Comisión de Comunicación Indígena Originaria: Representantes legítimos del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), de la Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) impidieron que el Gobierno nacional y el Sistema de Naciones Unidas avanzaran en la imposición de un proyecto de ley de Consulta elaborado sin la participación de las organizaciones de los pueblos y naciones indígenas, que son titulares del derecho a la Consulta.
“El Gobierno quiere hacer aprobar una ley marco de Consulta que no tiene consenso, que no ha sido discutida con las organizaciones indígenas nacionales, de acuerdo con sus estructuras naturales y según normas y procedimientos propios.
“El Gobierno quiere hacer aprobar una ley marco de Consulta que no tiene consenso, que no ha sido discutida con las organizaciones indígenas nacionales, de acuerdo con sus estructuras naturales y según normas y procedimientos propios.
En cambio, el Gobierno ha sacado de abajo de la manga una ley totalmente atentatoria a la Constitución y a las leyes. Y como ustedes pueden ver, no dejan entrar a los medios de comunicación porque acá adentro hay descontento. Las organizaciones están increpando si este encuentro es para la aprobación de una ley o si es un conversatorio con el Sistema de Naciones Unidas”, indicó tata Rafael Quispe Flores, coordinador de Fortalecimiento Político de los Pueblos de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI).
En la mañana del viernes, en el Auditorium de Sopocachi abundaban las caras largas en personas de traje, representantes de las Naciones Unidas, y en los funcionarios del Gobierno nacional dispuestos para garantizar el éxito de la convocatoria. Las organizaciones indígenas nacionales CONAMAQ, CIDOB y APG les habían arruinado la fiesta.
A las 9 de la mañana, llegaron al salón de eventos de la calle Guachalla las y los representantes legítimos de CONAMAQ, CIDOB y APG. Traían un pronunciamiento de cuatro páginas, en el que denunciaban, entre otros puntos, que:
“El proceso de elaboración del anteproyecto en cuestión está viciado por la mala fe del Gobierno central, ya que no ha considerado las propuestas presentadas oportunamente por nuestras organizaciones CIDOB, CONAMAQ y APG; ha generado división al interior de las organizaciones indígenas y no ha respetado nuestras estructuras orgánicas”.
“Rechazamos todo el proceso de elaboración del anteproyecto de ley marco de Consulta, formulado por el Gobierno en complicidad con la supuesta ‘Comisión Nacional’ y los recursos y medios proporcionados por las Naciones Unidas que fueron mal utilizados por el Gobierno para la división y manipulación del movimiento indígena originario de Bolivia”.
“La propuesta de ley de Consulta del Gobierno encarna una intención clara de mantener una política extractivista y de entrega a las transnacionales, facilitando que las empresas privadas sigan ampliando e intensificando sus proyectos, especialmente sobre territorios indígenas, con los consiguientes impactos negativos sociales, culturales y medioambientales”.
La ONU parcializada
Dentro de la sala, había más de 200 personas, del Gobierno nacional, de las Naciones Unidas, de las organizaciones indígenas paralelas creadas por el Gobierno nacional –como la CIDOB de Melva Hurtado-, autoridades de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia ‘Bartolina Sisa’ (CNMCIOB-‘BS’) y del CONAMAQ, todas invitadas mediante cartas firmadas por el Ministerio de Gobierno y/o Naciones Unidas. El Consejo de Capitanes Guaraníes de Tarija mostró la invitación, que llevaba la rúbrica de Carlos Romero, ministro de Gobierno, y de Jaime Nadal, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Bolivia, además de los logos de estas instituciones. Según declaraciones de este funcionario de la ONU a la agencia de noticias estatal ABI, el proceso de elaboración unilateral del proyecto de ley de Consulta gubernamental fue hecho gracias al “apoyo económico de la Comunidad Europea y de la embajada de Dinamarca”.
