Los expertos señalaron que la nueva Ley Minera consolidará la creación de una casta privilegiada, cuyos derechos están por encima de todos los actores económicos y sociales del país. Ese grupo son los cooperativistas mineros.
De acuerdo a los últimos datos, el sector cooperativo es el que más ha crecido en los últimos años. Para solo citar un ejemplo, Gandarillas recordó que en 2008, en el departamento de La Paz había 252 cooperativas; el año pasado, esa cifra había crecido a 1.209, es decir, cinco veces más.
Por otra parte, además de su número creciente, lo cual se traduce en votos y capacidad de movilización callejera, las cooperativas tienen una porción cada vez más grande de superficie minera explotada, y por lo tanto, del volumen de producción. Gandarillas recordó que en cuanto a su valor exportado, del zinc que se extrae en Bolivia, las cooperativas tienen el 29% de la producción, las empresas privadas transnacionales, el 67% y el Estado apenas el 3,6%. Con respecto al oro, el Estado no tiene nada, las empresas privadas solo un 8% y las cooperativas el 91%. Si se observa la plata, el sector privado tiene el 67%, el Estado, nada, y las cooperativas, un 32%. Finalmente, en cuanto al plomo, los privados concentran el 78% de lo exportado, las cooperativas, el 21%, y el Estado no explota nada.
En promedio general, la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) solo produce, en valor, el 7% de la producción nacional de minerales. Eso nos muestra cómo, en contraste con el sector de hidrocarburos, el Estado nacional juega un rol marginal en la minería, lo cual es acompañado con la entrega de todo tipo de beneficios a los cooperativistas.
Pablo Villegas explicó por qué el sector cooperativo es tan predominante hoy. Para el experto del CEDIB, los precios de los minerales han tendido a bajar gradualmente, al mismo tiempo que han subido los costos de producción. Ello habría llevado a que las principales transnacionales ya no quieran invertir por el momento en nuestro país. A estas empresas, les resulta más conveniente asociarse con las cooperativas y comprarles mineral. Ahí está el negocio. Dado que las cooperativas tienen privilegios tributarios, las transnacionales prefieren dejar que ellas hagan el trabajo. “Es un gran negocio asociarse a las cooperativas, porque solo pagan la regalía, y su régimen laboral es de principios del siglo pasado”, subrayó Villegas. Gandarillas corrobora ese dato. De un valor de 1.800 millones de dólares de ingresos, el año pasado, las cooperativas solo pagaron en regalías 90 millones.
Pero el dato más preocupante no es quizás la concesión de beneficios tributarios. Para Gandarillas lo más grave es que en un periodo de cinco años, una vez que entre en vigencia la nueva Ley, las reservas fiscales, es decir, la superficie minera en manos del Estado, será entregada a los actores privados. Eso significa que si ahora, gracias a la nacionalización de 1952, el Estado aún conserva un 14% de la superficie minera del país, es decir, 338 mil hectáreas, por decisión de la mayoría parlamentaria, tendrá que ceder esos dominios dentro de cinco años.
Gandarillas anotó que esa es la forma en que se quiere pasar de 130 mil cooperativistas, en la actualidad, a 230 mil, como se lo habría planteado en la Agenda Patriótica 2025. “Les van a decir, tomen las áreas de COMIBOL, vayan a Pando, al norte de La Paz, vayan a Santa Cruz, al pre cámbrico”, advirtió el entrevistado. Para Villegas, la nueva Ley debería bautizarse como “Arkopongo”, porque ese tipo de conflictos armados son los que van a empezar a proliferar en el país.
Los dos analistas coincidieron en señalar que la nueva Ley es más privatizadora que la que estaba vigente, es decir, la que fue concebida en tiempos neoliberales. A diferencia de YPFB, COMIBOL no es propietaria de los minerales que se encuentran en el subsuelo nacional. Su autoridad ha sido fracturada. Con la creación de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), encargada de regular al sector, COMIBOL pasa a ser una empresa más.
Villegas recordó que los cooperativistas exigieron esa división de poderes porque alegaban que COMIBOL no podía ser “juez y parte” al concentrar en sus manos la regulación y la producción. “Es que de eso se trata”, repuso Villegas, “de que sea juez y parte, porque debería ser la propietaria, la dueña de todo”. La división de poderes, operada en mayo de 2013, con la creación de la AJAM impide que el Estado controle hoy su propiedad.
De acuerdo al análisis de Villegas y Gandarillas, los mineros se convertirán en una casta privilegiada, porque si antes tenían que hacer un trámite para usar recursos naturales como el agua, ahora la Ley los faculta a hacer las gestiones de manera directa. “Ahora es un acuerdo entre partes, es decir, arréglense y luego me comunican”, explicó Gandarillas. De ese modo, el fuerte que es el emprendedor, frente al débil, que es consultado, tiene todas las de ganar, porque ya no hay un garante como el Estado.
La nueva Ley tampoco limita el uso de recursos naturales a la zona de concesión, sino que afecta a las zonas aledañas. “Nunca se había dado una privatización tan extrema de los recursos naturales”, señaló el experto. “Eso no es nacionalismo, es neoliberalismo mejorado”, añadió Villegas.
En cuanto a los artículos más cuestionados de la nueva Ley, el 151 y el 132, los expertos señalaron que también ahí los últimos cambios benefician a los cooperativistas. Si bien la nueva redacción del 151 prohíbe contratos entre cooperativas y empresas privadas, el 152 complementa señalando que en caso de haber contratos entre privados, éstos deben ser autorizados por la AJAM. “Los privados pueden hacer contratos con quien quieran, pueden hacer los contratos que les dé la gana, con la sola condición de que informen al Estado”, dijo Gandarillas. Lo que se teme es que en la reglamentación, las cooperativas queden incluidas en este derecho como actores privados que son.
Con respecto al artículo 132, en efecto, se mantiene a la Asamblea Legislativa Plurinacional como instancia para aprobar las concesiones, sin embargo los 7.920 contratos vigentes hasta la fecha, que abarcan dos millones y medio de hectáreas, no tendrán control legislativo. “La ley los da por válidos”, aclaró Gandarillas.
Con referencia a la posibilidad de que los comunarios campesinos puedan defenderse de las explotaciones mineras que contaminan agua y suelos, Gandarillas ratificó el establecimiento de una especie de “minerocracia”. “Los actores mineros tienen derechos preferentes sobre cualquier otro actor. Ni siquiera los pueblos indígenas que titularon sus territorios antes de que se aprueben estas leyes, tienen esos derechos”, añadió.
Sobre el particular, Villegas recordó que lo que la nueva Ley hace es liquidar la consulta previa como mecanismo para que los habitantes de una zona de explotación puedan decidir sobre el futuro de los recursos de los que logran su sustento. “¿Quién es la autoridad competente para hacer la consulta?, es la AJAM, es decir, el tigre cuidando del chancho”, ejemplificó Villegas. Además de fijar solo tres reuniones para toda consulta, la Ley señala que cuando no hay acuerdo en ese corto periodo de tiempo, la instancia final que toma las decisiones es el Ministerio de Minería y con carácter inapelable.
Gandarillas recordó además que el poder de las cooperativas era tal, que cuando se discutió el contenido de la ley, eran la única corporación presente en la definición. “Controlan alcaldes, gobernaciones, asambleístas”, apuntó.
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