CORREO DEL SUR: DECISIÓN OBEDECE A UN COMPROMISO CON EL "PROCESO DE CAMBIO"
Pese al descontento de la Empresa Minera Himalaya (EMH), el Gobierno justificó la reversión de la mina Himalaya –por Decreto Supremo– en favor de la Cooperativa Cerro Negro, cuyos miembros avasallaron el yacimiento, afirmando que los cooperativistas demostraron un compromiso con el proceso de c
ambio.
“Ha habido avance en retribución a eso. Además estamos políticamente con el proceso de cambio, nadie obliga a nadie nada y ellos se han dado cuenta, las cooperativas se han dado cuenta que tienen que apoyar este proceso, porque ha habido bastante beneficio, no sólo con las cooperativas, sino con varios sectores”, dijo el viceministro de Cooperativas Mineras, Isaac Meneses.
Asimismo, aseguró que el contrato de concesión de la mina fue irregular, puesto que el empresario Fernando Killman –propietario de la EMH– habría firmado ese documento siendo funcionario de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL). “Se ha autoconsesionado”, añadió.
ASALARIADOSEl secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), Miguel Pérez, también se refirió a la reversión de la mina y la calificó de “atentatoria y directamente es anticonstitucional”.
“La nueva Constitución Política del Estado reitera nuevamente contratos de asociación, ya no estipula canon de arrendamiento, no se habla de riesgo compartido. Los privados ya lo han dicho bien claro, de que no se está garantizando la estabilidad laboral por un lado, por otro lado no se garantiza las inversiones que se tienen en nuestro país y para nosotros es un precedente nefasto cuando se está incumpliendo la Constitución Política del Estado”, precisó Pérez.
LA EMPRESAPor su lado, la Empresa Minera Himalaya afirmó ayer que la toma del yacimiento de wólfram ocasionó una pérdida de 204 millones de bolivianos al Estado en los 68 meses de la explotación ilegal.
El Decreto Supremo 1691, que señala que "COMIBOL retorna a su administración la ex concesión denominada "Resguardo de la Tempestad" de 50 hectáreas", "no es concordante con el régimen minero" porque justamente la Corporación Minera debería rescindir el contrato de arrendamiento suscrito en 1995 con la minera Himalaya, señala un informe de la empresa.
El daño económico ocasionado al Estado en los cinco años y ocho meses que dura el avasallamiento es un "cálculo estimativo extraído de los informes de COMIBOL".
Con la norma promulgada el 19 de junio "se avala y convalida la explotación ilegal de manera retroactiva al 20 de octubre de 2007", señala la minera privada. El decreto establece el pago de la cooperativa Cerro Negro de "una prestación económica en sustitución al canon de arrendamiento y otras obligaciones".
“Ha habido avance en retribución a eso. Además estamos políticamente con el proceso de cambio, nadie obliga a nadie nada y ellos se han dado cuenta, las cooperativas se han dado cuenta que tienen que apoyar este proceso, porque ha habido bastante beneficio, no sólo con las cooperativas, sino con varios sectores”, dijo el viceministro de Cooperativas Mineras, Isaac Meneses.
Asimismo, aseguró que el contrato de concesión de la mina fue irregular, puesto que el empresario Fernando Killman –propietario de la EMH– habría firmado ese documento siendo funcionario de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL). “Se ha autoconsesionado”, añadió.
ASALARIADOSEl secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), Miguel Pérez, también se refirió a la reversión de la mina y la calificó de “atentatoria y directamente es anticonstitucional”.
“La nueva Constitución Política del Estado reitera nuevamente contratos de asociación, ya no estipula canon de arrendamiento, no se habla de riesgo compartido. Los privados ya lo han dicho bien claro, de que no se está garantizando la estabilidad laboral por un lado, por otro lado no se garantiza las inversiones que se tienen en nuestro país y para nosotros es un precedente nefasto cuando se está incumpliendo la Constitución Política del Estado”, precisó Pérez.
LA EMPRESAPor su lado, la Empresa Minera Himalaya afirmó ayer que la toma del yacimiento de wólfram ocasionó una pérdida de 204 millones de bolivianos al Estado en los 68 meses de la explotación ilegal.
El Decreto Supremo 1691, que señala que "COMIBOL retorna a su administración la ex concesión denominada "Resguardo de la Tempestad" de 50 hectáreas", "no es concordante con el régimen minero" porque justamente la Corporación Minera debería rescindir el contrato de arrendamiento suscrito en 1995 con la minera Himalaya, señala un informe de la empresa.
El daño económico ocasionado al Estado en los cinco años y ocho meses que dura el avasallamiento es un "cálculo estimativo extraído de los informes de COMIBOL".
Con la norma promulgada el 19 de junio "se avala y convalida la explotación ilegal de manera retroactiva al 20 de octubre de 2007", señala la minera privada. El decreto establece el pago de la cooperativa Cerro Negro de "una prestación económica en sustitución al canon de arrendamiento y otras obligaciones".
Daño económico
204 millones sería el daño económico al Estado causado en los 68 meses de la toma del yacimiento de wólfram.
No hay comentarios:
Publicar un comentario