Las y los directivos legítimos de la CIDOB no habían sido invitados, pero igual entraron y lograron que fuera leído su pronunciamiento. El encargado de hacerlo fue tata Félix Becerra, Jiliri Apu Mallku del CONAMAQ. Entonces el Gobierno nacional perdió el control del encuentro. Entonces empezaron a sudar los funcionarios del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFP), del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), del Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD), del Programa Mundial de Alimentos (PMA), de la Organización Panamericana y Mundial de la Salud (OPS/OMS), entre otras agencias vinculadas a la elaboración del proyecto de ley gubernamental.
En un momento, tata Rafael Quispe quiso hacer entrar a la sala a una cámara del canal ATB para que tomara imágenes de relleno. Pero gente del Gobierno y de organizaciones campesinas afines se lo impidieron y no dudaron en recurrir a empujones y amenazas, ante el lente que las y los filmaba.
“Denuncio a la opinión pública que el Gobierno está utilizando al Sistema de las Naciones Unidas. Aquí no quieren transparentar absolutamente nada. Por eso no dejan que entre la prensa. Pero la prensa tiene que ver, porque es el ojo del mundo. Ustedes han visto que me han amenazando. Si eso hacen delante de la prensa, cuando no está la prensa ¿qué pueden hacer?”, se preguntó Quispe, autoridad originaria del Jacha Suyu Pajaqi.
“La población debe saber que el Gobierno nacional agrede a las organizaciones indígenas cuando le plantean que se trabaje la ley marco de Consulta de manera transparente”, dijo tata Rafael.
En la mañana del viernes, en el Auditorium de Sopocachi abundaban las caras largas en personas de traje, representantes de las Naciones Unidas, y en los funcionarios del Gobierno nacional dispuestos para garantizar el éxito de la convocatoria. Las organizaciones indígenas nacionales CONAMAQ, CIDOB y APG les habían arruinado la fiesta.
A las 9 de la mañana, llegaron al salón de eventos de la calle Guachalla las y los representantes legítimos de CONAMAQ, CIDOB y APG. Traían un pronunciamiento de cuatro páginas, en el que denunciaban, entre otros puntos, que:
“El proceso de elaboración del anteproyecto en cuestión está viciado por la mala fe del Gobierno central, ya que no ha considerado las propuestas presentadas oportunamente por nuestras organizaciones CIDOB, CONAMAQ y APG; ha generado división al interior de las organizaciones indígenas y no ha respetado nuestras estructuras orgánicas”.
“Rechazamos todo el proceso de elaboración del anteproyecto de ley marco de Consulta, formulado por el Gobierno en complicidad con la supuesta ‘Comisión Nacional’ y los recursos y medios proporcionados por las Naciones Unidas que fueron mal utilizados por el Gobierno para la división y manipulación del movimiento indígena originario de Bolivia”.
“La propuesta de ley de Consulta del Gobierno encarna una intención clara de mantener una política extractivista y de entrega a las transnacionales, facilitando que las empresas privadas sigan ampliando e intensificando sus proyectos, especialmente sobre territorios indígenas, con los consiguientes impactos negativos sociales, culturales y medioambientales”.
La ONU parcializada
Dentro de la sala, había más de 200 personas, del Gobierno nacional, de las Naciones Unidas, de las organizaciones indígenas paralelas creadas por el Gobierno nacional –como la CIDOB de Melva Hurtado-, autoridades de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia ‘Bartolina Sisa’ (CNMCIOB-‘BS’) y del CONAMAQ, todas invitadas mediante cartas firmadas por el Ministerio de Gobierno y/o Naciones Unidas. El Consejo de Capitanes Guaraníes de Tarija mostró la invitación, que llevaba la rúbrica de Carlos Romero, ministro de Gobierno, y de Jaime Nadal, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Bolivia, además de los logos de estas instituciones. Según declaraciones de este funcionario de la ONU a la agencia de noticias estatal ABI, el proceso de elaboración unilateral del proyecto de ley de Consulta gubernamental fue hecho gracias al “apoyo económico de la Comunidad Europea y de la embajada de Dinamarca”.
