ANF, 22 de agosto de 2018
Docente del Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES) y cofundador del Observatorio de los Derechos de la Naturaleza, el uruguayo Gudynas, quien presentó en La Paz su reciente libro: “Extractivismos y corrupción”, observa a Bolivia como un Estado contradictorio, donde el Gobierno tiene discursos contra la globalización y el capitalismo, pero a la vez activamente quiere insertarse en el comercio global de minerales, claramente capitalista.
En Bolivia, más del 90% de la explotación aurífera está en manos de los cooperativistas y la tendencia de la explotación ilegal va en aumento. ¿Cómo interpreta el papel del Estado frente a esta situación?
E.G: El boom de la minería de oro sea legal o ilegal, formal o informal, expresa un debilitamiento del Estado en varios frentes. En primer lugar, todo eso es una respuesta a los precios internacionales y no a una planificación estatal para ese sector. Por eso es un síntoma de un Estado debilitado que no logra controlar o amortiguar la dependencia de la globalización como proveedor de materias primas. Pero a la vez, es un Estado que alienta y da cobertura a ese tipo de minería de oro, por ejemplo con las cooperativas, o que tolera el contrabando. Entonces, el caso boliviano muestra un Estado contradictorio donde el Gobierno tiene discursos contra la globalización y el capitalismo, pero a la vez activamente quiere insertarse en el comercio global de minerales, claramente capitalista y dominado por empresas extranjeras.
En la minería de oro se observa una falta de control efectivo desde el Estado sobre su explotación, comercialización y el pago de impuestos y regalías.
E.G: Esto es correcto, pero es solamente una parte del problema. No hay solamente un problema económico, ni puede plantearse que todo se solucionaría si se cobraran efectivamente los impuestos. Es que esa ambigüedad del Estado se evidencia en varios frentes. No existe un control efectivo de los impactos y desempeño ambiental de la minería de oro, como ha sido reconocido para el sector cooperativo, pero a la vez ese sector está protegido por ese Estado que tolera todo ese desarreglo. Tampoco hay un buen manejo de los efectos sobre la salud pública en las zonas donde opera esa minería. ¿Qué sucede con la contaminación de aguas, suelos y alimentos con metales pesados? Los altos niveles de violencia, por ejemplo con enfrentamientos entre comunarios y mineros, también son posibles por un Estado débil. Y luego están los problemas económicos, como la ausencia de una efectiva recaudación de impuestos o regalías. Pero aún solucionando el tema económico o tributario, eso no significa que se resolverán los impactos sanitarios, sociales, territorios y ecológicos de esa minería. Si solo se piensa desde el economicismo es como se tolerara un impuesto para contaminar o para ser violento.
Cuando se pensaba que la explotación ilegal del oro solo estaba en manos de los cooperativistas, ANF sacó a la luz que detrás de las cooperativas auríferas que explotan en ríos amazónicos, hay sociedades al margen de la ley con capitales extranjeros chinos y colombianos, que a su vez proveen de tecnología altamente depredadora, hablamos de las gigantes dragas chinas. ¿Este fenómeno se está dando en otros países?, ¿Cómo se puede frenar esta invasión territorial y de explotación de recursos no renovables?.
E.G: Los avances de la minería ilegal de oro que ocurren en Bolivia también se observan en los países vecinos como Perú y Colombia, donde se repiten la invasión de dragas, contaminación, violencia, y todos los demás efectos. Es más, podría decirse que en los vecinos la situación es mucho peor. Parecería que el Gobierno boliviano no aprende de los errores de esos vecinos y sumisamente está cayendo en los mismos problemas.
Si le prestamos atención a lo que sucede en esas otras regiones, veremos que la minería formalmente legal está superpuesta con emprendimientos ilegales y con otras denominadas como alegales. Alegalidad es un concepto que se usa para describir a las trampas que usan empresas para decir que cumplen la letra de la ley pero aprovechan sus vacíos o imperfecciones para conseguir un beneficio que obviamente el marco normativo impediría. El ejemplo clásico es tomar ventajas de los huecos legales para pagar menos impuestos. La minería de oro está repleta de esas prácticas, como por ejemplo, mantener emprendimientos que incumplen estándares ambientales o sanitarios pero que se aprovechan de leyes incompletas o no controladas para seguir adelante. Otras prácticas son decididamente ilegales, tales como las de blanquear el oro ilegal como si proviniera de minas autorizadas, el contrabando de insumos y minerales entre los países o el blanqueo del dinero. Grave es la situación en Colombia, donde las mismas bandas que están en el narcotráfico se amplían a manejar la minería de oro.
Enseguida estallan conflictos territoriales, que en realidad es la disputa por controlar el acceso al oro. Se expulsan a indígenas o campesinos, e incluso se crean zonas donde los que mandan son los traficantes del oro, y no la policía o las instituciones estatales. Una vez que aseguran un territorio, se expanden a la localidad vecina.
¿Cómo evaluar entonces el proceso de avance de la minería del oro en la Amazonía?
E.G: Quiero ser claro: la minería de oro termina siendo como una enfermedad, y se asemeja cada vez más a la lepra. Tiene las dos características que históricamente definieron a la lepra: es mutilante y avergüenza. La gran minería empresarial de oro genera verdaderas amputaciones ecológicas, con enormes tajos abiertos, que remueven millones de toneladas de roca para extraer unos pocos kilos de oro. Es una mutilación ya que es como un sacabocados de enorme escala. No hay regreso posible. La pequeña minería de oro aluvial sobre los ríos es lo mismo. Se dirá que cada explotación es pequeña, pero el problema es que se repite en centenares de localidades que remueven también millones de toneladas de arenas y rocas, deforestan la selva tropical, y dejan todo contaminado con mercurio. Avanza igual que la gangrena de la lepra, poco a poco, pústula por pústula.
