LA PATRIA: Luego de una reunión por más de cuatro horas la tarde de este lunes, la dirigencia de los regantes del país aceptaron las propuestas del Gobierno para que firmen el acuerdo y se ponga fin al conflicto iniciado hace un mes por los cooperativistas mineros tras la aprobación de la ley minera por la Cámara Baja de la Asamblea Legislativa.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien estuvo presente en el encuentro expresó su "profunda satisfacción" por la suscripción de un acuerdo definitivo entre cooperativistas mineros, regantes de todo el país y Gobierno Nacional para la aprobación de la nueva ley minera.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien estuvo presente en el encuentro expresó su "profunda satisfacción" por la suscripción de un acuerdo definitivo entre cooperativistas mineros, regantes de todo el país y Gobierno Nacional para la aprobación de la nueva ley minera.
"Se ha recogido preocupación y también se les he resuelto con relación a temas de impacto ambiental en zonas de glaciares, entonces ha sido muy fructífero este trabajo (con los regantes)", sostuvo la autoridad de Estado.
Romero, destacó la participación de más de sesenta representantes de la Federación Nacional de Cooperativas Mineros (Fencomin) y de la Asociación Nacional de Regantes y Sistemas Comunitarios de Agua Potable de Bolivia (Anarescapys) en la cual se consensuaron al menos veinte artículos observados por los regantes al texto del proyecto de la ley minera que será remitido por el Órgano Ejecutivo a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación en las siguientes horas.
Los artículos consensuados garantizan la aplicación de mecanismos de preservación del medio ambiente, la mitigación y control de los efectos de las actividades mineras en áreas agrícolas.
Tras movilizaciones, paros y protestas de los cooperativistas mineros las primeras semanas de abril, que dejó dos muertos y decenas de heridos entre mineros y policías, el Gobierno y Fencomin determinaron incorporar los cambios consensuados al proyecto de ley de minería y metalurgia, entre ellos la prohibición para que el sector cooperativo minero pueda asociarse con empresas privadas. Los puntos en conflicto eran los artículos 132 y 151 del proyecto de ley.
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