Las y los directivos legítimos de la CIDOB no habían sido invitados, pero igual entraron y lograron que fuera leído su pronunciamiento. El encargado de hacerlo fue tata Félix Becerra, Jiliri Apu Mallku del CONAMAQ. Entonces el Gobierno nacional perdió el control del encuentro. Entonces empezaron a sudar los funcionarios del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFP), del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), del Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD), del Programa Mundial de Alimentos (PMA), de la Organización Panamericana y Mundial de la Salud (OPS/OMS), entre otras agencias vinculadas a la elaboración del proyecto de ley gubernamental.
En un momento, tata Rafael Quispe quiso hacer entrar a la sala a una cámara del canal ATB para que tomara imágenes de relleno. Pero gente del Gobierno y de organizaciones campesinas afines se lo impidieron y no dudaron en recurrir a empujones y amenazas, ante el lente que las y los filmaba.
“Denuncio a la opinión pública que el Gobierno está utilizando al Sistema de las Naciones Unidas. Aquí no quieren transparentar absolutamente nada. Por eso no dejan que entre la prensa. Pero la prensa tiene que ver, porque es el ojo del mundo. Ustedes han visto que me han amenazando. Si eso hacen delante de la prensa, cuando no está la prensa ¿qué pueden hacer?”, se preguntó Quispe, autoridad originaria del Jacha Suyu Pajaqi.
“La población debe saber que el Gobierno nacional agrede a las organizaciones indígenas cuando le plantean que se trabaje la ley marco de Consulta de manera transparente”, dijo tata Rafael.
Luego de la lectura del documento, se manifestaron dirigentes de la CSUTCB y de la CSCIB, quienes -insólitamente- adhirieron a las observaciones y críticas planteadas por CONAMAQ, CIDOB y APG.
“No nos van a venir a imponer ningún término que no entendamos. Todo va a ser en consenso”, dijo Ever Choquehuanca, dirigente de la CSCIB, de destacada participación en el bloqueo que los colonizadores realizaron a la Octava Marcha Indígena en 2011 en Yucumo, departamento de Beni. Mediante esa acción, habían promovido la llegada de la Policía Nacional y la posterior represión a la movilización de la CIDOB y el CONAMAQ, el 25 de septiembre de ese año.
La mayoría de las y los presentes replicaron al colonizador con un “jallalla”.
Roberto Coraite, secretario ejecutivo de la CSUTCB, dijo compartir las observaciones planteadas en el documento de la CIDOB y del CONAMAQ. “Respaldamos ese documento, estamos de acuerdo con todas las observaciones de la CIDOB y del CONAMAQ. Todo tiene que ser en consenso”, dijo.
Finalmente, representantes de las organizaciones acordaron definir otra fecha y otro espacio para debatir cómo será la ley de Consulta. El proyecto de ley de Consulta gubernamental perdió validez y legitimidad, justo lo contrario a lo que anhelaba el Gobierno al convocar a este encuentro.
“Una diputada, cuyo nombre no sé, planteó que ya nomás se discutiera la aprobación de la propuesta de ley de Consulta del Gobierno. Eso también lo queremos debatir, pero de forma transparente, de cara al pueblo ¿Qué quieren ocultar? No dejan pasar a medios de comunicación, está lleno de funcionarios del Gobierno. Si este realmente fuera un conversatorio de Naciones Unidas, sería con los pueblos indígenas. Pero no es así”, agregó Quispe.
“No nos van a venir a imponer ningún término que no entendamos. Todo va a ser en consenso”, dijo Ever Choquehuanca, dirigente de la CSCIB, de destacada participación en el bloqueo que los colonizadores realizaron a la Octava Marcha Indígena en 2011 en Yucumo, departamento de Beni. Mediante esa acción, habían promovido la llegada de la Policía Nacional y la posterior represión a la movilización de la CIDOB y el CONAMAQ, el 25 de septiembre de ese año.
