: Colectivo CASA comunidad Rancho Grande.2019 |
Derecho al agua. Es la pregunta que se han estado haciendo las mujeres
afectadas por la minería en Bolivia, y más aún con una cuarentena que les
impide salir de sus hogares para buscar agua limpia. Hace algunos años
publicamos que, en algunos casos, una operación minera empleaba en un día la
cantidad de agua dulce que una comunidad en un año. Actualmente hay comunidades
que no tienen acceso a agua como Totoral o que sus fuentes de agua han sido
totalmente contaminadas como en El Choro. En el marco de la contingencia
sanitaria, se exige que el lavado de manos y medidas de desinfección sean
constantes, sin embargo, las condiciones de las regiones impactadas por la
minería ni siquiera cuentan con agua para alimentación, menos para
la higiene
necesaria en estos momentos. Estas preocupaciones por la salud de la familia,
por la alimentación de los hijos, por el riesgo de contagio, va generando daños
emocionales en las mujeres y se sigue incrementado de sobremanera en esta
cuarentena. Una vez más resaltamos la importancia de pensar en el acceso al
agua como condición imprescindible para la reproducción de la vida, los
impactos del COVID-19 deben llamarnos a la reflexión y convocar a actores
estatales para atender los casos de desastre ambiental donde se han afectado
fuentes de agua dulce de forma irreversible.
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| Fuente: Defensora RENAMAT Challapata 2020 |
Derecho al trabajo
campesino. La pandemia del COVID-19
se ha encargado de visibilizar las asimetrías económicas tanto en territorios
urbanos como rurales, el famoso #QuedateEnCasa no aplica para las
diferentes realidades de las comunidades campesinas e indígenas. Las compañeras
en comunidades que tienen vocación productiva agroganadera y que han estado resistiendo
a la minería, se han visto afectadas sin poder salir a vender sus productos
agrícolas o teniendo que afrontar una serie de trámites burocráticos,
exponiendo su salud para seguir alimentándose a las ciudades, pese a ello se
proyectan incentivos para actores mineros y no en apoyos a los pequeños
productores. La única forma de garantizar la soberanía alimentaria es el
trabajo campesino, sin este trabajo las familias quedan en una absoluta
vulnerabilidad y crisis alimentaria. Es necesario contemplar que el alimento
necesario para la población tano urbana como rural, nace de estos territorios,
que el trabajo en la tierra es imprescindible para afrontar la pandemia y que
esta gestión de los alimentos debe ser dejada en manos comunitarias que están
apostando a la solidaridad, el intercambio de productos y el cuidado mutuo.
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| Fuente: Defensoras RENAMAT Poopó.2020 |
Derecho a la economía
local-comunitaria. Todas las medidas de rescate económico y apoyo para
mitigar los impactos económicos de la pandemia por parte del Estado, se han
volcado para beneficiar la macroeconomía y potenciar a los sectores económicos
empresariales, uno de ellos es el sector minero, con el pretexto de que estas
inyecciones de capital ayudarán a salir de la crisis. A principios de mayo se
reactivó el permiso para que las actividades mineras vuelvan a funcionar con
supuestos protocolos de bioseguridad, sin embargo, los contagios en los centros
mineros se han disparado alarmantemente. Por otra parte, la economía de la
vida, esta que se encarga de la alimentación, la necesaria para el cuidado de
la salud y de la vida, ha quedado totalmente olvidada. Peor aún las mujeres de comunidades que no tienen
producción a causa de la contaminación minera y que viven del día a día, en
esta cuarentena sin ingresos económicos para comprar los alimentos, están atravesando
dificultades para la alimentación diaria. No hay ninguna medida ni política
estatal que esté beneficiando la economía que abastece de alimentos, las
canastas no incluyen frutos, verduras o granos que provengan de la comunidad,
por el contrario, están comprando alimentos procesados a los grandes
empresarios, esto se comprueba con la amenaza de producir y comerciar semillas
transgénicas en el país. Una vez más se demuestra que la minería despoja de
trabajo a las mujeres y sus comunidades, daña la economía de la vida, llevando
mayor pobreza para las familias.
