EL RELATOR SOBRE RACISMO Y DISCRIMINACIÓN DE LA ONU SE REUNIÓ CON EL CONAMAQ. “ESCUCHAR A LAS VÍCTIMAS ES ESENCIAL”

El CONANAQ con el relator Mutuma Ruteere

AINI.- El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) se reunió con el relator especial de las Naciones Unidas sobre Racismo y Discriminación, Mutuma Ruteere. Le presentaron documentación e información sobre vulneración de los derechos indígenas durante 2011, en la Octava Marcha Indígena, y este año en Mallku Kota, en el norte de Potosí, entre otros. El relator especial dijo que la represión policial-militar del 25 de septiembre de 2011 “es una cuestión de mi propio interés, sobre todo por la falta de acción del Estado para encontrar a los responsables, por la falta de castigo a quienes fueron responsables del uso excesivo de la fuerza”. Los datos otorgados por el CONAMAQ serán incorporados al informe que presentará al Gobierno nacional y a la ONU con una serie de recomendaciones para lograr respeto a los derechos humanos y de los pueblos indígenas en Bolivia.

“Las detenciones a líderes indígenas muestran problemas de discriminación. Y en el caso de los eventos de Chaparina, subyace el problema de la Consulta. Ustedes han llamado mi atención con sus preocupaciones. Les quiero sugerir que trabajen conjuntamente con la oficina de La Paz del Alto Comisionado de Derechos Humanos, porque de esta manera algunas de las preocupaciones pueden ser encaminadas de manera correcta”, dijo Ruteere, de Kenya.

La semana pasada, el CONAMAQ se había reunido con el relator especial sobre Discriminación y Racismo en la Cancillería, pero “nos faltó tiempo ese día para tener una discusión. Las víctimas son esenciales para mi trabajo, por eso me he esforzado por escuchar las voces de las víctimas. Fue muy importante haber celebrado esta reunión, haber podido escucharles para informarme aún más sobre las situaciones que ustedes han vivido”, dijo el relator a las autoridades del Consejo.

El CONAMAQ le presentó tres casos: sobre la represión policial a la Octava Marcha Indígena en Chaparina, el 25 de septiembre de 2011; la criminalización de dirigentes originarios como tata Cancio Rojas, de Mallku Kota; y de tata Fernando Choque Romero, kuraka de la Nación Qhara Qhara, del norte de Potosí, quien estuvo preso tres días porque llevaba una pluma en su sombrero.

“Una vez concluida mi visita voy a elaborar un informe para presentarle al Gobierno boliviano y al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Tendrá recomendaciones acerca de la manera de responder a algunos de los problemas que ustedes han mencionado. En algunos casos, esto les llevará a seguir trabajando con mecanismos de las Naciones Unidas. Esperaremos a que el Gobierno de Bolivia responda a las recomendaciones de mi informe. Muchas gracias por haber dado oportunidad de escuchar más ampliamente. Y no se disculpen por haberme seguido por todas partes, porque estoy aquí para escuchar. No me han ofendido en absoluto, les doy las gracias de nuevo”, dijo el kenyano al finalizar la reunión en el hotel Radisson de la ciudad de La Paz.

“Aquí estaban las víctimas. Yo quisiera que no sea en vano lo que hemos informado. Quisiera pedir a nombre del CONAMAQ que el relator recoja en su informe lo que hemos dicho”, dijo mama Virginia Alí, de la organización indígena.

Tata Fernando Choque estuvo tres días en la cárcel porque en su sombrero lleva una pluma. “Le he contado al relator especial cómo se vulneran nuestros derechos, escritos en el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). Le he contado qué agresiones ha sufrido mi persona por motivo de usar nuestros símbolos ancestrales”, comentó. La causa judicial que le armaron a este tata por Portación de Pluma quedó en la nada, luego de que retirara su denuncia Pablo Leytón, de un movimiento de defensa de los animales. Ahora, tata Choque evalúa iniciar acciones judiciales por el agravio que ha pasado.

Nilda Rojas, hija de Cancio Rojas, contó cómo está su padre -kuraka de Sacaca- con detención domiciliaria en la ciudad de Potosí, acusado de ocho delitos durante el conflicto de ayllus de Mallku Kota con la transnacional minera Southamerican Silver. “Hay retardación de justicia, no hay investigación, las audiencias siempre se suspenden. A mi papá lo acusan de robo agravado, instigación pública a delinquir, coacción y otras cosas. Pero hasta ahorita no comprueban nada”, dijo Nilda.

“Piensan que él es el autor de los crímenes por ser autoridad de la comunidad, dicen que él ordena a los comunarios que hagan esto y esto y ellos le hacen caso. Ahora, en Mallku Kota, tenemos que dar de alimentar a los policías, además de soportar sus abusos. Vienen y dicen: ‘Comprame cerveza, dame para mi pasaje, comprame tarjeta de teléfono’. El anterior mes le habían disparado dos policías ebrios al cuarto donde está mi papá con prisión domiciliaria en la ciudad de Potosí, porque no le dejan estar en Sacaca. Ahora mi papá está psicológicamente y fiscalmente muy mal. Vienen los policías a revisar que esté en su cuarto a las 12 de la noche, a las tres de la mañana. La dueña de la casa quiere que nos salgamos del cuarto, porque vienen siempre los policías”, contó la joven.

Mama Rosiyo Patty de Quispe contó cómo fue la represión policial-militar del 25 de septiembre del año pasado a la Octava Marcha. Relató las agresiones que sufrió ella y su hija Jimena, entonces de 11 años, quien fue herida en su rostro por un palazo de un policía. “Vi que a mi mamá le estaban pegando los policías. Quise ir con ella pero los policías me pegaron, entonces me desmaye”, dijo la niña al relator.

“Simple y llanamente el Gobierno debe cumplir la Constitución Política del Estado, debe respetar las normas en vigencia con relación a los derechos de los Pueblos Indígenas y la ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación. Las personas que cometieron delitos estando en funciones de Gobierno deben ser sancionadas. Pero tenemos a exministros como Sacha Llorenti, quien hoy es premiado como Embajador en las Naciones Unidas, cuando realmente debiera ser juzgado por el intento de homicidio que ha existido en la represión de Chaparina”, dijo Rafael Quispe Flores, coordinador de Fortalecimiento e Integración Política de los Pueblos de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI).
Fuente: Equipo de Comunicación Indígena Originario