LAFUENTE: «LA AJAM NUNCA HA OTORGADO UN DERECHO MINERO EN ÁREAS PROTEGIDAS»

Vía: Agencia de Noticias Ambientales (ANA)

La directora de la AJAM responsabilizó al Sernap de otorgar certificados de compatibilidad para actividad minera en AP

La Paz, 14 de febrero (ANA).- La directora ejecutiva de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Brenda Lafuente aseguró que esta entidad nunca ha otorgado un derecho minero en áreas protegidas. Sin embargo, se ha denunciado la explotación aurífera ilegal al interior del Parque Nacional y Área de Manejo Integrado (ANMI-Madidi).

“Debo reiterar que la AJAM nunca ha otorgado un derecho para que se realice actividad en el Madidi, los derechos que existen son derechos preconstituidos que son otorgados en el anterior régimen concesional, anterior a la normativa de la Ley 535, que son

anteriores al año 2014 y son reconocidos y garantizados por la Constitución Política del Estado”, dijo en conferencia de prensa.

Sin embargo dijo que eso no significa que se pueda realizar actividad minera irresponsable. “Como AJAM tenemos el deber y la obligación de velar porque no se vulnere ninguna norma ambiental y que fuera el caso no vamos a otorgar ese derecho correspondiente”, manifestó.

Explicó que toda otorgación en área protegida está supeditada a una emisión de un certificado de compatibilidad de uso el cual es otorgado por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), que es la institución que determina si es viable o no la actividad minera.

“Tenemos más de 97 rechazos, y otras solicitudes en trámites, y el hecho de que soliciten un derecho en un área protegida no significa que tengan el derecho, sino que está supeditado a la emisión del certificado de compatibilidad de usos”, sostuvo.

Sin embargo, la alianza Comunidad Ciudadana (CC) denunció el 8 de febrero, una inacción del Gobierno frente al avasallamiento en el Madidi, en el norte del departamento de La Paz, principalmente para la explotación ilegal de oro en esa área protegida.

La senadora Cecilia Requena (CC), junto a otros legisladores de su alianza, ofreció una conferencia de prensa en la que denunció que hay una inacción, con la consiguiente comisión del delito de incumplimiento de deberes, al permitir que se mantengan las operaciones ilegales de explotación minera en la zona.

Requena identificó como los responsables de esta inacción al director del parque Madidi, al director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), Teodoro Mamani, a la directora de la AJAM, Brenda Lafuente y al Ministerio de Minería.

En criterio de Lafuente, la oposición actúa de manera irresponsable porque “quiereenfrentamientos, violencia, muertes, y no podemos prestarnos a esas bajezas”.

La directora ejecutiva de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) responsabilizó el lunes, a la oposición de frustrar un operativo en el Madidi, con el propósito de verificar actividad ilegal minera. Negó además que esta entidad hubiese otorgado un solo permiso para la explotación aurífera en el área protegida.

“La denuncia fue presentada a principios de este año e inmediatamente iniciamos las acciones que ameritan por ley, hemos iniciado la inspección ocular (…). Sin embargo ha sido interrumpido todo el avance que hemos tenido gracias a las declaraciones públicas de la oposición”, señaló.

En conferencia de prensa Lafuente dijo que las declaraciones realizadas por personeros de la oposición pusieron en “sobre-aviso” a las personas que estaban cometiendo (explotación ilegal) quienes serían los presuntos autores.

“Esa información se iba a dilucidar en el operativo que ha sido entorpecido por las declaraciones irresponsables de la oposición que ha frenado nuestro trabajo coordinado con otras instituciones del Estado (…). Es atribución de la AJAM, los operativos no pueden ser programados de manera improvisada de un día a otro”, respondió ante la consulta de quiénes están detrás de las actividades mineras ilegales.

Desde el interior del Madidi, líderes indígenas han denunciado un sistemático avasallamiento en el área protegida con sectores afines al Gobiernos con el propósito de expandir la minería ilegal.