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| Fuente: Defensora RENAMAT Realenga.2020 |
Derecho a la salud y la vida. Una vez reactivada la actividad minera, por
considerarse una actividad prioritaria económicamente, se demuestra que es un atentado
contra el derecho a la salud y la vida, ya que se pone en riesgo a toda la
población, además de poner en riesgo a los trabajadores y a sus familias. Las
comunidades rurales en general tienen serios problemas de acceso a servicios de
salud básica, en los casos de comunidades impactadas por la minería la
situación es todavía más grave, regiones declaradas como zonas de desastre
ambiental como la cuenca Huanuni, no cuentan con laboratorios ni servicios de
salud para enfrentar las enfermedades generadas por la contaminación minera. No
existen las mínimas condiciones para enfrentar el coronavirus en las zonas
rurales del país, y menos aún para enfrentar una contingencia en territorios
impactados por la minería, donde los centros mineros puedan ser epicentro de
contagios.
“… la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha
alertado de que el número de hospitales de tercer nivel por número de
habitantes debería ser de uno por cada 75.000 habitantes. Ello implica que el
país debería tener 149 hospitales de este tipo, frentes a los 79 que cuenta en
estos momentos, incluyendo los privados, de la Iglesia Católica. Públicos son
solo 34.”
Se tiene ya casos confirmados
en los trabajadores en Huanuni, al mismo tiempo por parte de la empresa minera
San Cristóbal,
las y los comunarios de la Nacion Originaria Pacajes en el departamento de
Potosí, denuncian que el reinicio de actividades de la Empresa Minera Sinchi
Wayra que además no socializó los debidos protocolos de seguridad, expone a la
comunidad a serios riesgos de contagio.
La crisis sanitaria con el confinamiento
establecido por los gobiernos, están finalmente recargando las tareas de los
cuidados en las mujeres.
No solo la atención de mantenimiento del hogar, sino un sin fin de
preocupaciones por la salud y el acceso a derechos. Son las mujeres quienes
sostener la vida, y pese a la cuarentena los cuidados ya sean remunerados o no
remunerados se resienten e
incrementan las preocupaciones. Por ello la reparación de daños ambientales no
pueden ser postergados a titulo de la pandemia y es urgente que la perspectiva
de género sea incluida tanto en las restricciones por la contingencia, como en
los apoyos que se están dando. La salud de miles de familias está siendo
recargadas en las espaldas de las mujeres que deben sostener la vida en
condiciones de crisis, miedos y contaminación ambiental.
El confinamiento y las medidas
restrictivas incrementan el grado de vulnerabilidad para las mujeres, las
situaciones de violencia intrafamiliar y violencia machista son una amenaza en
esta pandemia y el estado no está respondiendo oportunamente. En muchos de
casos de violencia intrafamiliar, las mujeres están presionadas a convivir con
los agresores, en los casos donde las comunidades acostumbran intervenir, ahora
se dificulta la posibilidad de gestionar salidas desde el sentido colectivo.
2. Militarización
de los territorios y nuevos riesgos para las mujeres
Una de las medidas tomadas por el gobierno boliviano
que transgrede una serie de derechos, principalmente en los territorios más
vulnerables, es el control mediante la fuerza policial y militar. A título de
control durante la pandemia se han sacado a los militares a las calles no sólo
de las ciudades, sino de todas las comunidades rurales, con un mayor control territorial
con el pretexto de hacer respetar las medidas restrictivas. Esta situación está
generando violencia psicológica por medio de la imposición del miedo, ya que la
amenaza son multas de dinero muy altas o hasta la cárcel, este temor está
presente en la cotidianidad de las mujeres que para llevar alimento a sus
familias deben sortear al control. Del mismo modo, hay un excesivo control y
represión frente a la venta de sus productos agrícolas, las mujeres cuentan que
deben escaparse en horas de la madrugada para cuidar los campos de cultivo y
dar alimentos a sus animales, esquivando el control militar.
Las mujeres en las comunidades, defensoras de la Madre
Tierra, nos recuerdan que la única forma de afrontar la pandemia ante la
desatención del Estado, es a través de los cuidados colectivos, tejiendo
solidaridad, demandando el respeto de los derechos, con la escucha, el dialogo,
la reciprocidad y luchando contra este modelo económico que mercantiliza la
vida. La fuerza policial y militar en pocos casos ha colaborado en las
situaciones de crisis y necesidades, solamente llevan miedo, inseguridad y
nuevos riesgos para las mujeres.
