PÁGINA SIETE: La Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) pedirá que el Gobierno les ceda otras seis áreas mineras que están bajo concesión de la empresa Himalaya, porque en su criterio son yacimientos “ociosos” donde no se realiza explotación.
Además, esperan beneficiarse, a través de la futura Ley de Control y Fiscalización de Áreas Mineras, con otras concesiones operadas actualmente por las empresas privadas.
Dicho proyecto de ley entrará en tratamiento en breve en la Cámara de Se
Además, esperan beneficiarse, a través de la futura Ley de Control y Fiscalización de Áreas Mineras, con otras concesiones operadas actualmente por las empresas privadas.
Dicho proyecto de ley entrará en tratamiento en breve en la Cámara de Se
nadores.
La empresa Himalaya asegura que sus áreas Chichaya, Carmen del Illimani, Zoila, Petacas, Casualidad y Alto Cotaña, que conforman el yacimiento, no pueden ser revertidas porque están avasalladas desde 2007.
“(Fernando) Killman tenía siete concesiones en el centro minero, una (Resguardo de la Tempestad) volvió a las manos de los primeros dueños (cooperativa Cerro Negro) y el resto de las concesiones nuestro Gobierno revertirá. Todas las áreas ociosas que están en manos de la privada se revertirán para el Estado y éste las dará a los actores mineros como estatal, privado y cooperativas mineras”, indicó ayer el presidente de Fencomin, Alejandro Santos.
“Son áreas que nosotros las podemos trabajar, porque las cooperativas mineras siempre hemos generado fuentes de trabajo sin pedir nada a nuestro Presidente; ni bonos, ni aguinaldos, ni primas ni salarios. Nosotros dependemos de nosotros mismos, porque nuestras fuentes las creamos con nuestras manos”, afirmó Santos.
Página Siete reveló la semana pasada que el Gobierno, mediante Decreto Supremo 1619, cedió a la cooperativa Cerro Negro el área Resguardo de la Tempestad en la mina de wólfram Himalaya, yacimiento que fue avasallado por comunarios en 2007. Los mismos avasalladores se organizaron en la cooperativa Cerro Negro y lograron su control.
El Gobierno admitió la entrega de la mina en retribución al respaldo político que recibe del sector.
El asesor legal de la empresa Himalaya, Raúl Azurduy, aclaró ayer que las seis áreas restantes no pueden ser consideradas ociosas porque permanecen avasalladas.
“Claramente en el artículo 3 del proyecto de Ley de Control y Fiscalización de Áreas Mineras se señala que la caducidad o resolución no proceden cuando la inexistencia de actividades mineras se hubiere producido como consecuencia de avasallamientos o como resultado de una disposición de autoridades competentes (.....)”, explicó Azurduy.
El abogado lamentó que en el país no exista seguridad jurídica y que las cooperativas actúen de una manera que viola la ley. Consideró inaceptable que los mismos que avasallaron la mina en 2007 logren ahora su administración mediante decreto.
La empresa Himalaya asegura que sus áreas Chichaya, Carmen del Illimani, Zoila, Petacas, Casualidad y Alto Cotaña, que conforman el yacimiento, no pueden ser revertidas porque están avasalladas desde 2007.
“(Fernando) Killman tenía siete concesiones en el centro minero, una (Resguardo de la Tempestad) volvió a las manos de los primeros dueños (cooperativa Cerro Negro) y el resto de las concesiones nuestro Gobierno revertirá. Todas las áreas ociosas que están en manos de la privada se revertirán para el Estado y éste las dará a los actores mineros como estatal, privado y cooperativas mineras”, indicó ayer el presidente de Fencomin, Alejandro Santos.
“Son áreas que nosotros las podemos trabajar, porque las cooperativas mineras siempre hemos generado fuentes de trabajo sin pedir nada a nuestro Presidente; ni bonos, ni aguinaldos, ni primas ni salarios. Nosotros dependemos de nosotros mismos, porque nuestras fuentes las creamos con nuestras manos”, afirmó Santos.
Página Siete reveló la semana pasada que el Gobierno, mediante Decreto Supremo 1619, cedió a la cooperativa Cerro Negro el área Resguardo de la Tempestad en la mina de wólfram Himalaya, yacimiento que fue avasallado por comunarios en 2007. Los mismos avasalladores se organizaron en la cooperativa Cerro Negro y lograron su control.
El Gobierno admitió la entrega de la mina en retribución al respaldo político que recibe del sector.
El asesor legal de la empresa Himalaya, Raúl Azurduy, aclaró ayer que las seis áreas restantes no pueden ser consideradas ociosas porque permanecen avasalladas.
“Claramente en el artículo 3 del proyecto de Ley de Control y Fiscalización de Áreas Mineras se señala que la caducidad o resolución no proceden cuando la inexistencia de actividades mineras se hubiere producido como consecuencia de avasallamientos o como resultado de una disposición de autoridades competentes (.....)”, explicó Azurduy.
El abogado lamentó que en el país no exista seguridad jurídica y que las cooperativas actúen de una manera que viola la ley. Consideró inaceptable que los mismos que avasallaron la mina en 2007 logren ahora su administración mediante decreto.
Afirman que ley logra consenso
El presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), Alejandro Santos, afirmó que el proyecto de la nueva Ley Minera goza de apoyo de los tres sectores mineros y será concluido el viernes 12 de julio.
Aclaró que el único punto en el que aún no hay acuerdos es el referido a la distribución de las regalías mineras para las gobernaciones y municipios productores.
Anticipó que no se modificará el monto de las regalías que cancelan los operadores mineros al Estado (privados, estatal y cooperativas), que alcanza entre 1 y 7% del valor de producción; el porcentaje se paga de acuerdo al mineral exportado y su precio internacional.
Un último borrador del proyecto busca que las regiones productoras reduzcan su participación en la distribución de regalías, del actual 85% al 75%.
Se dispone que ese 10%, que antes beneficiaba a las regiones, se distribuya así: el 5% para el Tesoro General del Estado y el otro 5% a los municipios colindantes con el reservorio.
Aclaró que el único punto en el que aún no hay acuerdos es el referido a la distribución de las regalías mineras para las gobernaciones y municipios productores.
Anticipó que no se modificará el monto de las regalías que cancelan los operadores mineros al Estado (privados, estatal y cooperativas), que alcanza entre 1 y 7% del valor de producción; el porcentaje se paga de acuerdo al mineral exportado y su precio internacional.
Un último borrador del proyecto busca que las regiones productoras reduzcan su participación en la distribución de regalías, del actual 85% al 75%.
Se dispone que ese 10%, que antes beneficiaba a las regiones, se distribuya así: el 5% para el Tesoro General del Estado y el otro 5% a los municipios colindantes con el reservorio.
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