LA PATRIA: La organización Amnistía Internacional, mediante un comunicado emitido este lunes, lamentó que a un año de los "abusos policiales" contra los indígenas de la VIII marcha en defensa del Territori Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) los responsables del hecho no hayan comparecido ante la justicia.
La organización presente en más de 150 países que trabaja por el respeto a los derechos humanos espera que los responsables sean llevados a la justicia sin "más dilaciones".
"Es alarmante que a un año del operativo policial contra los manifestantes, no se vean avances sustanciales en las investigaciones," dijo María José Eva Parada, investigadora sobre Bolivia de Amnistía Internacional.
La institución, en base al testimonio que recogió, recuerda que el 25 de septiembre de 2011 oficiales de la policía boliviana dispararon gases lacrimógenos de forma indiscriminada, golpearon y detuvieron arbitrariamente a hombres, mujeres y niños que participaban en una marcha indígena pacífica hacia La Paz contra la construcción de una carretera por medio del Tipnis.
La organización presente en más de 150 países que trabaja por el respeto a los derechos humanos espera que los responsables sean llevados a la justicia sin "más dilaciones".
"Es alarmante que a un año del operativo policial contra los manifestantes, no se vean avances sustanciales en las investigaciones," dijo María José Eva Parada, investigadora sobre Bolivia de Amnistía Internacional.
La institución, en base al testimonio que recogió, recuerda que el 25 de septiembre de 2011 oficiales de la policía boliviana dispararon gases lacrimógenos de forma indiscriminada, golpearon y detuvieron arbitrariamente a hombres, mujeres y niños que participaban en una marcha indígena pacífica hacia La Paz contra la construcción de una carretera por medio del Tipnis.
"Hasta el momento, nadie ha sido acusado formalmente por los abusos y la investigación de la Fiscalía de la Paz no ha mostrado avances significativos. Hay dos imputados en este caso: el subcomandante de la policía que estuvo al mando del operativo el 25 de septiembre, quien se encuentra bajo detención domiciliaria y el entonces viceministro de régimen interior y policía", explica el informe de la organización internacional.
Amnistía Internacional recuerda además los fiscales que llevan el caso excluyeron del proceso penal al entonces Ministro del Interior del país, (Sacha Llorenti) máximo responsable por la policía en Bolivia, argumentando que durante el operativo se habría roto la cadena de mando. El ministro renunció a su puesto poco después de la intervención policial.
"Nos preocupa que este caso pueda ser otro reflejo de las debilidades del sistema de justicia en Bolivia, en cuanto a retardación en la administración de justicia, falta de recursos, transparencia e independencia en las investigaciones," dijo María José Eva Parada.
La organización internacional, explicó que desde el mes de julio se está llevando a cabo una consulta que "no cuenta con la participación de todas las comunidades" del territorio indígena.
"No hay garantías que la actual consulta a las comunidades indígenas del Tipnis se rija por las obligaciones y principios internacionales de derechos de los pueblos indígenas y las autoridades no han respetado la resolución del Tribunal Constitucional del mes de junio de que se llegara a un consenso con todas las partes como paso previo a la realización de la consulta", señala la investigadora de acuerdo al documento de amnistía internacional.
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