“Estamos en desacuerdo con la Ley, no descartamos reacciones sobre este proyecto”, dijo el presidente de la APG, Roberto Quispe, quien ayer se mostró impotente ante la posición del bloque denominado “pacto de unidad” que apoya la normativa.
Los dos días de debate se desarrollaron en un ambiente tenso “con posibles agresiones porque están sacando a la fuerza a los líderes indígenas legítimos de tierras altas y tierras bajas”, dice un pronunciamiento hecho por las organizaciones que discrepan con la normativa.
La APG, la sección de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) desconocida por el Gobierno, junto al Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni, repudiaron la “injerencia” gubernamental para aprobar la normativa hoy.
Bernabé Noza, secretario de organización del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), manifestó que si el documento del Gobierno se aprueba, significará la destrucción de todos los parques nacionales, áreas protegidas y territorios indígenas. “Hemos llegado con nuestros propios recursos, ayer nos acreditaron y hoy (ayer)nos negaron la entrada, porque nos indicaron que la señora Melva Hurtado era única persona que podía acreditar”, dijo Noza, citado en una nota de prensa del Tipnis.
Tomás Candia, de Juventudes de la Cidob, indicó que volverán a sus regiones para informar sobre este nuevo atropello del gobierno, “no nos dejaron entrar, saben que nosotros no somos levantamanos, defendemos activamente nuestro país y nuestros territorios”.
Pacto de unidad
Pacto de unidad
Distinta es la situación de los sectores sociales que conforman el denominado “pacto de unidad”, quienes legitiman el proceso de aprobación de la ley.
“Tenemos a nuestro gobierno a lado, para debatir y de esa manera consensuar ya no haciendo marchas ni huelgas”, dijo el ejecutivo nacional de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Rodolfo Machaca.
Temas en conflicto
Temas en conflicto
La afectación directa es quizá uno de los puntos más conflictivos que tiene el proyecto de la Ley de Consulta, la pregunta que resume este punto gira en torno al cuestionamiento sobre ¿a quién realizar la consulta?
Para el Gobierno, la consulta debe tomar en cuenta únicamente a las comunidades afectadas directamente.
La APG menciona que esta consulta debe ser amplia, pues en temas de explotación ambiental no sólo se habla de un afectado directo, sino de efectos a varias comunidades.
El tema del consentimiento, estipula que de no llegar a acuerdos entre las partes, será el gobierno que dirima y decida.
“Si no llegamos a consentir o concertar acuerdos se tiene previsto el veto, en cuyo caso el que definirá será el Estado, no tiene sentido”, explicó Toro.
La inclusión de los campesinos en la normativa y la posible monopolización de la información por el Estado en el proceso de consulta figuran como puntos de discordia.
HOY CONCLUYE EL DEBATE
En medio de críticas y denuncias de “discriminación” hoy culmina el foro en la casa Campestre de Cochabamba y se tiene previsto la entrega del proyecto de Ley para que pase a la Asamblea Nacional.
En medio de críticas y denuncias de “discriminación” hoy culmina el foro en la casa Campestre de Cochabamba y se tiene previsto la entrega del proyecto de Ley para que pase a la Asamblea Nacional.
Hasta ayer, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, que viene acompañando el proceso desde su inicio, en su informe sobre los avances de la normativa (proyecto de Ley de Consulta Previa Libre e Informada) manifestó que se están llegando a acuerdos y entendimientos y que no habría problemas para contar con la normativa ya consensuada.
El evento se llevó en medio de severas críticas y denuncias de “discriminación” hechas por los indígenas de tierras bajas, que denunciaron la expulsión del evento de grupos que representan a la Cidob que son contrarios al gobierno, como también la centrales indígenas de las zonas del Tipnis y el Sécure.
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