3.
Covid-19
y pueblos indígenas
Desde antes de la propagación de la pandemia COVID -19,
los pueblos indígenas de Bolivia venían denunciando el aislamiento, no ser
tomados en cuenta, y con la propagación de la pandemia la situación ha
empeorado. De acuerdo a datos recabados, hay un solo médico para más de mil
familias en las comunidades indígenas de la Amazonía, Valles, Chaco y Altiplano
Boliviano. Los hospitales y centros de salud no cuentan con insumos ni equipos
de bioseguridad para atender los casos de salud.
Hasta el 22 mayo, 46 territorios indígenas en Bolivia
fueron registrados en riesgo de contagio por coronavirus, debido que se
sobreponen a 23 municipios en los que se tiene casos 1.101 confirmados de la
pandemia, según el monitoreo que desarrolla el Centro de Planificación
Territorial Autonómica (CPTA) del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación
Social.
Los protocolos de seguridad que ha sacado el gobierno
son urbanos, en la comunidad no hay agua, los protocolos debieran ser
diferenciados en las comunidades los gobiernos deben escuchar a los pueblos
indígenas. En el caso del norte de La Paz, donde están ubicados Territorios
Indígenas de Origen, principalmente del pueblo leco, ya se han recibido
noticias de que la minería legal, como ilegal que explota oro, están cometiendo
abusos y vertiendo amenazas contra indígenas en el marco de la pandemia,
en un sector en el que además ya se denunció con anterioridad el uso
indiscriminado de mercurio que está matando las fuentes de agua. En otros casos
de pueblos indígenas se confirman ya casos positivos de COVID-19 entre:
ayoreos, sirionó, yuquis y Yacubaba, donde ya se registran casos de contagio.
Los pueblos indígenas de Bolivia, están resintiendo
con mayor intensidad la vulneración de los derechos ambientales en estos
momentos de emergencia sanitaria, ya numerosos informes dan cuenta de la
necesidad de atender a estas poblaciones y, por el contrario, el gobierno esta
dando luz verde a la reactivación de proyectos mineros en territorios indígenas
bajo pretexto de necesidad económica.
4.
Reflexiones
finales
Lastimosamente hasta ahora en Bolivia se supera los 40
mil casos de contagio, en los últimos días se han disparado notablemente los
casos. En el centro minero Huanuni dependiente del Estado ya se habla de más de
20 mineros contagiados con COVID-19, y en la empresa transnacional minera San
Cristóbal subsidiaria de la Sumitomo de Japón se registran dos trabajadores mineros
contagiados. La situación se ha visto reflejada como una crisis humanitaria en
el departamento de Beni, precisamente por las condiciones de servicios de salud
deficientes. La ciudad de Cochabamba empieza a lamentar una serie de decesos
que son cada vez más constantes. La cuarentena se ha flexibilizado en el último
mes y, ahora el gobierno está considerando volver a ajustar las restricciones.
Lo que nos tememos como organizaciones desde los territorios y desde las
mujeres que están sosteniendo la vida en las comunidades impactadas por la
minería, es que estas medidas estarán destinadas a un mayor control de la
población y mayores restricciones de libertades y derechos.
La minería ya ha sido reactivada, los tramites mineros
se los puede realizar vía internet con riesgo a que se impongan en los
territorios sin que sepan las comunidades y la gran empresa seguirá trabajando,
al parecer estas semanas de flexibilidad tan sólo se han hecho efectivas para
impulsar la economía mercantilista y la depredación de los territorios con el
pretexto de salida de la crisis. Las mujeres defensoras del territorio, las
organizaciones indígenas y sociales, alertamos la importancia de velar por la
economía verdaderamente indispensable: la producción de alimentos y el cuidado
de la vida, hacemos un llamado a las autoridades exigiendo mayor atención a los
sectores vulnerables, reafirmando más que nunca: mina NO, vida SÏ.
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| Fuente: Colectivo CASA. Defensoras RENAMAT, Challapata 2020 |
