PÁGINA SIETE: La Fiscalía de Distrito de La Paz excluyó por segunda vez, y de forma definitiva, al exministro de Gobierno Sacha Llorenti de la investigación por la violenta represión policial a la VIII marcha indígena en defensa del TIPNIS, el 25 de septiembre de 2011 en Chaparina (Beni).
La resolución emitida por la fiscal suplente de distrito, Rosario Venegas, que ratifica la exclusión de Llorenti, es inapelable. Ahora la Fiscalía no podrá convocar ni investigar a Llorenti dentro del caso.
Venegas explicó que la resolución fue emitida sobre la base de declaraciones documentales y testificales acumuladas por la comisión de fiscales que investiga el caso Chaparina desde hace dos años y cinco meses.
El 30 de julio de 2012, los fiscales José Ponce y Patricia Santos liberaron a Sacha Llorenti con el argumento de que no hallaron "indicios directos” de responsabilidad debido a que la "cadena de mando se rompió”. En agosto de 2012, la resolución fue impugnada por las víctimas de Chaparina.
Aida Camacho, abogada de los indígenas, dijo que la determinación de Venegas "era previsible” porque el Gobierno tomó la decisión "inquebrantable” de proteger a Llorenti, ahora embajador de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas.
Por otro lado, la jurista lamentó que el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, no haya resuelto la recusación que se planteó contra la fiscal Venegas ni haya iniciado la auditoría jurídica al caso Chaparina. "De la recusación contra Venegas planteada por el dirigente indígena Fernando Vargas, nunca se supo nada, al igual que de la auditoría jurídica que prometió Guerrero. Ni lo uno ni lo otro”, reclamó.
Llorenti dice que desconoce decisión de Fiscalía
"No conozco esa decisión. Seguramente harán las notificaciones. Una vez que conozca, emitiré una opinión”, manifestó el embajador ante la ONU, Sacha Llorenti, en breve contacto con los medios de comunicación.
Llorenti se reunió ayer en la Asamblea Legislativa con la presidenta de la Comisión de Política Exterior del Senado, Gabriela Montaño, para definir acciones para la cumbre del G77 + China.
Llorenti, de forma insistente, señaló que no emitirá criterio hasta conocer la resolución de la Fiscalía de Distrito de La Paz.
"No estoy evitando hablar”, dijo el embajador, luego abandonó la Asamblea Legislativa y caminó hasta la oficina del presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, Héctor Arce.
Eduardo León y Aida Camacho, abogados de los indígenas que marcharon en defensa del TIPNIS, anunciaron -por separado- que pedirán al juez la "conversión de acciones”, que consiste en convertir la demanda pública en demanda privada.
"No crea que se salvó. Buscaremos que Sacha sea castigado como autor intelectual de la represión en Chaparina”, dijo León.
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