EL DIARIO: Los líderes del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) anunciaron masificar sus movilizaciones en Beni, en defensa de los tres dirigentes que tienen orden de aprehensión bajo la figura de supuesto intento de homicidio y feminicidio por parte de la Fiscalía. El dirigente Emilio Loza advirtió que en los próximos días se determinará un paro de 48 horas en caso de no dejar sin efecto el mandamiento de detención.
La medida de presión contra el Gobierno se vivió ayer en una masiva convocatoria promovida
por el Comité Cívico de ese departamento, con el apoyo de varias organizaciones e instituciones privadas, además de la Central Obrera Departamental (COD), demandando la anulación del mandamiento de aprehensión de los dirigentes Fernando Vargas, Pedro Nuny y Adolfo Chávez, quienes son acusados por agresión física a Gumercindo Pradel y María Flores, el 20 de junio en la comunidad de San Pablo.
Desde tempranas horas de la mañana, diferentes puntos de bloqueo fueron instalados en la capital trinitaria, además en las carreteras interdepartamentales, con el cierre de la terminal de buses y el aeropuerto que sólo despegó vuelos de emergencia. En tanto algunas entidades públicas tuvieron la jornada laboral de manera normal, pero a puertas cerradas.
Al culminar la jornada, el presidente de la Subcentral Sécure, Emilio Noza, evaluó la movilización calificándola de contundente; dijo que se acató en su cabalidad, lo que “demostró” al Gobierno y al pueblo boliviano, “el justo reclamo” que realizan los cívicos benianos y los indígenas del Tipnis.
El presidente del Comité Cívico de Beni, David Coca, informó que hoy miércoles, las medidas de presión se intensificarán con la partida de una caravana conformada por los cívicos e indígenas de las tierras bajas desde cada punto de la capital. Agregó que hoy llegan más comunitarios del Tipnis para la movilización.
OTRAS MOVILIZACIONES
Asimismo, Noza informó que en la última reunión de la dirigencia indígena de las tierras bajas se determinó que de no existir una respuesta firme y positiva a la demanda que sostienen, ingresarán a un paro de 48 horas con movilizaciones en los próximos días.
“Se ha determinado que las medidas de presión van a continuar, exigimos que quede sin efecto la aprehensión a nuestros compañeros (…), tenemos previsto un paro de 48 horas que lo vamos a analizar en estos días, eso es depende a la respuesta que tengamos (Ministerio Publico), y si no entramos con las movilizaciones hasta que se anule la orden” dijo el dirigente, sin descartar un paro indefinido.
Argumentó que el Gobierno atenta la Constitución Política del Estado (CPE) en su artículo 30, donde establece que los indígenas tienen el derecho de ejercer sus usos y costumbres. Por tanto, el dirigente resaltó que el conflicto suscitado en San Pablo, debe resolverse por la justicia comunitaria y no por el sistema judicial ordinario.
La demanda, agregó, no sólo va en defensa de los tres dirigentes del Tipnis, sino por la defensa de los recursos de ese territorio, rechazando la construcción de la carreta Villa Tunari-San Ignacio de Moxos que unirá los departamentos de Cochabamba y Beni, pero afectando a la reserva natural.
GOBIERNO MINIMIZA
El paro fue minimizado por el Ejecutivo a través del ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien señaló que el tránsito vehicular fue normal excepto en los puntos de bloqueo. Sin embargo, afirmó que las entidades financieras acataron la medida por miedo a las represalias.
La presidenta de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño, calificó la medida como política y perjudicial para la economía del departamento. Asimismo, ratificó la denuncia contra los dirigentes, pues en su criterio fueron responsables del supuesto aborto provocado a María Flores, representante del Conisur, que habría sido agredida durante los conflictos de la comunidad San Pablo entre adherentes y contrarios al proyecto vial del Gobierno.
“Ha habido una agresión brutal contra una persona, un ser humano que tiene exactamente los mismos derechos que cualquier otro boliviano y boliviana y el proceso iniciado contra estos tres dirigentes tiene que ver con esa agresión brutal que fue criticada por toda la opinión pública del país”, expresó Montaño.
Según reportes, el paro alcanzó el 95 por ciento en la capital del departamento, pero en comunidades como San Ignacio de Moxos no hubo mayor contratiempo, en parte por la falta de coordinación explicaron fuentes locales.
“Queremos comunicar que no hay paro en San Ignacio de Moxos. No podemos acatar un paro que no fue socializado por las organizaciones sociales, por lo tanto las actividades aquí estén normales”, dijo el alcalde ignaciano Basilio Nolvani.
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