EL DIARIO: Siete años después que se anunciara con bombos y
platillos su presentación, finalmente se remitió la Ley de Minería a la
Asamblea legislativa, saltando a la vista disposiciones que, además de
inconstitucionales, reflejan la ineficiencia gubernamental en la
elaboración y concertación de una norma clave para el país. Todo indica
que un sector estratégico como la actividad minera termina siendo objeto
de una disputa en la que prevalecen los intereses particulares de los
cooperativistas, de comunidades y regantes que anuncian una segunda
guerra del agua y de algunas regiones que alegan su secular abandono
.
Ya manchada de sangre, la ley de marras ha despertado demonios que
anteriores gobiernos y el actual gobierno del Estado Plurinacional no
pueden domesticar. En otras palabras, los entuertos visibles y latentes
que cercan el tratamiento de la ley son reflejo de problemas nacionales
de larga data, que lejos de habérselos encarado con mínima racionalidad,
en estos últimos años resurgen con una fuerza inusitada. Hoy la Ley
Minera es la veta y cantera que inspira la identificación de una serie
de propuestas de cambio de lo que lejos de cambiar empeoró.
De manera insólita, el Presidente con voz imperativa y sin sonrojarse
pidió que el Legislativo no modifique ni una coma del texto propuesto,
reflejando uno de los rasgos más perversos del híper presidencialismo
que debemos desterrar, que desnuda que hay un “gabinete” que no termina
de sintonizar con los impulsos irreflexivos del círculo presidencial y
palaciego. ¿No es el culto a la personalidad una práctica que entrampa
la gestión del MAS y que debe corregirse a futuro?
En el pasado neoliberal, el cooperativismo minero fue también
instrumentalizado al convertirse en la válvula que permitía
descongestionar la presión social a la minería chica, mediana y estatal.
Hoy la reconocida capacidad de presión de este sector se ha visto
agigantada, al punto que sus amenazas comienzan a desdibujar la idea de
un Estado Integral unido y articulado en función de intereses superiores
de la comunidad boliviana.
Así como el Gobierno acusa de anti patrias con tanta facilidad a sus
imaginarios enemigos políticos, debiera ser algo más ecuánime y racional
al enfrentar a un sector que desde la crisis minera de los 80 estuvo
succionando los bienes residuales de la minería estatal y que no sólo no
paga impuestos, sino que bajo el manto del cooperativismo encubre
formas de explotación laboral preocupantes. ¿Acaso el calificativo de
“anti patrias” no se aplica en este caso? Es un sector que intenta
convertirse en un poder paraestatal con rostro popular y prácticas de
capitalismo salvaje y depredador que pone en figurillas al Gobierno que
prohijó, al igual que otros en el pasado, sus deformaciones.
Lamentablemente los cooperativistas empoderados no demuestran la
mínima intención de avenirse progresivamente a formas más modernas,
ambientalmente más limpias y laboralmente más justas de producción. Hoy
desborda toda racionalidad gubernamental en la proyección de una
política minera plural y ecuánime para todos los agentes productivos de
la minería.
Es cierto, el MAS apostó por el cooperativismo, en desmedro del
sector minero estatal. En el fondo, el Gobierno evitó engordar a un
sector minero estatal por el costo que representaría la caída eventual
de precios de un sector tan volátil. Un sector que durante los años 80
sembró en la memoria el recuerdo del fantasma de la relocalización. En
este caso, entre ineficiencia, falta de visión estratégica del sector,
demagogia y cálculo electoral, la Ley Minera es una dinamita que nos
amenaza a todos con una cadena de conflictos de difícil solución.
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