La mayoría de las y los presentes replicaron al colonizador con un “jallalla”.
Roberto Coraite, secretario ejecutivo de la CSUTCB, dijo compartir las observaciones planteadas en el documento de la CIDOB y del CONAMAQ. “Respaldamos ese documento, estamos de acuerdo con todas las observaciones de la CIDOB y del CONAMAQ. Todo tiene que ser en consenso”, dijo.
Finalmente, representantes de las organizaciones acordaron definir otra fecha y otro espacio para debatir cómo será la ley de Consulta. El proyecto de ley de Consulta gubernamental perdió validez y legitimidad, justo lo contrario a lo que anhelaba el Gobierno al convocar a este encuentro.
“Una diputada, cuyo nombre no sé, planteó que ya nomás se discutiera la aprobación de la propuesta de ley de Consulta del Gobierno. Eso también lo queremos debatir, pero de forma transparente, de cara al pueblo ¿Qué quieren ocultar? No dejan pasar a medios de comunicación, está lleno de funcionarios del Gobierno. Si este realmente fuera un conversatorio de Naciones Unidas, sería con los pueblos indígenas. Pero no es así”, agregó Quispe.
“El genocidio de los pueblos indígenas”
A las 10.30, llegó al Auditorium Melva Hurtado y una decena de acompañantes, todos de la CIDOB paralela creada por el Gobierno nacional. Quispe indicó que en la CAOI (con estatus consultivo ante las Naciones Unidas y la Comunidad Andina de Naciones) “no reconocemos a la Melva Hurtado como dirigente de la CIDOB. Reconocemos a Adolfo Chávez”.
Miriam Pariamo, de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), dijo que “ahí adentro están acordando muchos temas que a nosotros no nos convienen. Están acordando un libro verde (la propuesta de ley de Consulta del Gobierno) en el que está escrito que pueden aplastar a los pueblos indígenas. Nosotros, como indígenas, vamos a seguir reclamando nuestros derechos, aunque así nos haga desaparecer el Gobierno”.
“Ahí adentro no permiten que haya ningún medio de comunicación. Si esto fuera una cosa bien clara, los indígenas podrían manifestarse, estarían ahí adentro los medios de comunicación y no los estarían botando así, a palo”, dijo la tacana.
Nelly Romero, vicepresidenta de la CIDOB, se enteró por casualidad de que el Gobierno y las Naciones Unidas iban a hacer este encuentro. Entonces se comunicó con una funcionaria de la ONU a la cual tenía bastante confianza, por su acompañamiento a las y los indígenas durante la Octava Marcha. “Telefónicamente me ha dicho que este encuentro era tan solamente para las organizaciones regionales. Que los directivos no tendrían que aparecer. Ahora venimos aquí y vemos que la invitación había ido para los directivos de la CIDOB paralela del Gobierno. No nos importa, nosotros vamos aseguir resistiendo, incidiendo en todos los espacios, tanto nacionales como internacionales”, contó.
Cuando Melva Hurtado y su gente de la CIDOB paralela entraron a la sala, recibieron un grito unánime del CONAMAQ: “¡Fuera!”, “¡Fuera!” La bulla se extendió durante 15 minutos.
“La propuesta de ley de Consulta del Gobierno lamentablemente significa el genocidio de los pueblos indígenas en Bolivia. Allí adentro, el hermano del Consejo de Capitanes de Tarija dijo que nosotros somos los que vivimos los impactos ambientales, los impactos territoriales, los impactos sociales, y eso no se puede remediar. Creo yo que nosotros somos indígenas pero no somos ignorantes, así como ellos nos han calificado. Por eso hemos trabajado una propuesta de ley de Consulta entre la CIDOB, la APG y el CONAMAQ. Porque tenemos una particularidad: que nuestra lucha es en forma colectiva”, dijo la vicepresidenta de la CIDOB.
