CORREO DEL SUR: La Sala Penal Tercera del Tribunal de Justicia de La Paz decidió anular la resolución que excluía definitivamente al ex ministro de Gobierno Sacha Llorenti del proceso por la represión a la octava marcha indígena, el 25 de septiembre de 2011, en Chaparina, informó la abogada de una de las víctimas, Claudia Lecoña.
La jurista interpuso una acción de amparo constitucional para revocar la decisión de la fiscal departamental interina de La Paz, Rosario Venegas, quien determinó apartar de manera definitiva al ex ministro de Gobierno.
La resolución de Venegas ratificó en febrero la resolución de la comisión investigadora que no encontró ninguna evidencia que lo vinculara con la represión. El lunes, el Tribunal falló en contra de la decisión de la fiscal departamental interina.
“Se dictó la resolución.
La jurista interpuso una acción de amparo constitucional para revocar la decisión de la fiscal departamental interina de La Paz, Rosario Venegas, quien determinó apartar de manera definitiva al ex ministro de Gobierno.
La resolución de Venegas ratificó en febrero la resolución de la comisión investigadora que no encontró ninguna evidencia que lo vinculara con la represión. El lunes, el Tribunal falló en contra de la decisión de la fiscal departamental interina.
“Se dictó la resolución.
Nos han concedido la totalidad del amparo y lo que se consiguió es que esta resolución dictada por la fiscal Venegas sea nula y se le ordenó que dicte una nueva resolución con todos los argumentos que se habrían fundamentado en el memorial de objeción”, explicó Lecoña.
Según la abogada, la resolución de Venegas “oleaba y sacramentaba” que Sacha sea apartado del caso.
Sin embargo, Lecoña aclaró que la decisión del Tribunal de Garantías no anuló la resolución de la comisión de fiscales, que no halló indicios contra Llorenti.
Sin embargo, la defensora agregó que desde la resolución de la comisión se recolectaron declaraciones –de Boris Villegas y Óscar Muñoz Colodro– que señalan a Llorenti como el responsable de ordenar la intervención policial.
Según la abogada del Movimiento Sin Miedo (MSM), Aida Camacho, ahora el Ministerio Público tendrá que reconsiderar la objeción de las víctimas.
“Esta vez no será el fiscal departamental de La Paz (que definirá la objeción), mucho menos la señora Venegas, vamos a solicitar que se remita a la fiscalía de Oruro para que se revise el tema y que se revoque la resolución ilegal de los fiscales Patricia Santos y José Ponce”, declaró Camacho.
Según la abogada, la resolución de Venegas “oleaba y sacramentaba” que Sacha sea apartado del caso.
Sin embargo, Lecoña aclaró que la decisión del Tribunal de Garantías no anuló la resolución de la comisión de fiscales, que no halló indicios contra Llorenti.
Sin embargo, la defensora agregó que desde la resolución de la comisión se recolectaron declaraciones –de Boris Villegas y Óscar Muñoz Colodro– que señalan a Llorenti como el responsable de ordenar la intervención policial.
Según la abogada del Movimiento Sin Miedo (MSM), Aida Camacho, ahora el Ministerio Público tendrá que reconsiderar la objeción de las víctimas.
“Esta vez no será el fiscal departamental de La Paz (que definirá la objeción), mucho menos la señora Venegas, vamos a solicitar que se remita a la fiscalía de Oruro para que se revise el tema y que se revoque la resolución ilegal de los fiscales Patricia Santos y José Ponce”, declaró Camacho.
Antecedente
El 25 de septiembre de 2011, cuando Llorenti era Ministro de Gobierno, un contingente policial intervino con violencia la marcha en defensa del Territorio Indígena Parque Isiboro Sécure (TIPNIS).
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