El ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez dice que pobladores de Tariquía que apoyan la actividad petrolera viven “esclavizados” de quienes se oponen a la exploración hidrocarburífera.
La Paz, 10 abril (ANF).- El Gobierno minimizó el miércoles los impactos ambientales que ocasionará la exploración hidrocarburífera de tres proyectos en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía en el departamento de Tarija. El Ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez dijo que apenas 20 de las 2.500 hectáreas de superficie serán afectadas, y criticó que sin industria petrolera el área protegida registra una deforestación de 14 mil hectáreas.
“Lo que hay es político; ambientalistas que no tienen ningún tipo de sentido, más aún cuando no ha entrado ninguna actividad hidrocarburífera y uno de los afluentes con análisis de impacto ambiental como es el río Guadalquivir, no es potable ni sirve para riego, y sin el ingreso de la industria petrolera ya hay 14 mil hectáreas deforestadas”, señaló.
En ese marco dijo que hay una gran contradicción en no dejar afectar 20 hectáreas de la reserva natural “con estándares elevados (ambientales) e inversión en el manejo del área reservada y en beneficio para los pobladores y de todo el país”.
Según Sánchez, tanto Petrobras como YPFB Chaco cumplieron con todas las normas vigentes que van desde la consulta pública, previa e informada a las comunidades afectadas con la actividad petrolera, la obtención de la licencia ambiental y la compensación.
Sin embargo, dirigentes de la Subcentral de Tariquía y del Comité de Defensa de Chiquiacá denunciaron la semana pasada que el Gobierno realizó una consulta “fraudulenta” en la reserva e ingresó con el uso de la fuerza policial sin consentimiento de las comunidades campesinas que habitan el área.
“Lo que hay es político; ambientalistas que no tienen ningún tipo de sentido, más aún cuando no ha entrado ninguna actividad hidrocarburífera y uno de los afluentes con análisis de impacto ambiental como es el río Guadalquivir, no es potable ni sirve para riego, y sin el ingreso de la industria petrolera ya hay 14 mil hectáreas deforestadas”, señaló.
En ese marco dijo que hay una gran contradicción en no dejar afectar 20 hectáreas de la reserva natural “con estándares elevados (ambientales) e inversión en el manejo del área reservada y en beneficio para los pobladores y de todo el país”.
Según Sánchez, tanto Petrobras como YPFB Chaco cumplieron con todas las normas vigentes que van desde la consulta pública, previa e informada a las comunidades afectadas con la actividad petrolera, la obtención de la licencia ambiental y la compensación.
Sin embargo, dirigentes de la Subcentral de Tariquía y del Comité de Defensa de Chiquiacá denunciaron la semana pasada que el Gobierno realizó una consulta “fraudulenta” en la reserva e ingresó con el uso de la fuerza policial sin consentimiento de las comunidades campesinas que habitan el área.
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