Paralelamente, la minería de oro es una vergüenza. A su alrededor se viven todo tipo de violencias, como mineros que agreden a comunarios, o que dejan el agua y suelo tan contaminados que dañan la salud pública. Hay violencia en la propia ilegalidad del negocio, que debe apelar al contrabando, traficar con insumos, y así sucesivamente.
Pero es además una vergüenza para un proyecto de nación soberano. ¿Para qué se extrae todo ese oro? La información disponible muestra que aproximadamente el 45% del consumo de oro va a parar a la joyería, o sea para el consumismo de la opulencia. Y los principales consumidores están en China, India y otros países del oriente y medio oriente. Otro 45% va para acuñar monedas y lingotes, o sea para los financistas, banqueros y muy ricos. Entonces que no me digan que la minería de oro es necesaria para mantener la civilización industrial, ya que solamente el 10% tiene ese destino, y buena parte de eso ya se nutre con otro reciclado y recuperado.
Por lo tanto, para ser claros, nuestros países padecen la lepra de la minería de oro para nutrir las necesidades de opulencia y consumismo de señoras en el oriente o de banqueros en el occidente. Nosotros nos quedamos con todos los impactos sociales, ambientales y económicos, para que se puedan vender aretes y collares de oro, pongamos por caso, en India o China. ¿Ese es un proyecto de nación?
Cuando los explotadores ilegales forman parte de un grupo cooperativizado con un peso político en el actual Gobierno ¿cómo abordar la problemática extractivista desde lo local y desde la sociedad civil que logre revertir esta situación?
E.G: Un primer punto es analizar con rigurosidad la situación. Cuando la federación de cooperativistas de mineros se presenta como “clasista, revolucionaria, anti-oligárquica y anti-imperialista”, está claro que no es nada de eso. Si fuera clasista no se opondría a la formalización del empleo de sus asalariados, si fuera anti-imperialista no vendería oro ya que eso siempre se comercializa por las cadenas del comercio global todas ellas bien imperiales, si fuera anti-oligárquica no suministraría oro para las joyas de las oligarquías de otros países, y si fuera revolucionaria no hay nada más revolucionario para nuestros países que dejar de ser extractivismos como lo hemos venido siendo desde la Colonia. Esos dichos de las cooperativas tiene una concepción y dinámica que es la imagen del espejo del discurso de las grandes empresas transnacionales cuando dices que ellas son ambiental y socialmente responsables y que les preocupa el destino nacional o la calidad de vida de las comunidades locales, cuando en realidad siempre están mirando su tasa de ganancia. El papel de la sociedad civil, y en especial de una academia independiente, es desmontar esos slogans.
En tu reciente libro abordas cómo las actividades extractivistas están vinculadas a la corrupción y el caso boliviano no es la excepción. De hecho, pobladores de los municipios afectados y las cooperativistas formales han denunciado ilegalidades; no solo negligencia, sino también tráfico de influencias, incumplimiento de deberes, etc., sin lograr que el Órgano Judicial se haga eso de sus demandas. ¿Cómo desmontar desde la sociedad civil estos vínculos corruptos cuando no hay independencia de poderes?
E.G: El panorama presentado en la pregunta describe lo que son los llamados “efecto derrame” de los extractivismos. Esto es, la modificación y alteración de las políticas públicas para permitir y alentar a los extractivismos, y entre ellas están rebajar las normas laborales y ambientales, dejar de maniatar al poder judicial, y situaciones similares. Aquellos males permiten que se cuele la corrupción, porque como hay mucho dinero en juego en los extractivismos hay casos que muestran que es posible sobornar, por ejemplo, para conseguir una licencia ambiental o para blindar con impunidad a los violentos. Por ello, los extractivismos cuando se exacerban terminan erosionando la democracia y la salvaguarda de derechos. Para remontar esta situación es necesario re-democratizar al Estado, sin duda, y con ello recuperar la independencia e idoneidad del ámbito judicial, pero a la vez también a la sociedad, ya que desde ella debe partir esa exigencia.
¿Qué acciones se deberían asumir desde el Estado y la sociedad frente a la minería de oro?
E.G: En el caso del extractivismo del oro, que tiene particularidades por su impacto severo, por el riesgo en el uso de sustancias tóxicas como cianuro o mercurio, y por alimentar un mercado banal, la solución es clara: una moratoria de la minería de oro. Esto es lo que queda en claro de la experiencia comparada y es lo que debe discutirse en Bolivia, abandonar la explotación del oro. O sea, las transiciones post-extractivistas. Sin duda habrá muchas voces que rechazarán esto, pero entonces serán responsables de encasillar al país en el mismo sendero que Perú o Colombia, donde la minería ilegal avanza como una lepra, poco a poco, año a año. Corroe al sistema político, genera destrucción ambiental, sostiene redes de tráficos de niñas y adolescentes, usa bandas criminales, y así sucesivamente, mientras que del otro lado, el Estado debe gastar enormes recursos financieros y humanos en policías o militares que hasta ahora no han logrado detener ese avance.
Entonces, nos quedamos con los impactos ambientales y sociales, mientras que a la vez se tienen que gastar mucho dinero en intentar unos controles, que finalmente no son posibles, porque es imposible poner un policía o un soldado en cada bucle de un río amazónico. Por ello, los recursos y la atención del Estado deben estar en abandonar ese tipo de extractivismo del oro, y usar esos recursos en generar opciones laborales, productivas y económicas para todas esas comunidades. La tarea más urgente está en recuperar la diversidad productiva y económica de base agropecuaria y forestal, y hay muchas opciones concretas para hacerlo.
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