El “conversatorio” del Gobierno, las Naciones Unidas y organizaciones oficialistas y paralelas incluía la participación de dos “expertos” en temas de Consulta traídos de Perú y Canadá. “Todos están diciendo de que se suspenda este evento. Es importante, pero nosotros como pueblo Guaraní no necesitamos que vengan expertos a decirnos qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo y cuándo tenemos que hacerlo. Nosotros hemos convivido muchísimos años con este procedimiento que hemos realizado de acuerdo a normas propias”, dijo Romero, del pueblo Guaraní.
(Comisión de Comunicación Indígena Originaria)
A las 10.30, llegó al Auditorium Melva Hurtado y una decena de acompañantes, todos de la CIDOB paralela creada por el Gobierno nacional. Quispe indicó que en la CAOI (con estatus consultivo ante las Naciones Unidas y la Comunidad Andina de Naciones) “no reconocemos a la Melva Hurtado como dirigente de la CIDOB. Reconocemos a Adolfo Chávez”.
Miriam Pariamo, de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), dijo que “ahí adentro están acordando muchos temas que a nosotros no nos convienen. Están acordando un libro verde (la propuesta de ley de Consulta del Gobierno) en el que está escrito que pueden aplastar a los pueblos indígenas. Nosotros, como indígenas, vamos a seguir reclamando nuestros derechos, aunque así nos haga desaparecer el Gobierno”.
“Ahí adentro no permiten que haya ningún medio de comunicación. Si esto fuera una cosa bien clara, los indígenas podrían manifestarse, estarían ahí adentro los medios de comunicación y no los estarían botando así, a palo”, dijo la tacana.
Nelly Romero, vicepresidenta de la CIDOB, se enteró por casualidad de que el Gobierno y las Naciones Unidas iban a hacer este encuentro. Entonces se comunicó con una funcionaria de la ONU a la cual tenía bastante confianza, por su acompañamiento a las y los indígenas durante la Octava Marcha. “Telefónicamente me ha dicho que este encuentro era tan solamente para las organizaciones regionales. Que los directivos no tendrían que aparecer. Ahora venimos aquí y vemos que la invitación había ido para los directivos de la CIDOB paralela del Gobierno. No nos importa, nosotros vamos aseguir resistiendo, incidiendo en todos los espacios, tanto nacionales como internacionales”, contó.
Cuando Melva Hurtado y su gente de la CIDOB paralela entraron a la sala, recibieron un grito unánime del CONAMAQ: “¡Fuera!”, “¡Fuera!” La bulla se extendió durante 15 minutos.
“La propuesta de ley de Consulta del Gobierno lamentablemente significa el genocidio de los pueblos indígenas en Bolivia. Allí adentro, el hermano del Consejo de Capitanes de Tarija dijo que nosotros somos los que vivimos los impactos ambientales, los impactos territoriales, los impactos sociales, y eso no se puede remediar. Creo yo que nosotros somos indígenas pero no somos ignorantes, así como ellos nos han calificado. Por eso hemos trabajado una propuesta de ley de Consulta entre la CIDOB, la APG y el CONAMAQ. Porque tenemos una particularidad: que nuestra lucha es en forma colectiva”, dijo la vicepresidenta de la CIDOB.
El “conversatorio” del Gobierno, las Naciones Unidas y organizaciones oficialistas y paralelas incluía la participación de dos “expertos” en temas de Consulta traídos de Perú y Canadá. “Todos están diciendo de que se suspenda este evento. Es importante, pero nosotros como pueblo Guaraní no necesitamos que vengan expertos a decirnos qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo y cuándo tenemos que hacerlo. Nosotros hemos convivido muchísimos años con este procedimiento que hemos realizado de acuerdo a normas propias”, dijo Romero, del pueblo Guaraní.
(Comisión de Comunicación Indígena Originaria)
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