ROMERO DICE QUE ENVIAR LA LEY MINERA AL TCP ES “PERDER” TIEMPO

OPINIÓN: El ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó ayer que remitir el proyecto de ley minera al Tribunal Constitucional  es "perder el tiempo”, dado que   ese procedimiento se efectúa cuando la norma es ambigua, algo que, dijo,  no sucede en este caso.
"Normalmente una interpretación del Tribunal Constitucional, o del ente auténtico que es el que tiene la potestad para interpretar las leyes, se hace cuando la ley es oscura, cuando la ley es ambigua. Pero en este caso la ley  no es ambigua, y desde mi punto de vista, por lo menos personal, mandar esto al Tribunal Constitucional sería como que perder el tiempo”, sostuvo Romero  en conferencia de prensa. 
El ministro de Gobierno se refirió al artículo 351 de la Carta Magna, en el que -sostuvo- los mineros cooperativistas

GOBIERNO DEVELA 42 CONTRATOS DE COOPERATIVAS CON FIRMAS PRIVADAS

LA RAZÓN: El Ministerio de Minería y Metalurgia identificó al menos 42 contratos de operaciones suscritos por los cooperativistas con empresas privadas nacionales y extranjeras para explotar predios otorgados a ese sector por el Estado en calidad de concesión.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó en el programa El pueblo es noticia que “el Ministerio de Minería ha identificado 42 contratos suscritos (por cooperativas mineras) con empresas privadas y las transnacionales”.

En un posterior contacto con periodistas, la autoridad afirmó que “podrían ser muchos más”.

ESTADO RECIBE 1% DE LOS CONTRATOS DE COOPERATIVISTAS CON PRIVADOS

CORREO DEL SUR: El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó ayer que las empresas mineras privadas obtienen el 80% de las utilidades, las cooperativas se quedan con el 19% y el Estado percibe sólo 1%, debido a las asociaciones que existen entre las dos primeras. Los cooperativistas aún aguardan la convocatoria a una reunión con el presidente Evo Morales para plantear su reclamo de aprobación de la nueva ley minera, permitiéndoles suscribir contratos con privados sin autorización del Legislativo.
Romero calificó este pedido como “inconstitucional” porque explicó que de acuerdo con normas, las cooperativas al suscribir un contrato de ese tipo deben perder su razón social y su estatus jurídico. Agregó también que no es cierto que se pretenda debilitar al sector, como afirman algunos de sus dirigentes, puesto que los cooperativistas

RADA CULPA AL MINISTERIO DE MINERÍA POR FALLAS EN EL PROYECTO DE LEY MINERA

OPINIÓN: El viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Alfredo Rada, afirmó este lunes que por una mala conducción del Ministerio de Minería se originaron problemas de redacción en el proyecto de ley de Minería y Metalurgia que está paralizado en la comisión de Economía Plural de la Cámara de Senadores.
Rada sostiene que las observaciones de inconstitucionalidad que se dieron al proyecto de ley en la Cámara de Diputados fueron suficientes, por lo que no ve necesario enviar la norma a su revisión en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) como sugirió el dirigente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), Alejandro Santos, el fin de semana.

CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE EVO MORALES

SOLICITAMOS SE CUMPLA EL COMPROMISO HECHO AL PAIS DE CONSENSUAR CON TODOS LOS SECTORES EL PROYECTO DE LEY MINERA

Señor Presidente:

El día 1 de abril de 2014, el Gobierno a través del Ministro de la Presidencia, se comprometió públicamente ante el País de que la elaboración del Proyecto de Ley Minera volvía a "fojas cero", para ser concertado con la participación de todos los actores sociales, sin embargo, al día siguiente de ese anunció, por la presión de los cooperativistas mineros, el gobierno reinstaló las negociaciones con ese sector y solo para discutir dos artículos el 132 y el 151, excluyendo nuevamente a otros sectores.

Los regantes a nivel nacional hemos suspendido las medidas de presión confiando en ser escuchados por el gobierno, creyendo en los ministros de que empezaremos con la elaboración de una ley minera participativa.

MESA DE DIALOGO EFECTOS Y ALCANCES DE LA LEY DE MINERIA Y METALURGIA

La Paz, 2 de abril de 2014: El intento de sancionar el Proyecto de Ley de Minería y Metalurgia, al interior de la asamblea legislativa plurinacional, elaborada sin participación de todos los sectores del pueblo boliviano, ha generado reacción de diversas organizaciones, enfrentamientos y, peor aún, ha cobrado vidas. Ante esa coyuntura adversa a los derechos humanos, la sociedad civil, instituciones, organizaciones y naciones indígena originarias y campesinas nos auto convocamos en la Mesa de Diálogo “Efectos y alcances del Proyecto de Ley de Minería y Metalurgia” para analizar y discutir sobre los efectos, riesgos y alcances del mencionado proyecto de ley. Evento realizado en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales de la UMSA, el día dos de abril del año en curso.

Como representantes de la sociedad civil tenemos la obligación de denunciar que esta propuesta de ley, lejos de velar por los intereses del pueblo boliviano, se constituye en un instrumento que beneficia los intereses del sector cooperativo, empresariado nacional y transnacional, atentando contra la vida y biodiversidad, el derecho humano al agua, a vivir en un medio-ambiente sano, los derechos de los pueblos indígena originario campesinos, la defensa del medio ambiente y la Madre Tierra, legaliza la criminalización de la protesta.

LEY DE MINERÍA: CANTERA DE ENTUERTOS NACIONALES

EL DIARIO: Siete años después que se anunciara con bombos y platillos su presentación, finalmente se remitió la Ley de Minería a la Asamblea legislativa, saltando a la vista disposiciones que, además de inconstitucionales, reflejan la ineficiencia gubernamental en la elaboración y concertación de una norma clave para el país. Todo indica que un sector estratégico como la actividad minera termina siendo objeto de una disputa en la que prevalecen los intereses particulares de los cooperativistas, de comunidades y regantes que anuncian una segunda guerra del agua y de algunas regiones que alegan su secular abandono

EXPLORACIÓN IMPLICA “ALTO RIESGO MEDIOAMBIENTAL”

EL DIARIO: La Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema) sostiene que la exploración y la posible explotación de Lliquimuni “representa un alto riesgo medioambiental” y genera conflictos al interior de las organizaciones indígenas, por la ampliación de la frontera petrolera más allá del área tradicional.
La ambientalista independiente Teresa Flores considera que la ampliación de la frontera petrolera con la exploración en áreas no tradicionales -como es el caso de Lliquimuni en el norte de La Paz- afectará irremediablemente esta región